No al glifosato

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El fiscal federal Fabián Canda solicitó el dictado de una medida cautelar para suspender el uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que conllevan semillas transgénicas y los formulados comerciales del agrotóxico glifosato.
El Fiscal Federal Fabián Canda pidió que se dicte una medida cautelar para que se prohíba el uso del Glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kilómetros para las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos, casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
Canda expresó que corresponde aplicar el principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación”.
En ese sentido, el Fiscal resaltó que “esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”  e ignorarlos “es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten”.
“El administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios”, ahondó el fiscal.
El pedido fue presentado el 1 de diciembre y deberá resolver la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires. Las novedades se conocerán durante el primer cuatrimestre de 2017.

Fuente: Diario Judicial

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Para prevenir contaminación alientan producir alimentos agroecológicos

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La provincia y el municipio hicieron la presentación de un plan que fomenta una horticultura libre de contaminantes
Con el objetivo de cuidar el medio ambiente y potenciar el desarrollo de producciones alternativas, el municipio de Firmat promoverá la práctica de agricultura ecológica en un sector periurbano en el marco de un programa de la provincia.
En términos de urbanismo los especialistas definen como periurbano a los espacios que se sitúan en los alrededores de una ciudad y que, aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco se usan para actividades rurales.
En el caso de Firmat, la ciudad creó su junta periurbana en 2014 con el fin de determinar límites del área periurbana, teniendo en cuenta el límite cero y el agronómico; concientizar y capacitar en cuanto a la correcta aplicación de fitosanitarios en cumplimiento de las normas vigentes; fomentar desde su seno modelos alternativos de producción y desarrollo tecnológico aplicables al área periurbana de la ciudad y reducir la utilización de fitosanitarios en la zona periurbana, protegiendo la salud de la población, el medio ambiente y propendiendo al desarrollo productivo sustentable.
“Desde la Secretaría de Producción del gobierno local venimos trabajamos intensamente en la promoción de producciones sustentables de alimentos en el periurbano de la ciudad”, destacó el intendente firmatense Leonel Maximino durante la presentación del plan cumplida en el hotel Posta de Juárez de esa ciudad y que encabezó junto al secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social del gobierno santafesino, Mauro Casella.
El mandatario especificó que el objetivo trazado es “fomentar y jerarquizar la horticultura libre de contaminantes”, para luego rescatar que con esta acción también se busca “mejorar la calidad de vida de los productores en el marco de una estrategia de fortalecimiento del sector”.
La provincia ya destinó al gobierno firmatense un aporte de 350 mil pesos para la puesta en marcha del programa y para la entrega de insumos a productores.
Asimismo, el mandatario local anunció en este contexto la instrumentación del proyecto denominado Día Verde, que tiene como finalidad la creación de un espacio para que pequeños productores y propietarios de huertas familiares comercialicen el excedente de su producción en los distintos barrios de la localidad, además de proveer a comercios gastronómicos locales.

Segunda de la provincia
“Firmat es la segunda ciudad de la provincia, luego de Rosario, en sumarse al programa”, precisó Casella, al tiempo que indicó que la meta fijada es “sumar 50 localidades que estén trabajando con mecanismos similares”.
“Queremos —aclaró el funcionario provincial— que esto sea una oportunidad de producir de un modo diferente”, apuntando a la promoción de políticas para la “producción sustentable de alimentos”.
A su turno, el diputado provincial y vecino de Firmat, el demoprogresista Gabriel Real, valoró y felicitó al municipio por ser “señero en este tipo de proyectos que seguramente, en unos años, será una política común en todas las ciudades a partir de una firme decisión del gobierno provincial”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Centro Económico local, Miguel Garrofé, manifestó su satisfacción por el hecho de que la institución haya suscripto con el municipio y la provincia un convenio de colaboración para formar parte de “este camino que comienza a trazarse dentro la amplia gama que implica la producción periurbana”, dijo.
De la ceremonia también participaron la secretaria de Producción, Silvina Arcangioli; funcionarios municipales, concejales y productores de la ciudad que se sumaron a la iniciativa además del encargado del Control de Aplicaciones de los Productos Fitosanitarios de la Municipalidad de Firmat, Joaquín Serrano, quien hizo referencia a las experiencias de producción de este tipo que ya se vienen desarrollando en la ciudad.
Para finalizar la actividad Maximino y Casella hicieron entrega de materiales para los productores del periurbano en transición a lo agroecológico.

Aportes económicos
Por otra parte, el gobierno provincial entregó aportes económicos para dos emprendimientos agroindustriales de Firmat en un acto realizado en la sede Rosario de la Gobernación. durante un acto que estuvo presidido por el ministro de la Producción, Luis Contigiani.
Los fondos, que fueron desembolsados después de las gestiones encaradas por el municipio casildense, contribuirán al agregado de valor y a la seguridad alimentaria en el marco del Programa de Agroindustria Familiar del gobierno de Santa Fe.

Fuente: Diario La Capital

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Por darle energía a Capital Federal se secaron los ríos de Neuquén

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“Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses” comenta uno de los legisladores neuquinos que propusieron la declaratoria de Emergencia Hídrica en la región. El caso desnuda una completa falta de estrategia energética nacional.
Para abastecer las estufas y los splits que calefaccionaron a los habitantes de Capital Fedetal y el Conurbano se tuvieron que exprimir los recursos hídricos de la provincia de Neuquén para generar energía, esto sumado al cambio climático dio como resultado que la provincia viva una de las peores sequías de su historia. El gobernador Omar Gutierrez declaró la emergencia hídrica, ambiental y agropecuaria en toda la provincia.
El Decreto 1689/16 que establece la emergencia expresa en unos de sus párrafos que la sequía “afecta no sólo a la población por la falta de agua para su consumo, sino también para el riego y el uso animal” El susecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho inentó justificar la situación culpando al clima “es una problemática que se viene dando hace años por cuestiones naturales y no por ausencia de obras”. La Emergencia será por un año y habilita a trabajar con la Nación y a pedir fondos y exenciones impositivas.
La bajante de los ríos Limay y Neuquén es muy preocupante, los legisladores Francisco Baggio y Fernando Schpoliansky fueron los impulsores de la declaratoria de Emergencia que confirmó la semana pasada el gobernador Gutierrez. Estos legisladores además quieren crear un comité para monitorear los cauces de los ríos para realizar exámenes bactereológicos, también buscan remediar el daño que se le ha hecho a estas corrientes de agua que hoy sufren las consecuencias de un desmanejo producto de la generación excesiva de energía en las represas hidroeléctricas.
En declaraciones al Diario Río Negro, Baggio explicó que “los vecinos de Neuquén vamos a tener una gran consecuencia negativa”. Durante la emergencia no se autorizará a construir nuevos edificios que constituyen nuevas bocas de suministro de agua que no se puede garantizar.
“Estamos en una situación alarmante. Las obras de drenaje deben realizarse con celeridad, hay que garantizarle a los vecinos el acceso a una fuente vital como el agua. De no hacerlo no sólo no habrá agua en los ríos para bañarse, no tendremos agua para riego y tampoco agua segura para tomar. No es fácil adivinar que en los barrios más alejados directamente no saldrá agua de las canillas”, dijo Baggio.
Los legisladores entienden que hay una culpable en esto: la empresa reguladora del mercado energético: Cammesa.
“El manejo discrecional de la cuenca que ha realizado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), privilegiando la generación de energía eléctrica por sobre el recurso neuquino del agua, provocó la sequía de los embalses y ahora no tenemos agua, Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses”.
Para estos legisladores, sino se toman medidas urgentes la situación será catastrófica para los vecinos de Neuquén. El caso desnuda una completa falta de planificación energética en un país en donde las prestadores están más enfocados en pedir aumento de tarifas que en desarrollar métodos sustentables para obtener energía.

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Fuente: Revista El Federal

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Restringen herbicida en el agua tras investigación de la UNVM

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Hasta el momento, no se conocía la existencia del contaminante sobre la cuenca del río Ctalamochita. La Secretaría de Recursos Hídricos citó al informe en la normativa que limita la presencia en el agua para consumo
Una investigación realizada por docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) terminó en un cambio de legislación provincial con respecto a la presencia de un herbicida utilizado en los cultivos de maíz en las aguas de la zona.
Si bien no hay estudios sobre los efectos en el ser humano, sí está comprobado que produce malformaciones y hasta puede llegar a ser cancerígeno en otros mamíferos. Además elimina bacterias que son importantes para mantener la calidad del agua.
Al momento, no existían normativas nacionales e internacionales, y a nivel provincial había un total desconocimiento sobre este compuesto.
Aún faltan datos sobre si hay rastros de este componente en el agua potable de Villa María.
“Hasta acá no había conocimiento de esto, ahora es un tema que no se tapa más. Cada vez hay más equipos de investigación que se dedican a estudiar estos impactos relacionados a la actividad agrícola”, afirmó la doctora en Ciencias Biológicas Carolina Morgante, quien dirigió la tesis doctoral de su ahora colega, la doctora Romina Bachetti, que inició en 2011.
Ambas son microbiólogas egresadas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y, a través de una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), trabajaron en los laboratorios de la UNVM a lo largo de cinco años para indagar sobre la existencia de un herbicida en distintas localidades que atraviesa la cuenca del Ctalamochita.
Se trata de la atrazina, el elemento químico más utilizado en nuestro país dentro de las triazinas, según establece la Resolución 174/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. Tiene la característica de persistir por tiempos prolongados en superficies como el agua y se traslada fácilmente hacia distintos afluentes.

El proceso del trabajo
Las profesionales, junto a un equipo de colaboradores, decidieron ahondar sobre la atrazina debido a la constancia con la que se la encontró a lo largo de cinco años, sobre todo entre septiembre y noviembre, cuando se realiza la siembra de maíz.
“Desde ahí empezamos a dirigir cada vez más la línea de investigación hacia ese herbicida cuando inicialmente empezamos monitoreando diferentes plaguicidas y agroquímicos, unos 20 en total”, comentó la doctora Morgante.

-¿En qué lugares se encontró el herbicida?
-Doctora Romina Bachetti (RB): Cuando empezamos desconocíamos totalmente cuál era el panorama de contaminación, no había datos en la provincia. Establecimos 10 sitios de monitoreos en la cuenca del río Tercero con algunos afluentes como arroyos, canales rurales y una laguna. Uno en Bell Ville, otro en Pampayasta, otro llegando a Carcarañá y el resto sobre la cuenca misma del río.
La presencia de la atrazina es muy baja, pero da una señal de que ya está contaminada el agua.
Lógicamente, los puntos más críticos fueron las concentraciones de agua de las zonas rurales, donde se aplica este herbicida.
-Doctora Carolina Morgante (CM): Una vez que se aplica no queda solamente en el suelo, sino que puede pasar a diferentes compartimientos del ambiente. Hay diversos factores que permiten esta movilidad: la lluvia, las características del suelo y el tipo de manejo que se hace del mismo en la región. Esto hace que cuando llueve el herbicida se solubilice en el agua y pueda llegar a los cursos de aguas superficiales y subterráneas.
La atrazina es un compuesto que en los primeros niveles de una cadena alimenticia hay menos cantidad, pero en los que se encuentran en los últimos, como los mamíferos, la concentración es más alta que en los primeros organismos.

-¿Cuáles son los efectos que produce?
-RB: Hay algunos estudios realizados sobre los efectos de la atrazina, no específicamente sobre el ser humano, pero sí en otros mamíferos. Causa malformaciones, es cancerígena y se puede transmitir por la leche materna.
CM: En el tambo, el agua no sólo es para consumo de los animales, sino también para la población rural que trabaja realizando esa actividad.
Otra de las cuestiones que estudiamos es el impacto que tiene el herbicida en organismos productores como las algas. Llegamos a la conclusión de que los efectos son más indirectos en organismos superiores y son bien directos, letales, en los más pequeños, como las algas u otras bacterias que juegan un rol importante en el mantenimiento de la calidad del agua.
Esto produce un desbalance en esas comunidades acuáticas y condiciona la calidad final del agua.

-¿Tiene que ver el uso que hace el productor?
-RB: Sí, en realidad, en la llegada del herbicida lo que influye mucho son las características del suelo. Si hay monocultivo o se aplica en grandes volúmenes, afecta bastante y en eso no existe una base de datos donde uno pueda saber cuál es el uso que se le está dando o adónde se aplica y en qué medida.
Pero en general son los factores climáticos y las características del suelo lo que más influye.

Algunos la prohíben
La atrazina está prohibida en sitios de la Unión Europea y se limita su uso sólo al sector rural en el caso de Estados Unidos.
En nuestro país, si bien había normativas al respecto a nivel nacional, en Córdoba existía una antigua resolución de la extinguida Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento (DIPAS), del año 1993 y que no contemplaba la atrazina entre los componentes que se limitaban en su uso y en su presencia en el agua para consumo humano.
La normativa 176/16 de la ahora Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia integra al paquete de elementos químicas a la atrazina y cita el trabajo de investigación que lideraron las investigadoras.

-¿Qué importancia tiene esta resolución?
-CM: Esto es importante para continuar con el monitoreo y sienta bases para definir nuevas acciones a seguir que restrinjan la llegada de atrazina al agua.
-RB: Se pasó de no estar regulada, de pensar que no existía el compuesto en agua, a reconocerlo y restringir la presencia. El límite máximo permitido en agua para consumo es de tres microgramos por litro.

-¿Cómo se reduce la presencia del herbicida en el agua?
-RB: Hay sistemas de potabilización, pero son muy costosos. Lo más efectivo e importante es establecer políticas restrictivas en cuanto a la aplicación de el herbicida.
-CM: Creo que lo más importante es que se tome conciencia de lo que está pasando y a partir de ahí quienes elaboran las normas, junto a los actores involucrados, deberán sentar criterio y establecerlas.

-¿Hay atrazina en el agua de consumo de Villa María?
-CM: Hicimos análisis, como mencionamos, sobre aguas superficiales y subterráneas pero no sobre agua potable.

En lo que sí estamos trabajando es en la biorremediación de este herbicida. Esto consiste en aislar una bacteria que vive en ambiente acuático y vimos que tiene la capacidad de degradar este contaminante.
La idea es buscarle alguna forma de aplicación para que sea una solución a algunos problemas específicos de contaminación. Es un proceso largo y que lleva mucho estudio. Esta bacteria elimina la atrazina en menos de 24 horas y sobreviven otros seres como las algas, que son eliminadas automáticamente por el herbicida.
Esto sirve para lugares donde el ambiente de forma natural no logra degradar por sí mismo al contaminante porque no hay microorganismos que lo hagan o por el contexto.
Mientras tanto, lo ideal sería evitar que se contamine o minimizar la llegada de este compuesto a las fuentes de agua.

En los laboratorios
Tanto Morgante como Bachetti coincidieron en destacar la importancia de haber contado con los laboratorios en la UNVM, que desde hace tres años fueron equipados con última tecnología.
Al mismo tiempo, mencionaron la colaboración permanente del equipo de trabajo conformado por el ingeniero Daniel Rotondaro, la ingeniera agrónoma Natalia Ingaramo, la doctora Carolina Porporatto y la doctora Mariana Montenegro, todos docentes de esa casa de altos estudios.
También hicieron sus aportes la ingeniera agrónoma Noelia Urseler y la estudiante Florencia Caporalini.

Fuente: El Diario de Villa María

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Agroquímicos: duro informe ante la ONU por inacción del Estado

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Aseguran que el gobierno nacional argentino abandonó a la sociedad civil en la prevención de impactos negativos por el uso de químicos.
Decenas de organizaciones ambientalistas argentinas presentaron ante Naciones Unidas un informe en el que se denuncia el estado de abandono de la sociedad civil frente a las aplicaciones de agroquímicos como causa de la total inacción del Estado para controlar, regular y prevenir daños por las fumigaciones.El documento, llamado “Agrotóxicos: evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina” fue elaborado por 38 ONG locales y presentado esta semana ante los relatores especiales del Derecho a la Alimentación y Derechos Humanos, y Sustancias y Desechos Peligrosos de la ONU, un órgano internacional que sigue de cerca las situaciones de riesgo ambiental derivados de malas prácticas agrícolas en el mundo.
En el documento de 88 páginas se denuncia que la situación argentina respecto al uso de agrotóxicos y a la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos “es grave y requiere que el Estado adopte medidas urgentes para garantizar los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada y al ambiente sano”.
“En el país no hay una ley que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y OGM”, argumentaron los ambientalistas, que puntualizaron que la situación actual “refiere a la exposición directa de la población a las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de las viviendas y escuelas rurales y a la exposición indirecta de toda la población a través del consumo de alimentos con residuos de agrotóxicos y derivados de OGM”.
Ante esta situación, consolidada durante los últimos 20 años por el avance de los agronegocios y el boom de los precios de los commodities, el Estado aparece como un ente ausente que se deslinda de sus responsabilidades o que, incluso, actúa en complicidad con las grandes empresas del sector.
“Las autoridades en todos sus niveles omiten de modo deliberado implementar una política sanitaria adecuada que implique la atención y vigilancia de la salud para analizar y evaluar la relación entre agroquímicos y determinadas enfermedades”, alertaron.

Efectos nocivos
Además denunciaron que tampoco se atienden las externalidades del modelo productivo, que van desde “la afectación evidente a la biodiversidad a la supresión de los servicios ambientales del agua y suelo, la evanescencia de la diversidad agrícola, deforestación, avance de la frontera agropecuaria, despojo de tierras a movimientos campesinos y pueblos originarios y un aumento visible de enfermedades crónicas y de las tasas de malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas, oncológicas y hematológicas todas ellas en relación directa y proporcional con el incremento del uso de agrotóxicos y OGM en la Argentina en los últimas dos décadas”.
También piden que informen al Consejo de Derechos Humanos que en Argentina “se vulnera el derecho humano a la alimentación adecuada, a la información, a la salud, al acceso al agua potable y al ambiente sano al permitirse el uso de paquetes tecnológicos que asocian semillas modificadas genéticamente con la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cuyas cantidades van subiendo año tras año”.
Los ambientalistas recuerdan que aún en el caso de que existan dudas respecto al nexo de causalidad entre fumigaciones y enfermedades existe el principio jurídico de la precaución que obliga a que los Estados “adopten medidas urgentes para despejarla”.
El documento afirma que los agrotóxicos “no son fitosanitarios, son biocidas y el modelo del agronegocio es genocida: enferma y mata, y debe encuadrarse en la figura de ecocidio dado que afecta a toda la naturaleza”.

Fuente: La Capital
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Silvana Buján: “Para quién y para qué generamos energía es un debate que nos debemos”

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Tras la publicación del libro Energía nuclear. Una historia de engaños, ocultamiento y abandono, el programa radial Bajo Consumo, que se emite por Radio Sur 88.3, entrevistó a la Silvana Buján, autora del libro e integrante de la ONG ambientalista BIOS y de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).
La energía nuclear nació hace setenta años de la mano del desarrollo de armas atómicas. Para producir electricidad, las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear, a partir de la cual los átomos se separan para formar átomos más pequeños, liberando, de esta forma, energía. Uno de los principales subproductos que se obtienen (y el cual es sumamente necesario para el desarrollo de este tipo de armas) es el plutonio, el cual no se encuentra en la naturaleza, sino que se produce como resultado de la fisión.
Por otro lado, el uranio es un elemento central para el desarrollo de este tipo de energía, ya que es el combustible básico de los reactores nucleares. Tal como explicó la autora del libro, para extraerlo, dado que ya no existen concentraciones detiformes, debe llevarse adelante un proceso similar al de la megaminería de oro, sólo que en lugar de emplear cianuro se utiliza el ácido sulfúrico. La minería de uranio genera una gran cantidad de residuos tóxicos, por lo cual, si las minas no son remediadas, la contaminación del aire puede expandirse por muchos kilómetros. Además, tal como se plantea en el libro, el uranio genera tres tipos de radiación: los rayos alfas -los más peligrosos, aunque no poseen gran poder de penetración-, los rayos beta y los rayos gamma, los cuales tienen un gran poder de penetración.
En la Argentina existen en la actualidad tres plantas nucleares: Atucha I, Atucha II, y Embalse Río Tercero, que actualmente se encuentra cerrada por cumplir su vida útil. “Chernobyl tenía una tecnología muy parecida a la de Atucha II, la cual tiene algunos pequeños retoques a punta de presiones de la Asociación Internacional de Energía Atómica. Atucha I puede tener serios problemas, ya que una fábrica belga sacó un comunicado diciendo que todas las vasijas que habían vendido podían tener serias fallas, porque tenían burbujas dentro de la estructura del acero y eso podía fragilizarla. Primero la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) dijo que no era esa vasija la que habían comprado. Luego, cuando se presentó la documentación de compra, tuvieron que decir que era verdad”, subrayó Buján.
Desde el Estado y sectores vinculados a este tipo de desarrollo energético, la energía nuclear se presenta como la más barata y accesible. Sin embargo, tal como planteó Buján, este argumento es una falacia: “CNEA no incluye dentro de la suma que debieran hacer todo lo previo a la llegada del combustible nuclear a una central y luego del desmantelamiento de la central en adelante. Eso tiene un costo descomunalmente alto. Esos residuos que van quedar van a ser depositados en repositorios, conservando su peligrosidad, tanto radioactiva como tóxica, durante miles de años. Si hiciéramos la cuenta, como lo hicimos de la mano de un equipo alemán, vamos a encontrar que el kilovatio hora resulta ser el más caro de la historia”.
Tampoco en el cálculo se tienen en cuenta la remediación de los pasivos ambientales que deja esta actividad. La CNEA difundió un estudio en el cual se detectaron siete sitios mineros que poseen pasivos ambientales: Don Otto, en Salta, cuya explotación se llevó a cabo entre 1955 y 1981, y en donde se encuentran 390 mil toneladas de residuos; Los Adobes, Chubut, operó durante 1977 y 1981, dejando 155 mil toneladas de residuos; Los Gigantes, Córdoba, posee un pasivo de 2.200.000 toneladas de residuos; La Estela, San Luis, 70 mil toneladas de residuos; Malargüe, Mendoza, 700 mil toneladas de residuos; Sierra Pintada, Mendoza, 1.700.000 toneladas de residuos, 5340 tambores radioactivos y 153 mil metros cúbicos de residuos líquidos; y, por último, Los Colorados, en la Rioja, 135 mil toneladas de colas y un millón de toneladas de estériles.
“La CNEA asumió que tenía estos pasivos ambientales, por lo que pidió dinero varias veces a organismos internacionales para hacer el saneamiento, pero prácticamente no hizo nada. Nosotros visitamos estos sitios y solamente en uno se ha estado trabajando, en la mina de Cerro Huemul, en Malargüe, abandonada desde hace ya más de 30 años y que ha venido trayendo problemáticas a los habitantes. Viven en una suerte de meseta de residuos radioactivos de media y baja actividad, abandonados a su suerte”, afirmó la integrante de BIOS.
De esta forma, los cálculos que se realizan para avanzar en el desarrollo de energía atómica dejan por fuera toda una serie de costos que deben ser afrontados. “Es la energía más cara, más riesgosa, más criminalmente oculta, y, debajo de todo esto, el viejo debate de para quién estamos generando energía, para qué estamos generando energía, ¿se la vamos a dar a la Barrick Gold, se la vamos a dar a Bajo la Alumbrera, que son aspiradoras de energía, o la vamos a usar para desarrollar nuestro país? Ese es un debate político que nos debemos”, finalizó Buján.

Fuente: notas.org.ar
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Agroquímicos: presentarán denuncia en la ONU

El próximo 2 de diciembre, se presentará ante la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe argentino sobre las graves falencias en las autorizaciones para los registros de agrotóxicos.
El próximo 2 de diciembre, se presentará ante la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe argentino sobre las graves falencias en las autorizaciones para los registros de agrotóxicos.
Se resaltará la desidia del organismo de control (Senasa) en la revisión de registros, ante evidencias sobre “los riesgos que representan para la salud el glifosato, diazinón, malatión y 2,4-d, declarados como posibles cancerígenos”, según afirma el portal El Federal.
Las organizaciones Naturaleza de Derechos y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados elevarán el informe argentino ante la Relatoría para que la situación nacional esté presente en su análisis, ya que la Argentina está en el tercer lugar de países con más uso de agrotóxicos, detrás de EEUU y Brasil, pero encabeza la tabla en relación a litros aplicados por habitante.
Además se denunciará que la casi totalidad de las hortalizas y frutas que consumen millones de argentinos son expuestos a un número indeterminado de agrotóxicos, muchos de lo cuales fueron prohibidos como domisanitarios (sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, desodorización, higienización, desinfección o desinfestación para su uso en el hogar), a nivel local y en otros países. Con ello se adjuntarán investigaciones y estudios realizados por investigadores del Inta, la ONG Bíos de Mar del Plata y otros entes de contralor provinciales, sobre muestras de hortalizas y frutas que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos en valores significativos.
Consecuencias. El informe es una requisitoria de la Relatoría Especial del Derecho a la Alimentación que en su próximo informe anual en el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo centrará sobre las consecuencias del uso generalizados de plaguicidas peligrosos en los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación. Por invitación del relator especial sobre el Derecho a la Alimentación el informe será redactado junto con el relator sobre Derechos Humanos y Sustancias y Desechos peligrosos de la ONU. Para ello, los funcionarios de la ONU han pedido contribuciones para ayudar a determinar en qué medida el derecho a la alimentación informa a las políticas gubernamentales sobre el uso de plaguicidas.
El informe argentino además relata el aumento exponencial del uso de agrotóxicos en la agricultura y en el proceso productivo de alimentos, la omisión deliberada de los ministerios de Salud (nacional y provinciales) en la realización de políticas que atiendan la problemática. Además denuncia la complicidad del poder político a través del no tratamiento de soluciones legislativas concretas, o bien legislando normas de flexibilización en el uso de agrotóxicos, y los casos de puertas giratoria o tranqueras abiertas.
Siendo que es una solicitud concreta y específica de las relatorías, se detallan en la presentación 18 casos donde la Justicia de distintas provincias de la Argentina ha dado respuesta efectiva y oportuna a los reclamos de los vecinos y asambleas contra el agronegocio, desde la perspectiva de la precaución, la no regresión ambiental y la penal.

Fuente: La Capital

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