Agroecología, otra forma de producir nuestros alimentos

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En la actualidad es cada vez más notable el daño que produce el sistema de producción agroindustrial en nuestra salud y recursos naturales, esto ha llevado a varios de nosotros a pensar en acciones concretas en busca de un cambio significativo en nuestra forma de alimentarnos y de vivir. Ser conscientes de ello, hace que simplemente comencemos a mirar las etiquetas de nuestros alimentos, a realizar nuestra huerta, a cambiar nuestra alimentación o sumarnos a organizaciones que reflexionen y hagan visibles estas problemáticas en busca de “una vida mas saludable y conectada con la naturaleza”.
El Colectivo Tierra Viva Bolívar (CTVB) es un grupo de vecinos de la ciudad que, sensibilizados por esta situación, busca pulsar espacios y realizar acciones que inviten a concientizar a la comunidad. Así fue como el jueves 15 y viernes 16 de septiembre convocó a los vecinos de nuestra ciudad a participar de la Jornada “Agroecología y Soberanía Alimentaria”, en el CePLA. La reunión fue auspiciada por la dirección de Ambiente, Dirección de Producción y la Secretaría de Salud de la Municipalidad.
La jornada comenzó a las 19, con la exposición de la Dr. Giovana Bonisoli de la Universidad de Rosario, quien hizo referencia a las investigaciones que desde esa Casa de Estudios, se están realizando hace varios años, sobre el impacto del uso masivo de agroquímicos en la salud humana. La Doctora hizo mención a las enfermedades que son recurrentes y van en aumento, debido a la contaminación ambiental de las diversas sustancias químicas utilizadas por la producción agroindustrial y dio cuenta de la importancia que tiene para los trabajadores de la salud pública, hacer visibles estas problemáticas.
Seguido, la Lic. En Nutrición Miryam Gorban (UBA) habló sobre Soberanía Alimentaria. “Comer es un acto político” señaló, dando cuenta de la relevancia que tiene empezar a accionar “desde abajo”, es decir con los municipios, productores y vecinos estrategias de intervención en relación a esta temática. En este sentido, señaló que la Soberanía Alimentaria es pensar en el Derecho de los pueblos a definir y producir políticas públicas, estrategias sustentables, formas de comercialización y consumo distributivas en relación a la alimentación.
Por último, Eduardo Cerdá demostró su experiencia de trabajo de más de veinte años en el campo de la agroecología. El ingeniero sostuvo que “se puede producir en grandes extensiones sin utilizar agroquímicos” y dio cuenta de ello a través de la aplicación del enfoque en “La Aurora”, un establecimiento agrícola de 650 hectáreas ubicado en el partido de Benito Juárez. En la disertación expuso que la agroecología es un nuevo paradigma que propone producir de forma sustentable, cuidando los recursos naturales y la salud de la población. Estuvo acompañado por integrantes de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), que compartieron con el público sus experiencias de producción y acción en esta línea.
La Jornada continuó al otro día por la mañana con la visita a “la Primavera”, una Estancia de la localidad de Pirovano que comenzó recientemente a producir bajo la perspectiva agroecológica. Su dueño acompañó a los visitantes y junto al Ingeniero Cerdá compartieron sus vivencias.
La salida duró varias horas en las que el grupo recorrió varios lotes observando las condiciones del suelo, según las técnicas y cultivos utilizados. El propietario mencionó que “hace un año que se produce sin agroquímicos”. En cada parcela los presentes intercambiaron experiencias, dudas y expectativas en relación a esta forma de producción. El ingeniero señaló la importancia de observar en detalle, pensar y construir estrategias en conjunto con el productor que es el que más conoce su campo.

Pensar en el paradigma de la Agroecología, más allá de lo productivo
Para algunos hablar de Agroecología en producciones extensivas es una novedad. Desde la llamada Revolución Verde, el sistema de producción del campo está sobre-tecnificado (maquinaria, biotecnología, agrotóxicos, transgénicos, entre otros) y responde cada vez más a las lógicas del mercado global. En este sentido, para muchos resulta imposible pensar en prescindir de ese “paquete” para producir, pero las consecuencias negativas que este modelo agroindustrial está generando, llevaron a que algunos productores y profesionales del área empiecen a buscar alternativas. Es así como la Agroecología, que fue ignorada por mucho tiempo por las instituciones que gobiernan la producción agrícola, empezó a ser una opción.
Desde ese punto de vista se puede pensar que la Agroecología en función de ese modelo productivo se transforma en una disciplina científica, que busca a través de diversas técnicas, producir alimentos de una forma rentable, no convencional y sustentable.
Ahora bien, existen otros actores, como los movimientos sociales que plantean que la Agroecología es más que una forma de producir, es un paradigma, una forma de vida. De este lado, las agrupaciones de pequeños productores de todo Latinoamerica proponen que sean los pueblos quienes controlen sus recursos: semillas, biodiversidad, agua, saberes, cultura, territorio, entre otros; esta perspectiva aboga por la justicia distributiva y el replanteamiento total del sistema alimentario, poniendo en valor los saberes y las economías locales.
Como se puede ver los distintos actores, desde sus lógicas están en tensión, pero buscan hacer visible esta problemática y proponen acciones para revertir la situación. Estamos en un momento de crisis, en el cual no se pone en duda el riesgo que conlleva seguir produciendo alimentos a gran escala bajo el modelo agroindustrial convencional. El escenario es complejo y es importante identificar que la Agroecología comienza a hacerse visible en este contexto, para ponernos en estado de alerta y ayudarnos a pensar en una transición.

Fuente: 02314.com.ar

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Los delitos ambientales podrán ser juzgados como crímenes contra la humanidad

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La Corte Penal Internacional perseguirá el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos por parte de empresas y gobiernos que afecta a miles de personas.
Los gobiernos o individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos naturales podrán ser, a partir de ahora, perseguidos y juzgados por la legislación internacional.
La Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal internacional permanente encargado de juzgar casos de crímenes de agresión, de guerra, de lesa humanidad y genocidio, ha incluido estos nuevos criterios entre los delitos de su competencia, en un documento que se hizo público la semana pasada y que ha sido aplaudido por las organizaciones de derechos humanos.
“El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia, o el daño social, económico o medioambiental causado a las comunidades afectadas. En este contexto, la Oficina prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras”, señala la Corte Penal Internacional.
Aunque la iniciativa no supone una extensión formal de la jurisdicción de la Corte, sí amplía los ya de por sí estrechos márgenes en los que actúa este tribunal, abriendo la puerta a que los delitos contra la naturaleza, que tienen consecuencias directas sobre comunidades enteras, puedan ser considerados también como crímenes contra la humanidad.
Hasta ahora la CPI, con sede en La Haya y que se fundó en 2002 tras los genocidios de Yugoslavia y Ruanda, se había centrado en crímenes muy concretos que han tenido lugar en épocas de guerra. Pero la repercusión cada vez mayor que están teniendo para miles de personas los delitos contra el medio ambiente en entornos de paz ha hecho que la Corte incluya ahora estos nuevos criterios.
Según la organización Global Witness, que ha realizado varias investigaciones sobre estos casos en los últimos años, en 2015 fueron asesinadas de media tres personas cada semana por intentar defender su tierra del robo y las industrias extractivas, en una cifra récord. La mayoría murieron por conflictos derivados de la minería, seguidos de la agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala. Y en un 90% de los casos, los asesinatos jamás se resuelven.
Para hacerse una idea de las dimensiones que está adquiriendo el problema, al menos 38,9 millones de hectáreas han sido arrendadas a empresas o están en proceso de negociación desde el año 2000, según Land Matrix Project, una organización que recopila, compara y analiza los datos disponibles sobre la compra y venta de tierras.
“Expulsar a las comunidades de sus tierras y destrozar el medio ambiente se ha convertido en una forma aceptada de hacer negocios en muchos países pobres, pero ricos en recursos. La decisión de la CPI muestra que la impunidad está llegando a su fin. Los directivos de las empresas y los políticos cómplices del empoderamiento violento de la tierra, arrasando bosques tropicales o envenenado los recursos de agua, pronto podrían verse sometidos a juicio en La Haya junto a criminales de guerra y dictadores”, señala Gillian Caldwell, director ejecutivo de Global Witness, que denuncia que hasta ahora la Corte no estaba investigando las “atrocidades masivas cometidas en nombre del desarrollo”.
No obstante, la Corte Penal Internacional sólo puede juzgar a personas físicas. Pese a los muchos casos, actualmente no existen instancias jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los casos de violaciones de derechos humanos o al medio ambiente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en 2014, a propuesta de Ecuador y Sudáfrica, una resolución para crear un instrumento jurídicamente vinculante que regule la actividad de las empresas transnacionales, pero las trabas por parte de los países inversores lo han impedido.
Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad, señala que “el hecho de que la Corte Penal Internacional sentencie sobre estos delitos ayudará a reforzar la necesidad de contar con una normativa internacional que sea vinculante, dado que existirá ya una entidad internacional en la que poder denunciar”.
La ONG ha denunciado, entre otros, un proyecto hidroeléctrico sobre el río indígena Cahabón, en Guatemala, por parte de la empresa ACS, presidida por Florentino Pérez.

Fuente: Público (España)

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Piden que se respeten los fondos de la Ley de Bosques en el Presupuesto Nacional 2017

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Mientras se define el Presupuesto Nacional 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) piden al jefe de gabinete, Marcos Peña, así como a senadores y diputados que se incluyan la totalidad de los fondos estipulados por ley para la protección de los bosques nativos. Desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, cada año la Argentina destina un promedio de $5 por hectárea para la protección y el uso sustentable de este ecosistema.
De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a 7 millones de pesos. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley.
Por la falta de financiamiento, en la Argentina los bosques nativos están en proceso de degradación por deforestación: desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa). Cabe resaltar además que nuestro país está noveno entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y registra una pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa.
La falta de presupuesto impide en gran medida la creación de inventarios forestales y relevamientos de biodiversidad a lo largo del país; el desarrollo de planes para mantener y aumentar el estado de conservación y la capacidad productiva de productos forestales madereros y no madereros; o que se cuente con guardaparques y autoridades de aplicación fortalecidas con recursos económicos para la planificación, monitoreo y evaluación de áreas protegidas públicas y privadas.
“El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21) y asumiendo la conservación de los bosques nativos como una política de estado que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras” enfatizan desde FARN y Vida Silvestre.

¿Por qué son importantes los bosques?
Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Al mismo tiempo, funcionan como reservorio de dióxido de carbono (uno de los principales gases que causan el efecto invernadero), al punto tal que, cerca de un 20% de las emisiones globales de estos gases, provienen de la deforestación y la degradación de este ecosistema. Según cálculos de la ex Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático que el país presentó ante Naciones Unidas en 2015, los bosques nativos que quedan en la Argentina resguardan 9.300 millones de toneladas de CO2, es decir que pueden compensar las emisiones de los autos, camiones, aviones, usinas, industrias, ganado y cultivos argentinos en 18 años.

Fuente: FARN
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Cómo fue el plan de Barrick Gold para ocultar la contaminación por el derrame de cianuro en San Juan

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Hubo un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias, muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se cumple un año del mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina, que en rigor de verdad comenzó en la noche del 12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día siguiente, cuando se filtró el dato, porque los empleados del yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que vivían río abajo, que no tomen agua, porque se había derramado la solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar la roca del metal.
Primero lo negó. Durante días rechazó las acusaciones, pese a que ya había notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de socio en esta trama. Luego dijo que fueron 15 mil litros de agua cianurada, más tarde 224 mil y finalmente 1 millón, aunque la cifra real es mucho (¡mucho!) mayor. Barrick Gold hizo todo lo posible para que la verdad no salga a la luz. Y lo consiguió. Hoy ni siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se derramó al río Potrerillos, aunque en la Justicia la minera canadiense fue más sincera que en público y reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento.
El último 6 de abril, Barrick Gold pidió perdón “por el incidente” en un comunicado con olor a propaganda. Pero no aclaró sobre qué tenía que disculparse, si por ocultar, por mentir o por manipular los análisis de agua. Fue un arrepentimiento a medias, que se anticipó a algo que dos fuentes consultadas por Infobae coinciden que ya estaba pautado de antemano: esa misma semana, el gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Sin embargo, fue un vuelto: sobra una semana de explotación de Veladero para juntar esa suma. “Perdón más multa” fue la fórmula marketinera con la que se intentó poner fin a las acusaciones. Y el tema casi que se esfumó de los medios sanjuaninos.
Mientras tanto, el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que analice el agua en los alrededores de Veladero con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se las presentó como dos instituciones sólidas e independientes, pese a que en el sector ambientalista tienen pésima fama.

Algunas aclaraciones:
– La UNOPS participó de la creación del Código Internacional para el Manejo del Cianuro que regía en Veladero, pero los que intervinieron en esas discusiones aseguran que no objetó a la industria minera, que terminó imponiendo su voluntad.
– El gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio por 2.147.346 dólares para que el organismo fiscalice la actividad minera, por lo que no sólo tenían una relación previa y comercial con el Ejecutivo, sino que iban a analizar un accidente en un yacimiento que debían controlar.
– La UNOPS contrató al laboratorio ALS CORPLAB, que trabajó para Barrick Gold en Veladero y que tenía empleados en común.
Pero lo más grave es lo que vino después y que terminó de embarrar hasta el cogote el prestigio de las Naciones Unidas. Por un lado, como explicó a Infobae el prestigioso hidrogeólogo estadounidense Robert Morán, se midieron “concentraciones promedio” de los metales pesados, que es una clásica estrategia para ocultar impactos ambientales.
Por otra parte, la UNOPS se prestó para un verdadero “show” que montó el gobierno de San Juan al brindar los resultados de sus mediciones. Primero, porque minaron la zona de policías, como parte de la estrategia de presentar a los vecinos de Jáchal como “ecoterroristas”, pese a que la violencia no ha sido parte de sus métodos. Y segundo, porque en lugar de reconocer que hubo contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron, hicieron hincapié en que “no afectó a las poblaciones cercanas”, algo que aún así está discutido por los resultados de otras mediciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que detectaron la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías.
Hay otras dos observaciones de Moran, que logró subir a Veladero como perito independiente, que son fundamentales a la hora de entender lo que ocurrió en Veladero. La primera es que nunca se va a saber el verdadero impacto ambiental por la responsabilidad compartida de Barrick Gold y el Gobierno de San Juan. ¿Por qué? Porque los estudios de línea de base que realizó la minera y aprobó el Ejecutivo, que son lo que permitiría comparar la calidad del agua antes y después de la instalación de la mina, “están mal hechos”, en palabras del experto.
Infobae pidió esas mediciones a Barrick Gold, pero desde la minera le mandaron un link con miles y miles de páginas y estudios para buscarlos allí.
La otra observación de Robert Moran tiene que ver con la sustancia derramada y sus consecuencias. “El problema no es el cianuro, sino los metales pesados, que son mucho más peligrosos”, sentenció en una entrevista con este medio.
A través del laboratorio privado SGS, Barrick Gold venía midiendo sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de los alrededores de Veladero. Sin embargo, luego del derrame de cianuro, dejaron de hacerlo, tal como confirmó Infobae, que tuvo acceso a esas mediciones. ¿El motivo? Posiblemente, porque el cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold -que literalmente “lavó” el río-, mientras que otros elementos no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales abandonaron la empresa.
Infobae conversó con dos arrepentidos que vivieron todo este proceso desde adentro y que pidieron reservar su identidad por temor a las represalias. “Vivimos con miedo. Acá molieron a palos a una mujer y la dejaron inconsciente en el medio de la calle y con el cráneo roto por denunciar que la membrana que separa la solución cianurada del suelo está rota”, se excusó uno de ellos. “Hay algunos ex empleados de Barrick Gold que hicieron denuncias y la pasaron muy mal”, completó.
“Se ocultó todo, el daño, los derrames que hubo después y los valores altísimos de cianuro que hubo incluso este año, además de las grandes concentraciones de mercurio”, resumió una de las fuentes consultadas.
Una aclaración de rigor: en SGS no saben dónde se toman las muestras. A lo sumo pueden constatar que son agua de río. La toma corresponde a Barrick Gold, que las envía en una heladera sellada con una hoja que incluye la cadena de custodia. “Eso puede estar manipulado”, sentenció una de las fuentes. “Sabemos que en septiembre hubo un derrame, pero si hubo otros, no lo vamos a saber a ciencia cierta, porque pueden tomar las muestras donde quieren y nadie los va a controlar”, abundó.
Lo que sí se sabe, como reveló Infobae en su momento, es que hubo tres derrames anteriores que no se hicieron públicos. Esa investigación fue noticia en los principales diarios del mundo.
“Acá todo está manipulado. Barrick Gold contrataba distintos paquetes de SGS sobre lo que había que medir en cada muestra. Entonces, por ejemplo, se medían los metales pesados en las aguas cloacales, pero no en el río. O se medía la presencia de escherichia coli, pero sólo en el agua de los bidones que le dan a sus empelados”, comentó uno de los arrepentidos.
La presencia de escherichia coli en los ríos es uno de los temas de los que casi no se habló post-derrame y quedó en la nada, por la presión que se ejerció desde el gobierno provincial. El primer estudio realizado por la UNCuyo detectó esa bacteria en el agua. Pero según reveló El País Diario, el secretario de Gobierno de la localidad de Jáchal, Cristian Romero, lo presentó en la Justicia sin las hojas relativas a los análisis bacteriológicos, que confirmaron algo negado rotundamente por Barrick Gold: que al menos una parte de la orina y la materia de sus empleados terminaba en el río.
Ese estudio de la UNCuyo, como todos los que vinieron después y como los de la Universidad Nacional de San Juan, detectaron altas concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la furia del entonces gobernador José Luis Gioja, que repartió insultos a los ambientalistas y a los medios que publicaron la información. También llamó personalmente al rector Daniel Ricardo Pizzi, a quien amenazó con arruinarle la vida. E intentó asustarlo a través de una carta documento.
Pese a los análisis de las universidades, Barrick Gold siguió haciendo lo suyo a través de SGS. “Lo que más nos llamó la atención es que los valores de cianuro siguieron altos, como si un hilo de agua con cianuro estuviera cayendo constantemente durante un mes. Recién ahí creemos que se terminó de solucionar el problema”, advirtió una fuente que participó de esos estudios. Y reveló: “También estamos seguros que hubo otros derrames, porque pasaba el tiempo y los valores seguían siendo altos, no tanto como el 13 y 14 de septiembre, cuando el agua empezó a bajar de la montaña, pero sí por encima de lo normal”.
Según coincidieron las fuentes, luego del derrame se modificaron los acuerdos de confidencialidad entre Barrick Gold y SGS, ampliando las restricciones, y se multiplicaron las muestras que habitualmente eran 240 al mes y pasaron a ser más de 1.200.
A su vez, una de las fuentes puso en duda la historia oficial, que reza que el derrame se produjo por una válvula congelada. “Es mentira, están hechas de un metal que no se puede congelar. Lo que pasó es que había una compuerta que estaba rota, que ellos sabían que estaba así, pero que ese día no la controlaron”, indicó.
En la causa consta que la compuerta efectivamente estaba abierta, pero nunca quedó claro por qué. Y la famosa válvula que supuestamente se congeló nunca se peritó, un dato más que sugestivo. No obstante, varias fuentes consultadas están de acuerdo con que el problema fue que Veladero se estaba sobreexplotando. Y de hecho, cuando la Justicia suspendió la actividad en la mina por casi dos semanas, alegó, justamente, que la cota del sistema de lixiviación, es decir, el nivel de la pileta en la que se separan los metales de la roca, estaba en rojo desde hacía varias semanas.

¿Cuánto se derramó?
Además del silencio, las presiones, amenazas y manipulaciones de los análisis, hubo una estrategia clara para achicar el volumen derramado. Infobae fue el primer medio en notar que Barrick Gold había adulterado el cálculo, ya que el comunicado en el que informó que eran 224 mil litros aclaraba que a esa cifra se llegaba calculando el líquido que se fugó desde que se identificó el derrame hasta que se solucionó. Es decir, no utilizaba como parámetro el momento en que se empezó a filtrar. Pero si se tomaba en cuenta el último control que había habido en la zona, podía ser hasta nueve veces mayor.
En efecto, así fue. Seis días más tarde, Barrick Gold reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos. Y aún así se quedó corta. Luego, por un error de un medio local aliado que intentó refutar la información brindada por Infobae, salió a la luz que el volumen en realidad era de 5 millones de litros, y que un poco más de un millón fueron los que habían llegado al curso de agua.
No obstante, todavía había más. Eso no era todo. La cifra era mayor, como se comprobó cuando unos meses más tarde se filtró el borrador de un informe encargado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, que durante varios meses fue ocultado, hasta que sus empleados los entregaron a la prensa. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, no le quedó otra que presentarlo en la Justicia, pero lo hizo sin sus conclusiones más contundentes. Lo modificó para beneficiar a Barrick Gold.
Ese reporte tiene varias “bombas”. Entre ellas, da cuenta de la táctica a la que apeló la minera para manosear el cálculo y achicar el volumen derramado. En concreto, Barrick Gold realizó una “corrección a la lectura de un aforador”, que es el instrumento con el que se mide la cantidad de agua que circula por un río. El aforador que está cerca de la desembocadura del río Potrerillos en el río Las Taguas marcó, a la 21 horas del 12 de septiembre -cuando el derrame ya había comenzado-, que la profundidad del río era de 49,7 centímetros, pero la empresa sacó sus conclusiones en base a una profundidad de 9,7 centímetros. En otras palabras, disminuyó un quinto de su volumen y, según el borrador en cuestión, dio lugar a “un error significativo”.
A su vez, el informe también advirtió que sin ningún tipo de argumento Barrick Gold calculó que en la quebrada del río Potrerillos habrían quedado 93 mil litros de la solución, aunque ese número es meramente estimativo y -nuevamente- podría ser mucho mayor. Y sin justificación, la minera informó oficialmente que donde se detectaron 550 mg/l de cianuro en realidad había 55 mg/l.
Hubo un último personaje clave en este entramado de engaños: el juez federal Pablo Oritja, un vecino de Jáchal que por lo bajo había prometido que iba a ser justo, pero que hizo un fallo a la medida de Barrick Gold. La causa estaba dividida entre el fuero federal en la Ciudad de Buenos Aires y San Juan, pero el magistrado determinó que el derrame sólo había afectado a la provincia -pese a que la cuenca termina en el océano-, lo que derivó en que el expediente se quedara en un territorio cuyo Poder Judicial es decididamente permeable a los intereses mineros. Y ayudó a crear esa imagen de “vecinos-ambientalistas-terroristas” al pedir custodia policial, pese a que nunca lo agredieron.
En suma, nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder. ¿Dónde están los sedimentos contaminados que Barrick Gold dijo que removió? ¿Por qué estaba abierta la compuerta? ¿Algún empleado se vio afectado por el contacto de la solución con el río? La incertidumbre tiene una sola explicación: las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el poder de las autoridades es insignificante. Lo que ocurre allí, queda allí. Como en Las Vegas. Por eso, los vecinos de la zona continúan pidiendo explicaciones, pero les siguen retaceando los análisis que mes a mes realiza el municipio de Jáchal y que vuelven a confirmar, una y otra vez, que el agua en Mogna y Tamberías está contaminada. También propusieron hacer una consulta popular, pero ni el macrismo ni el Frente para la Victoria los apoyaron. El motivo es obvio. A la hora de hablar de megaminería, los políticos suelen estar del mismo lado: cerca del oro.

Fuente: InfoBae
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Dos corporaciones extranjeras, en juicio por una mina en San Juan

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La causa judicial involucra denuncias por supuesta usurpación y contaminación por la construcción de un desecho de escombros junto al proyecto minero Pachón
La Argentina es escenario de un conflicto que protagonizan dos gigantes de la industria minera internacional. Se trata por un lado del grupo Luksic, propiedad de una de las familias más ricas de Chile dedicada a las explotaciones mineras, los ferrocarriles y las bebidas (entre otras, son dueños de la cervecera CCU). Del otro lado, se encuentra el grupo suizo Glencore, uno de los mayores en negocios mineros, de energía y agricultura en todo el mundo.
El problema comenzó hace casi 10 años. El grupo Luksic, a través de la firma Antofagasta, opera desde 1999 la mina Los Pelambres en Chile, pegada a la frontera argentina a la altura de la provincia de San Juan.
Según consta en la denuncia, a partir de 2007 Los Pelambres construyó una escombrera de alrededor de 60 hectáreas traspasando la frontera, en suelo sanjuanino, sin permisos.
Las tierras que ocuparon pertenecen al proyecto Pachón, de Glencore, en San Juan. La firma suiza asegura que no solo no autorizó esa construcción (tampoco la provincia) sino que además allí se depositan rocas con potencialidad de daño ambiental y se afectaron lagunas y cauces de agua. En 2014, ante la continuidad de funcionamiento de la escombrera, Pachón inició la demanda para que se retire, se haga una rehabilitación ambiental de la zona y se paguen daños y perjuicios. En el sector se estima que solo el retiro de la escombrera demandaría unos u$s 200 millones.
Ahora, el Juzgado Federal Número 2 de San Juan resolvió citar a declaración indagatoria al actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery. Deberán presentarse a fines de octubre. Los delitos por los que están imputados son contaminación (art. 55 de la ley 24.015), usurpación de propiedad privada (art. 181, incisos 1 y 2 del Código Penal Argentino), y usurpación de aguas (art. 182, incisos 1, 2 y 3 del Código Penal Argentino).
La escombrera ya contiene aproximadamente 50 millones de toneladas de material y unos 500 neumáticos usados. Y según analizan en Glencore todavía es difícil de saber cuáles son los daños ambientales ya ocasionados, además de las consecuencias que tendrá en el proyecto Pachón, que todavía no tiene fecha de comienzo.
El tema está siendo tratado también a nivel provincial y entre la Argentina y Chile. La administración sanjuanina firmó un acuerdo con Minera Los Pelambres para avanzar en una solución, pero desde Glencore pretenden su nulidad ya que consideran que no hay precisiones para los trabajos que deben realizarse. Esta semana se habilitó un paso fronterizo para que se retiren los neumáticos y se aisle la escombrera, pero no tiene fechas ni se resuelve la quita de la escombrera en suelo argentino. Por las consecuencias ambientales que puedan ocasionarse, numerosas ONGs expusieron su preocupación. Hay además un pedido de la cancillería argentina con el objetivo de devolver la situación al estado anterior a la construcción de la escombrera, que todavía no avanza.
El conflicto se da en un momento en donde las mineras están afectadas por los bajos niveles de precios de los commodities a nivel internacional.

Fuente: El Cronista

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Clausura por contaminación en una de las mayores fábricas de agrotóxicos de Argentina

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La planta de San Nicolás de la multinacional Atanor –segunda productora de glifosato en el país– fue clausurada en uno de sus sectores por orden judicial, al comprobarse que arroja químicos contaminantes al río Paraná. La medida llega tras siete años de reclamos judiciales de vecinos y trabajadores afectados. Denuncian no menos de 200 casos de enfermedades y muertes en el Barrio Química (6 manzanas). El caso más reciente: una niña de 6 años víctima de leucemia. La clausura es por una de las causas contra Atanor, acusada de contaminación del aire y el suelo, además de una denuncia por corrupción por las habilitaciones que le fueron otorgadas.
“Cuando hay una población con índices tan elevados de enfermedad y muerte en proximidades de una empresa que manipula elementos químicos de manera tan desaprensiva como lo hace Atanor, es presumible que allí esté la causa de las enfermedades que denunciamos” dice a lavaca el abogado Fabián Maggi, a partir de la noticia que se desencadenó en estos días: el juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, ordenó la clausura preventiva de una de las plantas de agrotóxicos de la multinacional Atanor ubicada en San Nicolás, tras probar que la empresa arroja químicos al arroyo Jaguarón, que desemboca a su vez en el río Paraná.

¿Qué dispuso el juez?
– Ordenó la clausura provisoria de la planta de sintesis de Atrazina de la empresa Atanor.
– Prohibió el ingreso a la planta de camiones que arriben desde otros establecimientos de Atanor, que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en San Nicolás.
– Dispuso que Prefectura y Gendarmeria comprueben el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina.
– Dictaminó que la policía departamental diariamente corrobore que se cumple con la clausura.
– Informó que Atanor deberá solicitar autorización para cualquier vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, informando al juez los productos que traslada.

El juez que no avisó
El jueves pasado Atanor fue allanada por la Gendarmería, y el propio juez Puente corroboró en el lugar las denuncias presentadas por FOMEA (Foro del Medio Ambiente), OPTAR (dedicada a brindar trabajo a jóvenes discapacitados) y Protección Ambiental del río Paraná, representadas, junto a un grupo de 10 vecinos, por el abogado Maggi.
Puente actuó sin previo aviso para corroborar lo que realmente estaba sucediendo. Dos días después envió a la Prefectura a confirmar que Atanor cumplía la clausura: la empresa había ignorado una medida cautelar anterior que también le ordenaba detener la contaminación. Había apelado hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que este año confirmó la clausura que acaba de concretarse.
La planta de síntesis de Atrazina es la que elabora uno de los herbicidas de Atanor que suele combinarse con otro de sus productos: el glifosato.
“Pero además hemos podido confirmar con pericias judiciales algo que venían denunciando los trabajadores desde hace años” explica Maggi: “Han enterrado en el predio tambores de trifluralina, y no se trata de un accidente sino de una actitud dolosa, premeditada”. La trifluralina es otro herbicida sospechado de cancerígeno, según explica el ingeniero químico Martín Solé que actúa como perito de parte en el caso: “Y además está el tema de la liberación a la atmósfera de gases contaminantes que no tienen ningún tratamiento y para los cuales la empresa tampoco tiene los permisos correspondientes”.
Maggi: “El problema es que estas empresas pretenden ahorrar, maximizar ganancias, y surge la contaminación. Atanor es un caso clarísimo. En lugar de mandar a tratar los residuos peligrosos los entierran, los mandan al aire, o los arrojan al río”.
Hay un total de siete causas judiciales, penales y administrativas por otorgamiento de habilitaciones que no correspondían. Teoría del abogado: “Siempre que hay contaminación, detrás no hay solamente un empresario contaminador sino un funcionario corrupto. Atanor no tiene permisos de descarga de efluentes gaseosos al aire, ni líquidos al río. Sin embargo la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) que es la autoridad de aplicación, le dio el certificado de aptitud ambiental. Otra situación es la que se plantea con la Autoridad del Agua (ADA) y sus convenios con Atanor. Consideramos que es una franca muestra de corrupción de funcionarios y todo está denunciado”.
¿Hay diferencia entre la etapa política anterior y la actual? “Los gobiernos que hemos tenido y tenemos tienen todos la misma política ambiental. Justifican el extractivismo y para hacerlo no tienen otro camino que pasar por la corrupción. Si sólo respetaran la Ley General de Ambiente o los convenios internacionales firmados por el país, la actitud debería ser completamente diferente”.

Barrio Química
“Una de las claves de Atanor SCA es su visión para lograr un desarrollo sustentable, en equilibrio permanente con el medio ambiente” es una de las curiosidades que figuran en la página web de la multinacional. Luego hablan de sustentabilidad, lo cual indica que tal vez las palabras estén a punto de no significar nada.
Abigail, o Lina, tenía 6 años. Murió hace un mes. Dio cuenta de ello una de las enfermeras que atiende los casos terminales en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Mercedes Méndez, Mechi. Explica el abogado Maggi: “Los papás de la chiquita son bolivianos, y viven a unos 50 metros de los piletones en los que arrojan los químicos sin ningún cuidado ni tratamiento. Los padres no quisieron hablar mucho. La duda es si fue cáncer de pulmón, o leucemia” explicó el abogado Maggi. A través de las redes sociales, apenas esta nota fue pubicada, los familiares de Abigail se conectaron con lavaca para hacer la precisión:”Nuestra pequeñita falleció de cáncer, no de leucemia”.
El caso es el más reciente, pero los vecinos desde 2009 hicieron su propio relevamiento de casos, tal como ocurrió en Ituzaingó Anexo (Córdoba), San Salvador (Entre Ríos) y Puerto General San Martín (Santa Fe) entre tantos. Los vecinos hacen lo que no hace en esos casos la salud pública: investigar qué pasa.
Barrio Química tiene 3 cuadras de largo por dos de ancho. Los vecinos, a mano fueron censando las muertes sobre un mapa hecho a mano. Se pueden contar allí 131 cruces, hasta 2010, aunque hoy calculan que los fallecimientos llegan a 200. Maggi: “Entre los obreros e incluso personal jerárquico de Atanor hubo varios casos de necrosis, colapsa el riñón y la persona muere. Y en el barrio prácticamente todos tienen problemas respiratorios, asma, bronquitis, enfermedades de piel. La alarma surgió cuando comenzó a verse un número desproporcionado de casos de cáncer, entre otras enfermedades que prácticamente nunca habían padecido allí”.

Datos
Atanor se presenta como “el único productor integrado en las Américas de los tres herbicidas de mayor uso a nivel mundial: Glifosato, Atrazina y 2,4D”. Es el segundo productor de glifosato en el país. Pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC que ya tiene un 20% de su paquete accionario en manos de la agroquímica china Huapont Nutrichem Co. La compañía en la Argentina emitió el siguiente comunicado: “De esta manera, la transacción impactará positivamente en Atanor, permitiendo continuar con sus mejoras y aumentar las inversiones en su complejo industrial de la República Argentina, que cuenta con siete plantas productivas donde se elaboran productos para la protección de cultivos, químicos, petroquímicos, alcohol y azúcar”,
Si hubo tales aumentos de inversiones es imposible saber a qué se destinaron, mientras continuaron arrojando desechos al agua, aire y tierra, lo cual no deja de ser un modo de maximizar la rentabilidad.
Con respecto al azúcar, Atanor es el principal grupo dedicado a la producción azucarera del país, por encima de Ingenio Ledesma. Entró al negocio porque el azúcar se utiliza también para la elaboración de glifosato.
¿Cómo puede continuar el caso? Dice el abogado Maggi: “Hay que seguir abriendo investigaciones que muestren e impidan lo que está pasando”.
La decisión de Facundo Puente, un nuevo juez en este caso, abre ahora la posibilidad de aplicar justicia sobre lo que ocurre en San Nicolás, aunque Maggi agrega: “Toda la zona desde San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, hasta Rosario, San Lorenzo y Puerto Ganeral San Martín, tiene no menos de 30 conflictos ambientales graves. Es una agresión permanente. Lo bueno es que hay una enorme resistencia de la gente”.

Fuente: La Vaca

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Lanzan el libro “Energía nuclear: una historia de engaños, ocultamiento y abandono”

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Este libro busca relatar brevemente la historia de este tipo de energía, Exponer cuál es el verdadero costo del Kw.hora de origen nuclear, desnudar algunos de los pasivos ambientales nucleares en la Argentina y reflexionar desde la ética generacional.
La energía nuclear nace en el desarrollo mismo de las armas nucleares. A lo largo de los años se ha constituido en la forma de generar energía más costosa, más insegura, y nada renovable. Sólo es posible avanzar en ella con ocultamiento y engaños.
Este libro evidencia que no se trata de hacer buena gestión de la tecnología nuclear para la obtención de energía eléctrica. No hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados posibles, garantizar la prevención de los accidentes como los ya ocurridos, ni gestionar con seguridad las plantas y los residuos radiactivos al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y en las que se proponen construir.
El ecologismo pugna por instalar un discurso crítico que interpele el crecimiento capitalista y sus procesos insustentables que han llevado a la civilización a la crisis, y que a la vez, pueda dar cuenta desde la ética, de las prácticas de desarrollo que aseguren la permanencia de la especie en el planeta, y de todas las demás especies, pues la pérdida de una sola de ellas, nos empobrece como humanidad.

 
Investigación y redacción: Lic. Silvana Buján
Corrección: Bca. Rocío Damiano.
Revisión final: Arq. Guillermo Bengoa, Ing. Claudio Lowy, Ing. Edgardo Musumeci.
PRODUCCION INTEGRAL: BIOS Argentina

 
Fuente: Telam

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Un Chernobyl acá a la vuelta

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Seis provincias de la Argentina son depósito de más de 6 millones de toneladas de residuos radiactivos. Los desechos se apilan al aire libre y contaminan aguas y tierras. Córdoba capital alberga tambores con restos de uranio. En Malargüe, la basura atómica se acumula a 10 cuadras del centro de la ciudad.
Tres centrales construidas -dos en funcionamiento pleno- y siete yacimientos de uranio formalmente abiertos aunque sin actividad extractiva. Planes para la construcción de al menos una central más, además de proyectos para la instalación de reactores de baja potencia con vistas a un eventual aporte al tendido eléctrico nacional.
De esa forma puede sintetizarse la realidad de una Argentina nuclear que a lo largo de distintos gobiernos no ha hecho más que vanagloriarse de una capacidad que, a los ojos de los defensores de la generación atómica, la coloca en una posición de referencia en términos regionales.
Pero, como ocurre en el grueso de las historias construidas para solventar una grandeza siempre en entredicho, existe una historia no contada. Y que debe exponerse como el “lado B” de una apuesta tecnológica cuyo aporte real a la matriz energética a lo largo de décadas con total certeza merece tildarse de simbólica.
Sucede que, incluso operando a su mayor potencia, las centrales de Embalse -hoy en situación de parada técnica por mantenimiento y extensión de su vida útil- y Atucha I y II, representan apenas el 7% de toda la electricidad que se genera en el país. Lo no dicho es el peligro sanitario y ambiental generado por toda la estructura desarrollada durante décadas para abastecer la aventura atómica fronteras hacia adentro.
En ese sentido, un trabajo de la organización BIOS Argentina al que accedió Adelanto 24 expone que, producto de las explotaciones de uranio llevadas a cabo desde 1955 a la fecha, en territorio nacional se acumulan más de 6,3 millones toneladas de residuos radiactivos distribuidos entre las provincias de Salta, Chubut, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja.
A estos desechos, apilados a cielo abierto, hay que sumarle unos 153.000 metros cúbicos de residuos nucleares líquidos. Sin tratamiento alguno, puede ubicarse basura atómica -por poner un ejemplo concreto- a poco más de 10 cuadras de la iglesia principal de Malargüe, en la provincia de Mendoza.
La investigación de BIOS Argentina, titulada “Peligro, residuos nucleares: una historia de engaños, ocultamiento y abandono”, expone referencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las que el mismo organismo reconoce que los residuos sin tratar “constituyen fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, tanto para los trabajadores de la industria como para los individuos del público que resulten expuestos, si los mismos residuos se dispersan en el ambiente”.
Entre los sitios que irradian, BIOS Argentina menciona al yacimiento Los Gigantes, que operó entre 1982 y 1990 a sólo 33 kilómetros de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Sólo en ese área yacen en la actualidad más de 2,2 millones de toneladas de residuos de uranio y otras 1,6 millones de toneladas de estériles -rocas separadas durante la extracción, algunas de ellas radiactivas- “expuestos a las inclemencias del clima y afectando los afluentes del río San Antonio y el lago San Roque”.
“Estos cursos son fuente de agua potable para Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, Icho Cruz, tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo”, especifica la organización.
Un caso escalofriante es el de Dioxitek SA, compañía que a partir de 1982 comenzó a procesar dióxido de uranio en Rodríguez Peña al 3200, dentro del barrio Alta Córdoba de la ciudad homónima.
Durante décadas, esta instalación fue centro de acopio y manipulación de tambores de uranio provenientes del puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, previa importación. El traslado del material siempre tuvo lugar por rutas y a través de flotas de camiones.
Aunque fuera de operaciones, y mientras se continúa discutiendo el traslado de la operatoria de Dioxitek SA a la provincia de Formosa, lo concreto es que en pleno corazón de Córdoba hoy continúan enterradas unas 57.600 toneladas de residuos. “Se trata de residuos radiactivos de baja actividad, donde permanecen sin membrana ni sistema de contención, compuestos por uranio y otros materiales radiactivos derivados del uranio como radio 226, radón 222 y plomo 210”, puntualiza el trabajo.
Hay más: en el yacimiento Sierra Pintada, departamento mendocino de San Rafael, los desperdicios nucleares suman más de 1,7 millones de toneladas. El grueso de ellos se encuentra distribuido en alrededor de 5.340 tambores desvencijados y a la intemperie. La explotación, abandonada por la CNEA en 1997, mantiene en alerta a los habitantes de la zona hasta el día de hoy.
En esa dirección, BIOS Argentina resalta que “el estado de abandono en que ha quedado la explotación les preocupa a los habitantes por augurar un futuro siniestro para los cultivos y el turismo: el desagüe con residuos radiactivos y otros compuestos tóxicos, vertidos sobre napas y acuíferos del arroyo El Tigre, confluyen en la cuenca del río Diamante. Es el agua de la cual toman diariamente y con la que riegan sus fincas”.
“El Complejo Minero Fabril de San Rafael lleva acumuladas dos millones cuatrocientas mil toneladas de colas residuales, un millón de toneladas de material estéril, seis millones de toneladas de marginal, unos cinco mil tambores de residuos sólidos radiactivos provenientes del complejo fabril de Córdoba, Dioxitek, ciento cincuenta y tres mil metros cúbicos de residuos líquidos, resultado de la neutralización de los efluentes ácidos del proceso, distribuidos en diques de evaporación, en un estado de abandono preocupante”, detalla la investigación.
Desde el inicio de la extracción de uranio en 1974 hasta el presente, los residuos generados en Sierra Pintada permanecen a cielo abierto y sin tratamientos de remediación. Lo mismo ocurre con la actividad para Malargüe: en esa locación, la basura atómica completa las 700.000 toneladas.

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