Agroquímicos: una red de especialistas condena la ordenanza aprobada en Mar Chiquita

 

La Red de Bioética del Sur Bonaerense emitió un comunicado en donde afirma que el intendente Jorge Paredi y los concejales marchiquitenses violan la Constitución Nacional.
Los cuestionamientos van en alza en Mar Chiquita. La determinación tomada por el intendente Jorge Paredi, de promulgar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que permite la aplicación de productos fitosanitarios a escasos metros de centros urbanos, suma más voces en contra.
El 13 de mayo pasado, los concejales votaron por unanimidad a favor del permiso de fumigar a 150 metros de zonas urbanas, a 50 metros de zonas rurales pobladas, a 200 metros frente a escuelas rurales y a 25 metros frente a cuerpos de aguas superficiales.
Luego de la masiva movilización por ruta 11 en protesta a la normativa, realizada a principios de octubre pasado y luego de una primera también multitudinaria efectuada meses atrás; miles de residentes del distrito aseguran que en Mar Chiquita «se gobierna a espaldas del pueblo y sin participación ciudadana».
La definición traza un contexto claro de lo que sucede hace meses en torno al tema: ante los numerosos reclamos y voces disidentes, entre las que se encuentra la del propio Ministro de Ambiente de la Nación, el jefe comunal ha hecho caso omiso.
En los últimos días se conoció una nueva postura en contra de lo definido por el poder Ejecuvito y los concejales marchiquitenses desde la Red de Bioética del Sur Bonaerense, que fue contundente al respecto.
La entidad está integrada por especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unmdp, del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, del Instituto Nacional de Epidemiología y de los hospitales Materno Infantil e Interzonal General de Agudos. Todos coinciden en que en Mar Chiquita directamente se violan tanto la Constitución Nacional como la de la Provincia de Buenos Aires.
«Dicha ordenanza es violatoria de la medida cautelar que aplica la restricción de las fumigaciones a 1500 metros de centros poblados, escuelas, mar, cursos y cuerpos de agua, entre otras en el Partido de Mar Chiquita, emitida por el Juzgado N° 15 de Mar del Plata)», recordaron desde la red en primera instancia.
«Días antes de esta aprobación, la comunidad autoconvocada en asamblea ciudadana se manifestó en caravana solicitando el veto de dicha ordenanza, dado el riesgo que esta normativa implica para la salud de los pobladores. En ambas situaciones, incluso reflejadas en medios periodísticos locales, se ha ignorado que existen evidencias e información científica que señalan la peligrosidad de los agrotóxicos hacia las personas y el ambiente, y la movilidad de los agrotóxicos más allá de los 10 km (Momo, 2010; Bernava et al., 2012; Tomasoni, 2013, entre otros)», argumentaron desde la agrupación a continuación.
En esa línea, los integrantes de la red ahondaron en la ilegalidad de lo dispuesto por las autoridades locales: «Desoír los reclamos genuinos de la sociedad, infringir las normativas municipales vigentes, hacer caso omiso a los fallos judiciales y a la información científica incumple con lo declarado en el Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina y en el Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, referidas al derecho de todxs lxs habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano», sentenciaron.
Desde la red consideran incluso que quienes llevan adelante y avalan la práctica de las fumigaciones «incumplen con el principio bioético de no maleficencia y vulneran la integridad de las personas debido a que producen graves daños a la salud y al ambiente». En ese sentido, los especialistas afirman que la ordenanza «viola el principio de justicia y equidad, al no garantizar la seguridad sanitaria para toda la población».
Por último, desde una mirada más amplia, la red sostiene que el hecho de «afectar con las fumigaciones la salud integral, significa atentar contra un parámetro fundamental para el desarrollo del bienestar». Al respecto sus integrantes advierten que si se «toma en cuenta este contexto de pandemia, debilitar el sistema inmune y vías respiratorias, vulnera aún más y agrava la salud e integridad de las personas».

Daños
Los daños a la salud generados por los productos fitosanitarios aparecen en investigaciones científicas, que confirman lo que generan los productos químicos sintéticos utilizados por la actividad agrícola. Los elementos tóxicos ingresan al organismo por varias vías: dérmica o por piel, bucal o por ingestión y nasal o por inhalación.
Los efectos pueden manifestarse rápidamente (intoxicación aguda) con síntomas como diarrea, cefalea, vómitos. En el caso de una acumulación y exposición mayor a estos tóxicos, los daños afectan distintos órganos, desarrollando cánceres (Merhi et al. 2007; Pluth et al. 2019); disrupciones en el sistema endocrino (Gasnier et al. 2009), daño en el sistema reproductivo (Cremonese et al. 2017); mal de Parkinson (Semchuk et al. 1992); Alzheimer (Richardson et al. 2014); daño neurocognitivo y motor (Muñoz Quesada et al. 2016a), polineuropatía periférica (Grillo et al.2018) depresión y ansiedad (Muñoz- Quesada et al. 2016b), malformaciones en niños al nacer (Ueker et al. 2016), daño renal (Raines et al. 2014) y genotóxicos (Vazquez Boucard et al. 2017).

Fuente: 0223.com.ar
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Además de modificar la ordenanza de aplicaciones, consideran esencial librar territorios para la agroecología

 

Los promotores del anteproyecto presentado ante Banca 21 plantearon la necesidad de rescatar terrenos para una producción sustentable. Se refirieron a la normativa sobre terrenos baldíos y lamentaron que nadie se acuerde de la Ordenanza Ambiental sancionada por el HCD de Tandil en 1993. Canziani y Lowy, una vida coherente con la lucha que embanderan.
Al entrar a la casa de Graciela Canziani y Claudio Lowy es muy simple distinguir el compromiso con el medioambiente y una vida sustentable. Así lo revela, entre otras cosas, el tupper sobre la mesada donde van depositando los residuos orgánicos que luego pasarán por los tres pasos de la compostera diseñada al fondo, que los transformará en una tierra muy rica para abonar la huerta que tienen.
Ellos viven en la zona urbana de Tandil, el patio no es muy grande, pero tampoco hace falta demasiado si hay una buena gestión del espacio para cultivar alimentos para dos. Justo ahí, donde cae el sol de la mañana desarrollaron su vergel.
Sobre la pared que se alza como respaldo también pegan los rayos de calor, allí mismo sobre los ladrillos vistos Lowy colocó un calefactor solar que el mismo confeccionó con latas recicladas. Mediante un sistema de tubos y ventilación lleva calidez a dos espacios de la casa, según ha medido en días despejados lograron alcanzar hasta los 32 grados.
La casa luce impecable, y para ello no utilizan ni desinfectantes ni insecticidas químicos, de hecho revelaron que hay un ecosistema ahí dentro donde simplemente la cadena natural de supervivencia se desarrolla sin molestar a los propietarios. Como aliados, tienen vinagre y un desinfectante natural hecho en casa con clavo de olor.
Y así la serie de acciones sigue, coherentes con su planteo de modificar la ordenanza de aplicaciones de plaguicidas en la ciudad. Pero el interés con el anteproyecto presentado ante Banca 21, que hoy ya está experimentando avances por parte de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, excede lo personal y lo cercano.

Liberar territorios
Ante la reciente denuncia de vecinos de El Tropezón sobre el dueño de un terreno baldío en Guisse al 100 que lo mantiene limpio mediante fumigaciones, los expertos advirtieron que el hombre no está haciendo nada que esté prohibido, a lo sumo podría no contar con una receta agronómica autorizada, pero la normativa actual lo avala.
Vale destacar que cada uno de los expertos lleva consigo un prontuario que los respalda al momento de hablar del tema. Graciela Canziani se desempeña en Ecología Matemática,y es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen. Como ha hecho público, le interesa la interrelación entre cambio climático, pérdida de la biodiversidad y cambio en el uso de los suelos, “tres factores cuyo deterioro no sólo afecta la calidad de vida, sino que amenaza la persistencia de la vida”.
Por su parte, Claudio Lowy, es ingeniero Forestal, con Maestría en Desarrollo Humano Sostenible de la Unesco de Girona y terminó un Doctorado en Ciencias Sociales en Universidad de Buenos Aires. Así, los especialistas manifestaron que lo peor de todo es que la acción en sí misma está permitida. Con indignación señalaron lo perjudicial del acto, ya que el producto aplicado persiste por largo tiempo en la tierra, el aire y las napas perjudicando a los vecinos que lo rodean y más allá.
A raíz de todo esto, volvieron a insistir con la necesidad de liberar territorios para la agroecología y se explayaron sobre lo que sostiene la ordenanza en cuanto a los terrenos baldíos.

Vulnerabilidad toxicológica amparada por ley
“La ordenanza que regula los agroquímicos plaguicidas en Tandil, aprobada en el año 2011, no protegió ni protege la salud de la población y el ambiente como todos necesitamos, y como también lo indican las normas de mayor jerarquía, tanto provinciales como nacionales, e incluso otras ordenanzas vigentes en el Partido”, determinó Lowy.
Recordó que el artículo 10 especifica sobre aplicaciones en terrenos baldíos y espacios verdes públicos y/o privados dentro del área urbana y complementaria, señalando que allí sólo se pueden aplicar agroquímicos Clase II y Clase IV, es decir banda azul y banda verde; que deberán aplicarse con aplicador manual y con equipos livianos de arrastre de hasta 200 litros de capacidad. También dice que deberá contar con el asesoramiento técnico de un Ingeniero Agrónomo y la correspondiente receta agronómica.
“Estos casos no están alcanzados por lo señalado en el artículo 6, lo que implica que no se debe dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio; por supuesto, tampoco debe avisar a los vecinos”, lamentó.
De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el especialista sostuvo que la única infracción que podría haber cometido el dueño de baldío es no haber contado con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y/o no haber presentado la correspondiente receta agronómica. “La aplicación en sí misma no implica la contravención de la normativa vigente, lo que pone a todos los vecinos de terrenos baldíos y espacios verdes públicos o privados en situación de vulnerabilidad toxicológica amparada por esa ley”, planteó.
“Por todos estos motivos y muchos otros que figuran en el anteproyecto de ordenanza presentado a través de la Banca 21 en agosto de 2019, es que necesitamos regular la aplicación de los agroquímicos biocidas en Tandil de manera tal que causen menos riesgos y daños a la salud y al ambiente de los que están causando ahora”, coincidieron ambos.
En este sentido, remarcaron la necesidad de prohibir las aplicaciones aéreas en todo el partido y alejar las terrestres por lo menos a 2000 metros de donde la población desarrolla sus vidas “y continuar en esos territorios liberados de agroquímicos biocidas la reconversión a la agroecología”.

La clasificación toxicológica
La ordenanza vigente en Tandil utiliza la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica a los plaguicidas en:
Ia – Sumamente peligroso, muy tóxico. Banda roja
Ib – Sumamente peligroso, tóxico. Banda roja
II – Moderadamente peligroso, Nocivo. Banda amarilla
III – Poco peligroso, cuidado. Banda azul
IV – Normalmente no ofrece peligro, cuidado. Banda verde
Tanto para Graciela Canziani como para Claudio Lowy esta clasificación toxicológica “es fraudulenta, ya que hace parecer a los agroquímicos biocidas como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son”. “Sólo evalúa si el producto mata en el corto plazo, desconsiderando las toxicidades subletales (si enferma pero no mata), las toxicidades retardadas (si enferma o mata en el mediano o largo plazo), las toxicidades sinérgicas (si enferma o mata en combinación con otros productos aplicados simultáneamente, sucesivamente, o que ya están presentes en el ambiente, ya sean naturales o artificiales), toxicidades en bajas dosis como disruptores endócrinos, las toxicidades crónicas (por aplicaciones sucesivas)”, explicaron.
Además, subrayaron que esa categorización utilizada por la ordenanza de Tandil está en contradicción con la establecida por el artículo 7 de la Ley Provincial 10.699/88 clasifica a los productos en:
a) De uso y venta libre: son aquellos cuyo uso de acuerdo a las instrucciones, prevenciones y modo de aplicación aconsejado, no sean riesgosos para la salud humana, los animales domésticos y el medio ambiente.
b) De uso y venta profesional: son aquellos que, por sus características, su uso resultare riesgoso para los aplicadores, terceros, otros seres vivos y el medio ambiente.
c) De venta y uso registrado: son los no encuadrados en las categorías anteriores, cuya venta será necesario registrar a los fines de permitir la identificación de los usuarios.
“Es claro que los agroquímicos plaguicidas aplicados en el Partido de Tandil deben ser clasificados como de ‘venta y uso registrado’, ya que es necesario saber cuáles son los productos aplicados, su toxicidad integralmente considerada, y los riesgos y daños a la salud y el ambiente a los que estamos expuestos quienes vivimos en Tandil”, consideraron.

Para el beneficio de las generaciones actuales y futuras
En otro término, revelaron algo que no ha salido a flote en todo este tiempo que se viene debatiendo sobre las aplicaciones, fumigaciones y reglamentos de Tandil, la existencia de una Ordenanza Ambiental sancionada en 1993 por el Honorable Concejo Deliberante local de aquel tiempo.
Los expertos, Canziani y Lowy, lamentaron que no hay tomado relevancia dicha normativa, que en primer término lo que hace es definir al Medio Ambiente “como un bien de uso común”, a la vez que se impone a través del Departamento Ejecutivo y sus áreas respectivas, “el deber de defenderlo y preservarlo para el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.
Si bien data de 23 artículos, convinieron oportuno destacar la intención de preservar los procesos ecológicos de las especies; minimizar el impacto en los ecosistemas afectados y proteger la integridad del patrimonio paisajístico en el ámbito municipal. Asimismo, enfatiza en resguardar la flora y la fauna vedando las prácticas que coloquen en crisis su función ecológica o provoquen la extinción de las especies.
En otro término, también apunta sobre el propósito de proteger “el Medio Ambiente controlando la polución en toda actividad que importe riesgos personales y/o ambientales por su potencialidad”.
Sobre este punto hicieron especial énfasis, ya que desde siempre sostienen con vehemencia que los agroquímicos plaguicidas persisten en la tierra, el agua y el aire, provocando daños en la salud de las personas y el ambiente a pesar del paso del tiempo. Las partículas perduran, se evaporan con el calor y vuelven a la tierra con la lluvia, generando una constante, o potencial, cadena “de envenenamiento”.

Fuente: El Eco de Tandil
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Charla «La Verdadera Soberanía Alimentaria»

 

Podes ver el video del CICLO DE CAPACITACIONES| «LA VERDADERA SOBERANÍA ALIMENTARIA» que se desarrollara el Lunes 20 de julio en el que expuso la Lic. Silvana Buján miembro de BIOS.
Si somos lo que comemos, ¿sabemos qué es lo que comemos? ¿podemos elegir o creemos que elegimos? ¿los agricultores pueden decidir qué cultivan? ¿de quién es la semilla? ¿qué empresas manejan la comida en el planeta? ¿qué pasa con la comida industrializada? Y, más aún, ¿alguien revisa los residuos químicos o los aditivos en nuestro plato diario de comida? De esto hablaremos en la charla: seguridad y soberanía alimentaria.

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La comisión de Producción del Concejo recibió a los autores del anteproyecto para regular las fumigaciones

 

Los creadores de la propuesta para regular la aplicación de agroquímicos plaguicidas en el partido de Tandil explicaron minuciosamente sus razones. Se mostraron conformes con el interés y predisposición de los concejales. Desde la Comisión se comprometieron a avanzar en la temática y aseguraron que no están poniendo resistencia.
Desde que se decretó la Fase 5 en Tandil, las comisiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) volvieron a reunirse semanalmente, en su último encuentro la delegación de Producción, Trabajo y Medioambiente comenzó a interiorizarse sobre el anteproyecto de Ordenanza de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil.
Para esto, tanto los titulares de dicha comisión María Haydeé Condino y Ariel Risso, como el resto de los concejales, recibieron a los autores de la propuesta, Graciela Canziani y Claudio Lowy.
Según reveló Condino, la intención era poder concretar la reunión antes de la pandemia pero no pudo darse, por lo que ahora se pusieron como objetivo avanzar en este sentido, por eso de aquí en adelante los jueves, cada 15 días, trabajarán exclusivamente en el proyecto.
“No hubo debate porque es nuestro primer encuentro”, aseguró, y advirtió que tanto el Ejecutivo como el Concejo trabajarán en la modificación de la ley vigente ya que quieren la mejor ordenanza para Tandil.

Un camino que empieza
Muy conforme con la recepción que tuvieron por parte de los ediles, Claudio Lowy manifestó también su satisfacción por el hecho de que el documento haya pasado a esta Comisión, luego de la presentación ante Banca 21 en 2018.
“Lo más auspicioso en esta instancia es que empezaron con las actividades en el HCD y comenzaron con el tratamiento del anteproyecto”, consideró. “Si va a salir, no sabemos”, añadió.
Explicó que los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados, cuestión que fue confirmada por Condino, quien adelantó que contemplan charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.
En este sentido, los autores brindaron algunas sugerencias de contactos que fueron bien receptados y serán tenidos en cuenta para las distintas instancias del análisis.

El respaldo para el cambio
Los referentes de la ONG que apunta al trabajo en ambiente y desarrollo sustentable, Bios Argentina, aprovecharon el espacio para exponer y explicar los fundamentos que sostienen el planteo de modificación de la regulación local actual.
“Hoy la ordenanza vigente permite que se apliquen plaguicidas de forma aérea hasta el borde de la edificación de las poblaciones rurales”, exclamó Lowy, señalando que dicha normativa se contradice incluso con la provincial, que fue promulgada 23 años antes. “Eso se aprobó así por cuestiones políticas y económicas”, analizó.
Tal como reveló, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en la propuesta e hicieron algunas preguntas, pero lo que les resultó impactante fue cuando mostraron lo que implicaba el triple lavado de los bidones vacíos de plaguicidas de 20 litros. La acción incluso fue realizada por uno de los presentes, para demostrar que es una tarea muy dificultosa como para poder aplicarse en tantas cantidades, ni podría ser fiscalizado. “Los que lleguen al centro de acopio no podrían ser controlados”, dijo.
Además, los propulsores mostraron videos sobre los mitos y realidades sobre las derivas de las aplicaciones, alertando sobre las mentiras que hay en torno al tema y las publicidades que circulan. “El producto se va evaporando y las partículas llegan mucho más lejos de lo que es capaz de medirse, son publicidades mentirosas como la clasificación toxicológica”, aseveró.
Finalmente, Lowy destacó que lo que más les gustó del encuentro fue que tengan predisposición para escuchar, reconociendo que el proceso será largo. “El consenso estará entre los envenenadores y quienes lo padecemos, lo que es complejo por los intereses”, remató sin rodeos.

“No estamos haciendo resistencia”
La presidente de la Comisión de Producción , Trabajo y Medioambiente garantizó que en este camino que emprendieron buscarán elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para Tandil.
Subrayó que es un momento en que muchas ciudades están tratando el mismo tema, por lo que han hablado con otros municipios de la Quinta Sección que están en proceso de modificar sus ordenanzas, para interiorizarse y tomar ejemplos.
Asimismo, consideró que sería bueno que se realicen investigaciones a nivel nacional y provincial, ya que “si se habla de un producto que realmente es venenoso, como plantearon los autores del proyecto”, son primero aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Si así se confirmara, planteó que habría que lograr que se deje de otorgar etiqueta verde a esos implementos que se venden.
“Somos un Municipio del interior, va a ser un camino largo, pero está bueno haberlo empezado a transitar”, sostuvo Condino, que además manifestó que le encantaría que la ordenanza salga por unanimidad, lo que llevará mucho trabajo. “No estamos haciendo ningún tipo de resistencia”, aclaró.

Fuente: El Eco

Puede ver el comunicado de BIOS acá con dicho estudio

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Detectaron restos de unos 16 agroquímicos en el agua y suelo de 15 escuelas rurales de Tandil

El dato surgió luego de un trabajo de investigación que realizaron docentes, estudiantes y graduados de la Unicen. Advirtieron sobre los daños en la salud que implica la presencia de estos plaguicidas que fueron formulados para eliminar vida. Preocupación porque la ordenanza local permite su utilización en espacios verdes públicos y privados.
En el marco de los proyectos denominados EcoAgricultura, del Programa de Voluntariado Universitario, docentes, estudiantes y graduados de distintas carreas de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) presentaron un informe que develó que al menos en 15 escuelas rurales de Tandil hay restos de plaguicidas agroquímicos en suelo y agua.
El propósito de los proyectos fue promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en el ámbito de esos establecimientos educativos, como alternativas sostenibles de producción de alimentos, es decir amigables con el ambiente y beneficiosas para la salud.
Pudieron advertir que en el caso del partido de Tandil, la preocupación de la comunidad educativa con relación a las pulverizaciones ha ido en aumento ya que las mismas se realizan en las inmediaciones de las escuelas.
Atendiendo a esa necesidad de información, pudieron corroborar que cuando en las escuelas no debería haber presencia de agroquímicos plaguicidas, sí se econtraron en todos los colegios estudiados, tanto en el suelo como en el agua.
La inclusión del análisis de muestras de agua y suelo en estos dos proyectos de extensión universitaria obedece al propósito de atender la percepción de riesgo ante la evidencia de la presencia de sustancias tóxicas en el ámbito donde niños y docentes desarrollan sus actividades.
En sus conclusiones, advirtieron que el uso de productos biocidas sintéticos, particularmente en las vaporizaciones periódicas en los campos de cultivos aledaños a las escuelas rurales, pone en riesgo la salud de los alumnos y educadores.
El informe es sumamente amplio y fue presentado a través del canal de Youtube de la Unicen. Allí también explicaron algunos conceptos necesarios para el seguimiento de la línea investigativa, como a qué se considera tóxico y los tipos o grados de toxicidad que hay. Asimismo, ahondaron sobre las características de los 16 plaguicidas detectados, su clasificación, acción y efectos.

El procedimiento y el hallazgo
Graciela Canziani, una de las desarrolladoras del informe presentado, es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, Unicen, y forma parte del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, y brindó detalles del trabajo
Si bien advirtió que lo encontrado no son concentraciones que impliquen una toxicidad aguda, sostuvo que sí pueden producir efectos o enfermedades a largo plazo, cuando hay exposición frecuente. Esto es especialmente nocivo para los chicos, que están creciendo y son vulnerables.
Al decir agrotóxicos, los investigadores se refieren a productos o ingredientes activos que están diseñados para eliminar formas de vida, llamadas por los humanos “plagas”. Por lo tanto, sus residuos podrían encontrarse también en viviendas rurales o en una plaza de la ciudad, ya que allí también son utilizados conforme la ordenanza vigente.
El trabajo fue realizado sobre esas 15 escuelas, seleccionadas con la colaboración de la Jefatura Distrital entre 2017 y 2018, o sea que en el ciento por ciento de las entidades estudiadas encontraron plaguicidas. En algunas sólo uno o dos ingredientes activos, pero en otras hasta ocho distintos, tanto en agua como en suelo.
Con la colaboración de Virgina Aparicio y Eduardo De Gerónimo del INTA Balcarce, tomaron las muestras para detectar qué agroquímicos estaban presentes y luego calcularon las concentraciones, que si bien fueron bajas, rastrearon las características de cada uno de los 16 plaguicidas y sus consecuencias tanto en la salud como en los ecosistemas.
Para esto compararon con normativas de países de hemisferio norte y Australia. “Nuestra investigación fue bibliográfica para posicionarnos y nos demostró que hacen falta estudios epidemiológicos para determinar el estado de la gente en Tandil, particularmente”, indicó. Por otro lado, marcó que en la Unicen hay varios grupos trabajando en lo que refiere a la problemática del ecosistema, ya que es muy amplio el espectro de temas a investigar, como el punto de vista sociológico y la exposición de quienes viven en zonas rurales.

Los daños en la salud
“Los agroquímicos plaguicidas que se liberan al ambiente son absolutamente incontrolables, en el desplazamiento, persistencia y en el efecto que tienen porque dependen de factores ambientales como cantidad de materia orgánica, temperatura, viento, humedad, calidad del suelo y presencia de microorganismos que puedan degradarlos”, explicó.
Sobre las consecuencias de las concentraciones de estos ingredientes activos, indicó que hay muchos grupos de investigación que apuntan a develar la genotoxicidad. Trajo a colación el caso de contaminación del agua en Pergamino, donde el juez tomó las pruebas de resultados en estudiantes rurales de Córdoba para fijar la distancia de 1095 metros libre de plaguicidas en los alrededores de las casas.
Mencionó que existen varios cursos de investigación sobre daños genéticos y otros tipos de contaminación, como en partículas de suelo barridas por el viento y algunos que se enfocan en los algodones, gasas y tampones con restos de glisfosato, como para mencionar algunos. “En Argentina hay una cantidad considerable de trabajos”, dijo.

La ordenanza en Tandil
“Aquí se permite la aplicación de plaguicidas de clasificación 3 y 4, o sea banda azul y banda verde, en cualquier espacio verde público o privado; de hecho algunas personas los usan para eliminar los yuyos de sus casas”, explicó. Aunque esta clasificación indicaría que son poco tóxicos, son bastante nocivos, y la especialista marcó que son varios los tipos y difieren en su forma de acción. Advirtió que lo más peligroso de esto es que muchas veces los utilizan en forma conjunta.
Cabe recordar que el año pasado, en agosto, Canziani realizó la presentación ante Banca XXI de un anteproyecto para modificar la legislación de aplicación en este partido, según informó al conversar con el programa “Cosas que pasan” de Tandil FM (104.1), las comisiones del Concejo Deliberante están analizando la propuesta y han charlado con especialistas de otros sectores.
Distinguió que aquí y en ciudades de alrededores hay varios productores agroecológicos y consideró que lo necesario es que desde los municipios se promueva esta forma de hacer alimentos, brindando asesoramiento a quienes quieran reconvertirse.
“La decisión política no ha sido tomada y hace falta acercar ayuda a quienes quieran producir de otra forma”, sostuvo.

Las escuelas rurales participantes
– JIRIMM 913, Azucena
– JIRIMM 2 y EEP 64 “Almafuerte”, paraje La Patria, también llamado paraje Santa Teresa
– EEP 4 “Mariano Moreno”, Cerro Leones
– EEP 6 “Amanecer de Esperanzas”, paraje San Antonio
– EEP 12 “Miguel de Azcuénaga”, paraje Los Mimbres
– EEP 19 “Bernardino Rivadavia”, Gardey
– EEP 29 “Cornelio Saavedra”, Desvío Aguirre
– EEP 33 “Guillermo E. Hudson”, paraje La Porteña
– EES 5 María Ignacia Vela
– EES 6 Ext.2020, paraje San Antonio
– EES 13 De la Canal
– EES 16 “Mariano Moreno”, Cerro Leones
– EES Agropecuaria 1 “Dr. Ramón Santamarina”
– EES Técnica 2 Anexo 3021 Fulton
– EES Técnica 4 Gardey.

Fuente: El Eco

Puede ver el comunicado de BIOS acá con dicho estudio

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Contaminación en el Puerto: anulan el sobreseimiento de acusados de arrojar residuos peligrosos

 

La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. «Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento», agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.

Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.

El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.

Fuente: 0223.com.ar
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Los vecinos de La Porteña tenían razón: el expediente confirmó las fumigaciones a cero metros de la escuela

 

Las inspecciones hechas en el establecimiento educativo 33 constataron la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre el potrero y la escuela. En un primer momento, el resultado había sido negativo y los denunciantes insistieron, pero no recibieron más respuestas. Finalmente, se enteraron de la resolución al pedir el expediente bajo la ordenanza de acceso a la información pública.
Todo comenzó el pasado 4 de octubre, cuando un grupo de habitantes del paraje La Porteña presentó una nota al Municipio denunciando el incumplimiento de la ordenanza 12316, asunto 219/11, artículo 7, donde se establece la prohibición de la aplicación de agroquímicos a menos de 150 metros de establecimientos educativos. Los vecinos percibieron que en la Escuela 33 “Guillermo Enrique Hudson”, a la que asisten sus hijos, las fumigaciones se estaban dando, incluso, sobre el alambrado lindante a la institución, sin respetar la norma.
Desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, la Dirección de Medioambiente, a cargo de Héctor Creparula, accedió al pedido de inspección, convocando también a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria, Analía Alonso, y al responsable de Asuntos Agrarios del Municipio, Igancio Diribarne. Según informaron los denunciantes, la primera recorrida que oficiaron los funcionarios arrojó una respuesta negativa a su reclamo, considerando que las condiciones del terreno y los cultivos no se corresponderían con espacios fumigados. Incluso, sostuvieron que se habrían dejado más de 200 metros libres de agroquímicos, o sea que mucho más de lo establecido por la ley.
Pero los padres, preocupados por la salud de sus hijos, de la comunidad educativa y de la zona en general, no se dieron por vencidos en su convicción y volvieron a insistir, presentando una nueva nota a la dependencia municipal.

Las pruebas lo confirman

El tiempo pasó y lejos de obtener respuestas, decidieron a fines de diciembre, hacer uso del derecho al acceso a la información pública, poniendo en sus manos la totalidad del expediente. A raíz de ello, pudieron constatar que a principios de ese mes se labró un acta con tres puntos elementales, donde básicamente los funcionarios les dan la razón a los vecinos.
“Siempre sembraron hasta el borde del alambrado y al fin admiten que fue así, a cero metros”, dijo conforme Silvia Gómez, en representación del grupo, quién además acercó la documentación a este Diario.
En el documento constituido por Silvia Pedernera de la Inspección General y Habilitaciones, conjuntamente con el director de Medioambiente de la Municipalidad de Tandil, Héctor Creparula, y el titular de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil, Carlos Ignacio Diribarne, sostienen que ante el reclamo efectuado por vecinos del paraje La Porteña, quienes denuncian la aplicación de agroquímicos en violación a la normativa vigente, tanto la municipal como la normativa provincial, “se comprueba a prima facie, que la aplicación efectuada con fecha 27 de octubre de 2019 (posterior a la primera denuncia de los lugareños) obrante en acta número 27616 de esta dirección, se ha realizado acorde a la normativa vigente”.
Sin embargo, dejan constancia que “el arrendatario y/o el titular dominial ha aplicado agroquímicos con anterioridad a la fecha del 27 de octubre de 2019, sin receta agronómica”. Asimismo, cercioran que “no se ha respetado la distancia en la aplicación de los agroquímicos respecto a la Escuela Primaria 33 del paraje La Porteña del partido de Tandil. Constatando la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre potrero y escuela (0 metros, se referencia en imagen): hechos que configuran infracción a los artículos 6 y 7 de la Ordenanza Municipal 12316 y para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 12 del citado texto normativo y a la Ley Provincial 10699, artículo 8”.

Que la salud esté primero

“De aquí en adelante esperamos, al menos, que se respete la ley vigente, pero pedimos que se trate una nueva reglamentación, porque sabemos que la ordenanza de 150 metros es muy pobre”, dijo avalando la presentación del anteproyecto presentado por Graciela Canziani ante Banca XXI.
En caso de que no den lugar a dicho bosquejo, aseguró que acudirán a las autoridades provinciales para que se dictamine una norma que no avale las fumigaciones cercanas a instituciones educativas en toda la región.
En el camino que recorrieron desde su primera denuncia, vecinos de otras localidades de la zona se han acercado con la misma problemática, uniéndose en el reclamo. De hecho, el asunto ha repercutido también en otras provincias, haciéndose eco de esta lucha.
“Nos enteramos de que en Tandil todas las escuelas rurales son fumigadas”, lamentó. Admitió entonces, que una vez que se logre una normativa más eficiente, el beneficio será para todos, poniendo el esfuerzo colectivo como bastión para alcanzarlo.
“Hubo denuncias anteriores. Yo misma lo hice hace nueve años, cuando mi hijo ingresó a esta escuela, como otros padres, pero no hubo grandes cambios desde el Municipio”, contó.
Finalmente, Silvia Gómez, poniendo su voz para decir lo que todo su grupo piensa, manifestó la expectativa porque finalmente se vuelva normal el hecho de respetar estas leyes. “Que sea normal que la salud esté antes que la producción con agroquímicos”, aseveró, advirtiendo que hay otras formas de cultivar los alimentos como la orgánica y agroecológica, que en la ciudad están teniendo buenos resultados y repercusiones.

Fuente: El Eco de Tandil
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BIOS en los Medios. Plan nuclear argentino

 

Plan nuclear argentino: el rechazo es social, económico y principalmente ético

 

Los accidentes e incidentes produjeron que las comunidades no otorguen la licencia social a estos emprendimientos.
La energía nuclear es la hermana bastarda del armamento nuclear, necesario para la misilística que sigue hasta hoy la línea de Alamogordo, Hiroshima y Nagasaki, bautizada irónicamente como “Átomos para la paz”. En cada etapa del ciclo nuclear son posibles las derivaciones a la producción o tecnología de armas nucleares.
En todos sus años de existencia no se ha conseguido dar solución al problema de los riesgos que comportan los materiales radiactivos en los accidentes, mala manipulación, atentados directos o robos, vertidos y fugas a lo largo de todo el ciclo nuclear y de la descomunal cantidad de residuos que genera.
Las justificaciones han caído en el descrédito, vistas como intentos desesperados de defender esta tecnología no renovable, de alto riesgo y la más cara de la historia para producir electricidad. Se señala el tema de las emisiones de CO2, omitiendo que la mineración del uranio, el transporte y estructuras asociadas, tienen enormes emisiones que, engañosamente, no son incluidas en los cálculos.
Las últimas décadas muestran una la disminución de construcción de centrales en todo el mundo. Los inocultables accidentes e incidentes produjeron que las comunidades no otorguen la licencia social a estos emprendimientos. Italia cerró sus centrales en 1987; Austria reconvirtió su central nuclear a gas. Dinamarca prohibió por ley el uso de energía nuclear. Suecia decidió también el cierre de sus centrales. Alemania hizo lo propio poco después de Fukushima Daichi.
El relato de la seguridad es ya indefendible. El argumento económico es falaz ya que el cálculo para su evaluación deja afuera adrede, los costos de remediación, transporte, seguros, puesta en marcha, prospección y mineración, cierre de minas, la multimillonaria desactivación de las usinas al fin de sus ciclos, y fundamentalmente, los costos inimaginables de vigilancia, protección y control por miles de años de los desechos. Los cálculos honestos hacen de la energía nuclear la más cara que jamás haya existido.
Reabrir el Plan Nuclear Argentino iniciado por la Junta Militar es apostar a pérdida, con un riesgo altísimo y avasallando además los derechos de la ciudadanía que no acepta este tipo de energía. La CNEA no es fiable en este terreno. Dejó sin remediar pasivos ambientales durante décadas, es autárquica, no tiene transparencia habiéndose descubierto ocultamientos como la víctima fatal del accidente nuclear en el Centro Atómico Constituyentes en 1983.
Se trata ya no de un tema de seguridad, pues no hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados, garantizar la prevención de accidentes, ni gestionar con seguridad los residuos y las plantas radiactivas al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y las que se proponen construir. En cada etapa del ciclo nuclear se producen desechos que serán letales por miles y miles de años, dejando un legado radioactivo a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos, como especie, dejar ese legado a los que vendrán después de nosotros? ¿Qué derecho nos arrogamos para semejante cosa? Se trata claramente de un tema ético.

 

Por Silvana Buján
Lic. en Ciencias de la Comunicación Social
Periodista científico-ambiental

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