Rechazo a la modificación a la ley de basura cero que habilita la incineración

Organizaciones sociales y ambientales manifestaron su rechazo a la modificación a la Ley de Basura Cero enviada hoy por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que busca habilitar la incineración, prohibida por la ley vigente desde hace años.
“Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a la habilitación de la incineración de residuos –también llamada bajo el eufemismo “valorización energética de residuos”- para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestaron en un comunicado desde la Coalición Ciudadana Antiincineración, muchos de cuyos miembros pertenecen a su vez, a RENACE.
La ley N°1854, conocida como “Ley de Basura Cero”, fija metas progresivas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos y prohíbe la combustión de los residuos de la ciudad, tanto dentro como fuera de su jurisdicción, al menos hasta que se alcance la meta de reducción del 75%. Dicho precepto tiene un fundamento válido y aún vigente: garantizar que la reducción de la disposición final se lleve a cabo desarrollando y fortaleciendo la separación en origen, la reutilización, el reciclaje, el compostaje y demás medidas de recuperación previstas por la ley. Siguiendo el principio orientador de la norma, la reducción de la disposición final no puede realizarse de cualquier manera, sino creando y fortaleciendo circuitos de recuperación con inclusión social. Tal es el espíritu de la Ley de Basura Cero.
“La prohibición a incinerar”, dicen las agrupaciones, “garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”.
De acuerdo con los cómputos de CEAMSE, en 2017 la ciudad dispuso 1.101.202 toneladas de RSU en el relleno sanitario (sin contar generadores privados). Esto es sólo un 26% de reducción, incumpliendo aún la primera meta de la ley, prevista para 2010. “Ante este escenario, sostenemos que no se deben abandonar las metas, sino por el contrario, mejorar las políticas públicas para cumplir con la ley, dentro de la ley”, declararon.
Y concluyeron: “Rechazamos cualquier intento de habilitar la incineración y allanar su camino por otros medios, como cambiar la línea de base, las metas de reducción, u otras. Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a invertir recursos en políticas públicas sostenidas en el tiempo, coherentes con los objetivos de la ley, para reducir la generación de residuos evitables, mejorar la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada, fortalecer el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado, desarrollar la infraestructura y las políticas necesarias para recuperar los residuos orgánicos de la ciudad y lograr así reducir genuinamente la disposición final de residuos”.

Contactos de prensa:

Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores: 15-6865-2288
Andrés Nápoli, Fundación Ambiente y Recursos Naturales: 15-4496-5055
Cecilia Allen, Coalición Ciudadana Anti-Incineración: 15-4440-3523
Verónica Odriozola, Salud Sin Daño: 15-5109-4199

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Cuando la alternativa esta frente a nuestros ojos

 

El 17 y 18 de marzo, se realizó en Cazón-Saladillo, provincia de Buenos Aires, el 9º Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y 2º de Agroecología.
La ONG ECOS de Saladillo fue su organizadora desplegando una enorme tarea para recibir a las más de 350 integrantes de por lo menos cincuenta colectivos y asambleas para abordar la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y el modelo de agronegocio en general, asumiendo sus múltiples aristas y los desafíos en muchos terrenos. Participaron jóvenes, estudiantes, científicos, abogados, productores agroecológicos, artistas, periodistas, docentes y profesionales de distintas áreas.
El agronegocio utiliza alrededor de 350 millones de litros de agrotóxicos por año, y la cifra va en aumento. Ello impacta en forma directa sobre las poblaciones cercanas a los campos donde se fumiga, pero también llega a las grandes ciudades a través de la industria alimentaria que utiliza derivados de la soja y el maíz en prácticamente todo. De esta manera, los problemas de salud han cambiado: a medida que avanzan los transgénicos y los venenos, aumenta el cáncer, los problemas de tiroides, los abortos espontáneos, los nacimientos con malformaciones, entre otros. Hay decenas de estudios de Universidades Nacionales que revelan esta relación y desmienten el discurso de las corporaciones de que “no hay peligro”. De entre las millones de personas expuestas a los agrotóxicos surgieron grupos, asambleas y un nombre: “Pueblos Fumigados”.

Qué hacer?
Los Pueblos Fumigados de Buenos Aires se vienen organizando, llevan años alertando a la población y reclamando al gobierno que defienda el derecho a la salud y a la vida. Este es el 9no Encuentro y desde el anterior, en San Andrés de Giles, han incorporado como identidad la construcción de alternativas de la mano de la Agroecología. Van mucho más allá del reclamo de no convivir con agrotóxicos.
Este año se trabajó alrededor de 9 caminos o ejes temáticos como Salud, Legales, Arte y Comunicación, Ciencia Digna, Agroecología (experiencias y redes), Educación o Escuelas rurales, retomando debates de años anteriores e incorporando nuevos para complejizar la reflexión. Así se abrieron los espacios de Construcción Social y de Mujeres y agroecología
El encuentro tuvo además una marcha por el centro de Saladillo hacia la escuela Andrés Carrasco, al sonido de la murga Las Flores del Desierto, de la ciudad de La Plata, que concitó la atención de vecinos y comerciantes, que saliendo a las veredas saludaban al grupo que cantaba: ¡Hay alternativa, agroecología!, ¡Vecino, vecina, no sea indiferente, que cuando nos fumigan envenenan a la gente!.

Andrés Carrasco, presente
La marcha llegó a la escuela Nº5 localizada en la periferia de la ciudad, muy cerquita de los campos donde se fumiga, adonde fue recibida por Luis, su director, con una remera que rezaba: Yo caí en la escuela pública.
El director contó que el nombre de la escuela fue elegido mediante una consulta amplia y pública con la comunidad, que conocía al Dr. Carrasco y la problemática de las fumigaciones a partir de la difusión de docentes y de la ONG ECOS de Saladillo. Las paredes de la escuela lucían los trabajos de los estudiantes sobre el tema.
Un plenario con la puesta en común de las comisiones coronó el encuentro en donde quedó manifiesta la necesidad de crear redes nuevas y fortalecer las existentes, en este movimiento diverso, multicéntrico, que necesita mayor alcance y visibilidad ante el conjunto de la sociedad.
El agronegocio no es sólo un modo de producir comodities de exportación, sino la herramienta para consolidar cierto tipo de sociedad, que observa a los que se oponen al modelo como opuestos al desarrollo o al supuesto progreso, y se los interpela con el falso argumento de la ausencia de alternativas.
Cada vez más, productores y consumidores buscan alimentos sanos a precios justos, y cada día aumenta la superficie agroecológica que puede proveerlos.
La Agroecología retorna formas de producir alimentos sanos en ambientes sanos e invita a construir nuevas formas de estar en el mundo, avanzando hacia el Buen Vivir.

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Renace

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Carta abierta a los Ministros de Ambiente y Agroindustria

 

Al Sr ministro de Agroindustria Luis Etchevehere:
Al Sr Ministro de Ambiente y desarrollo Sustentable Sergio Bergman:

Ante la Resolución 1/2018, Conjunta de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria que ustedes administran, destinada a avanzar en pautas para regular la aplicación de plaguicidas, fundamentalmente en zonas periurbanas, desde la Red de Acción en plaguicidas y sus alternativas de América Latina (RAPAL) manifestamos nuestra preocupación y rechazo de la normativa entre otros por las siguientes aseveraciones expresadas en la misma:

Dice la normativa
“Que la implementación de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios es de interés común a toda la Nación, razón que amerita una mejor definición de los principios políticos rectores para una mejor coordinación en todo el territorio de las políticas en la materia”

No se tiene en cuenta que:
– El problema de salud pública originado por los plaguicidas no se inicia en la aplicación, muy por lo contrario, cabe reflexionar sobre los mecanismos que hacen a la autorización de importación y fabricación de dichos productos, a su categorización toxicológica y a su comercialización, de tal modo que:
– En nuestro país se permite la importación, fabricación y venta de plaguicidas cuyos productos activos se hayan prohibidos o restringidos en otras naciones tal el caso del herbicida Paraquat y los insecticidas Fipronil e Imidacloprid
– Se categoricen a los plaguicidas solo por su efecto agudo y sin tener en cuenta sus características químicas y relación con el ambiente y además la posibilidad generar enfermedades crónicas; como el cáncer o mal de Parkinson, ya actuar como disruptores endocrinos o producir enfermedades epigenéticas
– En la actualidad la venta de agrotóxicos se realiza con un muy bajo control, aún de aquellos productos categorizados como altamente peligrosos. Se pueden adquirir incluso fraccionados y/o utilizarse en cultivos para los cuales no han sido autorizados.
– Se continúa utilizando un término neutro “fitosanitario” para denominar productos altamente peligrosos para la salud socioambiental lo cual resulta inadmisible si se quiere alertar a las personas expuestas a estos productos

Continua la normativa expresando que
“Que la Ley Nº 25.675, en su Artículo 2º, determina entre los objetivos de la política ambiental nacional, los de asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria, promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales”.

No se tiene en cuenta que:
– Si se hace hincapié realmente a la salud pública se debería tener en cuenta los siguientes ítems:
Las características fisicoquímicas de los productos, por ejemplo, su bioacumulación, su solubilidad en agua, su persistencia, “efecto saltamontes”, su capacidad toxica dentro de los parámetros que hacen a la categorización y venta de estos productos
– Se apoyaría más desde la política públicas, y sus instrumentos, a la producción agroecológica
– Se realizarían más estudios epidemiológicos en comunidades expuestas a los agrotóxicos
– Se prohibirán los productos extremadamente peligrosos

Continua la normativa establecida
“Que dicho Consejo Científico Interdisciplinario informó en el mes de julio de 2009, entre otras, que bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas), el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente, poniendo de relieve la importancia fundamental de las buenas prácticas”

No se tiene en cuenta que:
– Si bien el herbicida glifosato es uno de los productos más utilizados, no es el único dado que derivado de la perdida permanente de diversidad biológica y de la generación de resistencias en insectos y enfermedades, se utilizan plaguicidas altamente peligrosos como el 2, 4 D., paraquat, clorpirifos, entre otros.
– Existe información científica que demuestra el efecto en la salud del glifosato y otros plaguicidas. Basta analizar la excelente Antología toxicológica del glifosato realizada por el técnico en epidemiología Eduardo Rossi donde se reúnen trabajos científicos relacionados con el efecto del herbicida en la salud socioambiental

Continua la disposición
“Que en el marco de dicha Red de Buenas Prácticas Agropecuarias se han elaborado DOS (2) documentos de referencia técnica, a saber: las Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, y las Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que regulen sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios”.

Ante esta situación cabe preguntarse
– ¿qué son las buenas prácticas agrícolas ¿quién las termina? ¿quién controla? Se debe tener en cuenta que más allá de las prácticas y condiciones de aplicación cada producto químico posee sus propias características, lo que determina su vida de “escape” y vida media en el ambiente; por ejemplo, su solubilidad, su capacidad bioacumularse, su deriva primaria y secundaria y desde allí las posibilidades de causar enfermedades agudas y crónicas.
– ¿Quién controla por ejemplo la venta de plaguicidas, las condiciones sociales de aplicación, las condiciones labores de uso, el desecho de envases y líquidos remanentes?

Por último, la disposición expresa
ARTÍCULO 3º.- Créase el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios con el objeto de:
a. Elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección.
b-Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios.
c. Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Cabe reflexionar que
– El grupo de trabajo contempla un solo representante relacionado con la salud de la población, trabajadores y productores expuestos, ¿así se protege a la salud de las comunidades y de los trabajadores expuestos?
– Más allá de las zonas lindantes a las zonas de aplicación, las comunidades se hallan expuestas en forma directa a la fase de aplicación e indirecta al aire, agua, alimentos y suelo contaminados
– Los trabajos de campo han demostrado que los sistemas de control de comercialización y registro de aplicación son muy débiles, cuanto en ocasiones inexistentes; ejemplo en las actividades hortícolas, producción de tabaco, etc.,
“Podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las materias que trate el Grupo de Trabajo”
– Esta misma aseveración se hizo en la creación de la comisión nacional de seguimiento del uso de agroquímicos sancionada en el año 2009, durante el gobierno de la Dra. Cristina Fernández, y NUNCA fuimos invitados a pesar de nuestras reiteradas solicitudes por escrito.

Ante esta situación y la premura relacionada en que se trata de la salud pública solicitamos;
– Iniciar una profunda discusión acerca del uso e impacto de los plaguicidas, en la cual participen todos los actores involucrados a fin de realizar diagnósticos apropiados y planificar actividades concretas, plausibles y eficaces
– Que el gobierno argentino, tal como se discute actualmente en la Estrategia internacional sobre el manejo de sustancias químicas, SAICM en su sigla en inglés, reconsidere el registro, categorización y uso de los plaguicidas denominados altamente peligros (HHP).
– Que se apoye de manera integral, continua en el tiempo y de modo sustentable a la producción de base agroecológica.

 

 

Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
Coordinador regional de la Red de Acción y plaguicidas y sus alternativas de América Latina
javierrapal@yahoo.com.ar

www.renace.net

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A quien quiera oír, a quien quiera conocer la verdad

A quien quiera oír, a quien quiera conocer la verdad

En los días 6 y 7 de enero nos encontramos reunidos en trawun en el territorio recuperado de la Lof Mapuche Pillán Mahuiza, a 100 km al sur de la ciudad de Esquel, Chubut, convocados a partir del resurgimiento del proyecto hidroeléctrico La Elena sobre el Río Corcovado-Carreleufú.  El proyecto amenaza con inundar 11.000 Has de bosque nativo generosísimo que alberga una gran diversidad de flora y fauna donde además de esta lof habitan y se sustentan varias otras familias.  Las únicas orillas desalambradas de acceso libre al río son las que protege la Lof Pillán Mahuiza en el territorio recuperado hace ya 18 años. La Lof Pillán Mahuiza, decidida a defender la vida del territorio y el resguardo del río, realiza este trawun.
El trawun analizó la coyuntura política represiva del país caracterizando la grave situación que afronta la Nación Mapuche en la defensa de la vida en su territorio. Ejemplos de esto son los testimonios que escuchamos de integrantes de otras lof que participaron:
Gonzalo Cabrera, de la Lof Fentren Kimun de Gualjaina, contó como la policía lo torturó para sacarle una declaración falsa en contra de otros mapuches. A partir de que él desmintió esa declaración y denunció la tortura sigue siendo víctima de hostigamiento policial. La Lof Fentren Kimun también informó que es muy posible que haya un nuevo intento de avance de las mineras sobre sus territorios y que las comunidades de la región acordaron en impedirlo como lo hicieron años atrás .
Javier Cañió es el inan lonko la Lof Cañió de Buenos Aires Chico (El Maitén), que viene resistiendo a la instalación de un centro de esquí en su territorio, sufre un montaje judicial para incriminarlo en un delito que no cometió: el ataque a un puestero de Benetton y el incendio del puesto, delito que anteriormente se le quiso adjudicar a Santiago Maldonado.
La Lof Pillán Mahuiza viene sufriendo diversas persecuciones como consecuencia del compromiso solidario con la resistencia de las comunidades. Entre los últimos hechos: en el 2015 el espionaje ilegal contra integrantes de la lof quedó al descubierto con el hallazgo del expediente clasificado de la ex-SIDE. En primavera del 2017, Moira Millán, integrante de la lof, recibió amenazas de muerte y un mensaje mafioso en la forma de una zorra torturada y muerta que apareció en la puerta de su casa. Por último, el informe delirante y peligroso que acaba de presentar el Ministerio de Seguridad de la Nación, señalándola a Moira Millán como vocera de una supuesta organización llamada Restencia Ancestral Mapuche.
El presente trawn denuncia la presencia de dos efectivos de las fuerzas de seguridad que se apostaron a orillas del río frente al lugar donde se realizó la reunión. Esto último es indicador del nuevo discurso que tiñe al mapuche como terrorista o enemigo interno, y sirve como justificación para la aplicación de políticas represivas selectivas. Estas políticas pretenden frenar la resistencia activa contra el extractivismo y los latifundios en la Patagonia, que en la alianza estratégica entre la nación mapuche y la sociedad no mapuche ha logrado importantes victorias en esas luchas. Esto demuestra que el consenso a favor de la vida entre los pueblos es posible. Desde este trawun reconocemos la plurinacionalidad de los territorios y el derecho a la libre determinación de las 36 naciones que cohabitan con el pueblo argentino.
Denunciamos particularmente el racismo institucionalizado y las políticas segregacionistas hacia los y las jóvenes de pueblos originarios en las grandes ciudades, llevando a la estratificación del valor de la vida humana donde algunas valen más que otras. Un indignante ejemplo de esto es el asesinato reciente de Rafael Nahuel, que fue perpetrado por el estado, y la poca repercusión que tuvo su muerte en comparación con la del compañero Santiago Maldonado. Otro ejemplo es el doble enjuiciamiento de Facundo Jones Huala, que a pesar de ser anulada su causa por estar viciada de irregularidades, se encuentra preso de nuevo hace más de 6 meses por la misma causa.
Reafirmamos el compromiso conjunto de acompañar a la Lof Pillán Mahuiza en la defensa de la vida del territorio y contra el asesinato del Río Corcovado-Carreleufú.

 

 

Lof Pillan Mahuiza
Lof Cañió, Buenos Aires Chico
Lof Fentren Kimun, Gualjaina
Lof Huisca Antieco, Alto Río Corinto
Ya Basta Edi Bese, Italia
ReNaCe, Red Nacional de Acción Ecologista
Asociación Ecologista Piuke, Bariloche
Colectivo Tinta Verde, La Plata
Sociedad Ecológica Regional, Comarca Andina
ECOS, Saladillo, Bs. As.
CEPRONAT, Santa Fé
Campaña Paren de Fumigar
BIOS Argentina
Foro Ecologista Paraná, Entre Ríos

 

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Charla sobre energía nuclear en El Bolsón

Charla sobre energía nuclear en El Bolsón

 

El Bolsón es el primer municipio del país que se declaró No Nuclear. La asociación Árbol de Pie de Bariloche organizó un encuentro para debatir sobre la energía nuclear.
El sábado 5 de agosto se realizará en El Bolsón, la “JORNADA PATAGONIA NO NUCLEAR! ¿Central Nuclear? Ni aquí ni en ningún lado”, a llevarse a cabo en el Instituto de Formación Docente Continua (Alberti y Liniers) desde las 9.30 horas a las 17.30 horas.
La organización de la jornada está a cargo de la Asociación Árbol de Pie de San Carlos de Bariloche, y la intención es dar a conocer, a través de los disertantes, las distintas razones por las que gran parte de la población rionegrina rechaza el proyecto de la Central Nuclear en la provincia.
La ciudad de El Bolsón es el primer municipio del país que se declaró No Nuclear a través de la ordenanza N° 69 del año 1984.
Los expositores serán: Pablo Lada del MACH (Movimiento antinuclear del Chubut): “Patagonia ¿hogar o basurero nuclear? Los riesgos y problemas del ciclo del combustible nuclear. Del extractivismo uranífero a la fisión del átomo”, la licenciada Silvana Bujan de la organización Bios de Mar del Plata Centrales Nucleares: “Una historia de engaños, ocultamiento y abandono”; Roberto Ochandio“Producción de uranio para plantas nucleares”; Mauricio Scheneebeli: “Energías renovables de Baja Potencia”.
Esta Jornada se da en el marco de la reciente firma de Acuerdos entre el gobierno nacional y China para la construcción de dos centrales nucleares, una de las cuales se construiría en cercanías a la costa atlántica rionegrina, próxima a la ciudad de Sierra Grande. Cabe destacar que en la costa marítima existen Áreas Naturales protegidas provinciales creadas con el fin de proteger la biodiversidad marina. Desde el anuncio oficial, se realizan movilizaciones multitudinarias y asambleas en varias ciudades con el objetivo de repudiar la instalación de la central nuclear.

A continuación un breve resumen de la trayectoria de los expositores:

Pablo Palicio Lada es un activista que integra desde hace dos décadas el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), una pequeña organización que trabaja en el campo de la ecología social y que adquirió relevancia nacional al impedir la instalación del primer repositorio de desechos radioactivos de alta actividad del mundo.
Miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y de las Asambleas Socio Ambientales de la Patagonia conformadas para resistir la instalación de grandes proyectos extractivos contaminantes.
La difusión de las temáticas medioambientales lo llevó a dictar decenas de conferencias en diferentes ciudades y a participar en la realización de numerosas actividades de investigación sobre la cuestión ambiental y nuclear en particular y a la denuncia del inconmensurable impacto para la vida en general de esta actividad.

Silvana Buján es Argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y periodista científico y ambiental, ejerciendo desde hace más de dos décadas de manera ininterrumpida a través de radios y medios gráficos del país y del exterior. Es activista ecologista y participa, dirige o coordina organizaciones no gubernamentales y redes temáticas. Es conferencista y consultora en temas de ambiente y desarrollo. Ha obtenido tres veces el 1º Premio a la Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires (2009, 2012, 2014) y el 2º Premio en 2010; el 1º Premio Latinoamericano y del Caribe del Agua CATHALAC-UNESCO 2009; Ocho Premios Martin Fierro por sus trabajos en radio y 21 nominaciones. Ha sido Premio Nacional de Periodismo en el año 2007, 1º Premio del Congreso Tabaco o Salud 2010, 1º Premio de Periodismo en Salud de la Asociación Médica Argentina 2010 Distinción honorífica Colegio de Ingenieros DII por su labor en difusión ambiental, 2013. Lleva adelante desde 1998 ECOS ciclo de periodismo cientifico abocado al ambiente y las culturas. Y CALIDAD EN VIDA, de periodismo médico, cultura y salud. Dirige BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista y la Coalición Ciudadana Anti Incineración. Es miembro del Comité Consultivo de GAIA internacional. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y la Red Latinoamericana de Periodismo Ambiental. Vive en Mar del Plata.

Roberto Ochandio es Licenciado en Geografía, Universidad de North Texas, Denton, Texas, EEUU. Ingeniero de Campo de Hughes Services Company (1978). Ha realizado una Investigación de métodos para la extracción de uranio e impacto de actividades de extracción y procesamiento del mineral. Por otra parte, investiga y ha dictado varias conferencias en nuestro país y naciones limítrofes, acerca de los efectos de la extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica, siendo Co-autor del libro “20 mitos y realidades del fracking”, el cual ayuda a interpretar los impactos de la fractura hidráulica considerando aspectos técnicos, sociales, legales y ambientales.

Mauricio Scheneebeli, de San Carlos de Bariloche, hace 15 años que trabaja en temas de energías renovables. Diseño de sistemas de baja potencia/equipos, microcentrales, etc.

Fuente: bariloche2000.com
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Basta de injerencia corporativa en la educación pública argentina

la educacion no se vende se defiende

 

Ante los recientes anuncios de acuerdos con corporaciones mineras y del agronegocio para introducir contenidos en la educación pública argentina los firmantes de esta nota queremos exponer nuestra absoluto rechazo a estos acuerdos y exigir que los mismos sean inmediatamente revertidos.
La educación pública debe responder a los intereses del pueblo argentino, sus necesidades y aspiraciones y de ninguna manera quedar sometida a los intereses de sectores corporativos que no hacen más que buscar el lucro y la ganancia a través del extractivismo sin importar las consecuencias socioambientales que produzcan sus acciones.
Desde hace décadas amplios sectores de la sociedad, como organizaciones ecologistas, de derechos humanos, pueblos originarios, movimientos campesinos y consumidores venimos denunciando los graves daños que tanto la minería como el agronegocio vienen provocando en extensas regiones de nuestro país. La devastación y contaminación, la expulsión de comunidades de sus territorios, el hacinamiento urbano, la brutal deforestación, el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de economías regionales, las permanentes denuncias sobre la comercialización de alimentos altamente contaminados tanto química como industrialmente, los datos alarmantes del crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, son solo algunas de las consecuencias de este modelo productivo hegemónico impuesto a fuerza de mecanismos autoritarios y violencia feroz.
La educación pública en todos sus niveles debe seguir manteniendo su absoluta independencia de intereses comerciales y corporativos y debe seguir siendo una de las fuentes del pensamiento crítico que alimente y enriquezca una sociedad plural y democrática.
Los acuerdos recientemente firmados (1, 2, 3) por el gobierno nacional con la complicidad de muchos gobiernos provinciales significan abrir las puertas para que estos poderes corporativos puedan maquillar sus crímenes y laven su imagen como ya los están haciendo a través del control de los grandes medios de comunicación masivos y a través de mensajes, folletería y programas que silenciosamente se están desarrollando en algunos establecimientos escolares.
Vienen por nuestros territorios, nuestros bienes naturales, nuestra soberanía alimentaria, no solo con acuerdo políticos comerciales sino que ahora a través de uno de los bienes más preciados de una sociedad: la educación.
Primero con nuestros investigadores financiando “la producción del saber” ahora con nuestros niños definiendo contenidos a aprehender.
Esta licencia otorgada a Monsanto y las Mineras en su participación en nuestro sistema educativo no es más que una avanzada ya no disimulada de los gobiernos en la entrega de nuestra Soberanía Alimentaria, nuestra autonomía y nuestros bienes naturales.
Insistimos en la resistencia y la denuncia sobre estos acuerdos hasta que sean revocados. Rechazamos toda injerencia de los poderes corporativos en cualquier instancia de políticas públicas.
Por una educación pública gratuita, plural  y al servicio de la Soberanía Alimentaria y la defensa de los bienes naturales de nuestro pueblo decimos

SI A LA AUTONOMÍA EDUCATIVA
FUERA LAS CORPORACIONES DE NUESTRA EDUCACIÓN

Renace

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Biocidas en alimentos

Biocidas en alimentos

 

Ante la aparición en los medios masivos de comunicación de resultados alarmantes que venimos hallando y denunciando desde hace muchos años, en vegetales de consumo humano, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) emitió un comunicado en el cual afirma que los agroquímicos biocidas que contienen las frutas y las hortalizas que se comercializan en argentina no representan riesgos para los consumidores.
Ello es, por lo menos, temerario, en las dos acepciones del término:

– Imprudente, que se expone o expone a otras personas a riesgos innecesarios.
– Que se dice, hace o piensa sin fundamento: juicio temerario.

1 – El SENASA no controla todas las frutas y hortalizas que se venden en mercados y se consumen en Argentina.
2 – Los Límites máximos de residuos (LMR) en los que se basa la reglamentación del SENASA y de los escasos y excepcionales controles, es la concentración máxima de un residuo de agroquímico biocida, que se permite legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o comida para animales.
Esa concentración no evalúa la presencia de los diferentes tóxicos en diferentes alimentos, que son o pueden ser consumidos por una persona a lo largo del día. T
Tampoco evalúa las diferentes susceptibilidades por edad, otras enfermedades, sexo, embarazo, presencia de otros tóxicos en su ambiente.
3 –  Los LMR están vinculados a la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad regulada de un determinado pesticida que una persona puede consumir sin que le cause daños toxicológicos. Esa IDA es un valor cuya forma de determinación es desconocida en la mayoría de los casos, y que no evalúa múltiples enfermedades posibles.
4 – Por ello no hay manera de que el SENASA pueda demostrar que el consumo de bajas dosis de múltiples pesticidas a lo largo de la vida de una persona no desencadene en enfermedades como cáncer, problemas reproductivos, efectos neurotóxicos y disrupción endócrina alterando al sistema inmunológico, entre otros. Por lo que el SENASA en particular y el Estado en general debería aplicar, mínimamente, el principio precautorio establecido en nuestra legislación vigente.
5 –  La explícita intencionalidad del SENASA de “llevar tranquilidad a la población” comunicando que las frutas y hortalizas que se comercializan en la Argentina no representan un riesgo para la salud del consumidor, inducen a la población a no tomar precauciones como lavar los alimentos o pelarlos, y oculta que hay vegetales que contienen los químicos en su misma pulpa interior.

La temeridad del comunicado del SENASA se hace aún más explícita con la imagen del cultivo en invernadero de lechuga, ya que diversos informes muestran que es una de las hortalizas donde se detectaron la mayor cantidad de muestras con pesticidas.
Ref/ http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-senasa-controla-la-inocuidad-de-las-frutas-y-hortalizas
Recordamos las reflexiones que publicamos en este sentido, para el Día de la Tierra:
Cuál es el límite máximo permitido diario de pan?
Cuál es el límite máximo permitido diario de mate?
Ultimamente, y debido a la visibilidad que ha tomado el problema sanitario de los residuos de biocidas en los alimentos y en el ambiente, hemos recibido numerosas consultas. Como BIOS Argentina ONG estamos leyendo las inquietudes que debieran dirigirse a las autoridades de salud del país o de cada una de las provincias. Estas inquietudes van desde cómo conseguir alimentos libres de tóxicos, hasta los efectos en la salud que estas sustancias producen.
No es fácil escuchar a una madre preguntándonos qué significa que le haya aparecido glifosato en la orina, o dimetoato en la sangre de su hijo.
Conocer este tema, claramente puede generar que las personas nos paralicemos al enfrentar un problema tan grande que nos parece que se halla fuera de nuestro alcance poder modificar.  Y eso no es cierto.
Hay varios aspectos que solemos remarcar cuando nos consultan:

Los límites máximos permitidos en cada alimento, especialmente los vegetales.
Es éste un agujero negro. Nadie sabe quiénes han resuelto ese “número mágico” que dice que puedo consumir 0,05 mg/k de determinado tóxico en mi comida. ¿Por día? ¿por hora? ¿por semana? ¿si peso 50 kilos? ¿si peso cinco kilos y soy un bebé que come puré? ¿si soy un anciano? ¿si soy un adolescente en desarrollo hormonal? ¿si estoy inmunodeprimido?
Además, ese número mágico no contempla que nos alimentamos a diario de una variedad de alimentos, que portan varias, muchas, diversas sustancias, por lo cual no comemos UN SOLO límite admisible de una sola sustancia, sino muchas sustancias juntas, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Ese cóctel, nunca nadie lo ha estudiado.
Resulta virtualmente imposible responderle a esa madre o determinar qué nos va a pasar si comemos varias cantidades de diferentes sustancias, ya que las verduras no vienen con un cartel que indica qué tóxicos trae adentro, y por otro lado, cada uno, usted, yo, su pequeño hijo, tenemos diferentes masas corporales, somos lábiles o alérgicos o reactivos a diferentes sustancias, fumamos o no fumamos, tenemos alguna enfermedad o no, por lo cual, esos Límites Máximos Permitidos caen en un abstracto pavoroso que nos instala frente al abismo de la incertidumbre.

La dudosa ciencia
Estallan en todo el planeta las evidencias de que científicos mercenarios han sido pagados por quitar importancia a los efectos sobre la salud y los ecosistemas de cientos de sustancias tóxicas (tal como sucedió con el tabaco) y que las empresas fabricantes de estas sustancias han financiado campañas electorales en varios países. ¿Qué confianza depositar sobre las evaluaciones que las agencias sanitarias de esos países hacen sobre la toxicidad de las sustancias que fabrican sus amigos?. Además, nunerosos otros científicos, los que investigan por el afán de saber, están a gritos diciendo todo lo contrario de lo que dicen esos señores que preguntaron a quienes los contrataban hace años, ¿”qué número quieren que ponga en mi publicación”?

Las evidencias en nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros amigos.
En todo el mundo se visibilizan al fin las víctimas de los agrotóxicos en la forma de índices disparados de diabetes, cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, infertilidad, celiaquía. ¿Qué esperanza podemos poner en los mecanismos de control que vemos que no han controlado nada?.

Y el modelo insiste
Vemos que se promueve a las buenas prácticas agrícolas como la solución al problema. Resulta una canallada ocultar que éstas no toman en cuenta la contaminación crónica, el etiquetado fraudulento, la evaporación de los tóxicos luego de las aplicaciones, la cadena de externalidades contaminantes que van desde los envases hasta los accidentes fortuitos, la imposibilidad del control certero (alguien ha visto alguna vez un inspector analizando qué tiene realmente el tanque del aplicador que está saliendo a fumigar? Qué mezcla ha hecho y si acaso conincide en algo con lo que dicen los papeles? Además, ninguna institución sanitaria ha investigado nunca qué sucede en el cuerpo humano con las mezclas, los cócteles, los surfactantes, los coadyuvantes, que se aplican.

El hambre en el mundo
Llevamos más de medio siglo escuchando que esta agricultura tóxica resolverá el hambre en el mundo. Más allá de que un porcentaje gigantesco de esta agricultura industrial es para forraje y oleos, y no para comer, el hambre en el planeta cada día se extiende más.
También se desnuda que fueron los fabricantes de estas sustancias las que instalaron la idea de que sólo así podemos comer, a través de poderosas campañas de prensa a lo largo de las décadas, cooptando o comprando universidades, funcionarios e investigadores.  Miles de ejemplos de agricultura orgánica en el mundo entero y especialmente en Argentina y Europa muestran que nos han mentido.

Nuestra certeza
Nada de ésto estaríamos diciendo si la producción de alimentos fuese agroecológica, porque dejaríamos de tener que preocuparnos por todas estas cosas, y produciríamos alimentos sanos, manteniendo, a la vez, los ecosistemas en funcionamiento y nuestros cuerpos saludables.
Vemos el cuadro de situación con claridad meridiana, y nos preguntamos si la vida del ambiente y de todos nosotros puede seguir en riesgo por un grupo de comerciantes de veneno que mantiene de rehén a la Vida en todas sus manifestaciones.

Fuente: Renace

 

 

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Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados

Conflictos socioambientales en Córdoba Bien plantados

Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a “defender la vida” que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.

Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común “el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental”. Y ejemplifica: “A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto”. Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.

La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: “Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable”. Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
“Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar”, insiste Kopta.

La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. “Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales”, señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. “Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas”, planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como “la pelea contra el basural de Mestre” o “contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos”–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.

Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia

Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de “un grupo de fanáticos”. Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el “acampe” de Malvinas por “marginal, trosko y minoritario”, el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?

Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia

Gentrificación, “No en mi patio”, urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. “Not In My Back Yard” (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy  View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como “elitización” de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.

Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales

Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las “Madres de Ituzaingó” y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.

Fuente: La Voz del Interior
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El impacto de los agrotóxicos

El impacto de los agrotóxicos

 

Un informe de la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, responsabiliza a los agrotóxicos por la muerte de 200 mil personas al año y cuestiona la idea de que sin ellos no es posible alimentar.
“Hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”, afirmó el mayor organismo de Naciones Unidas (ONU) referido al derecho a la alimentación. En un duro informe, desmintió que los agrotóxicos sean necesarios para producir alimentos, los responsabilizó por la muerte de al menos 200 mil personas al año, denunció el lobby empresario y confirmó el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el ámbito especializado de la ONU para abordar la situación del acceso a los alimentos, nutrición, modelos productivos y necesidades, desde una perspectiva de derechos humanos y multidisciplinario. Al frente está la especialista turca Hilal Elver, que presentó su último documento ante el Consejo de DD.HH.de la ONU.
“La producción agrícola se ha incrementado. Ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente, y al mismo tiempo el aumento de la producción no ha logrado eliminar el hambre en el mundo. La dependencia de plaguicidas es una solución a corto plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras”, afirma el escrito de Naciones Unidas, y al mismo tiempo, desmiente que sean necesarios químicos y transgénicos para acabar con el hambre (como suelen publicitar las empresas): “Sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”.
El documento (“Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación”) contó con la redacción del Relator Especial de Sustancias y Desechos Peligrosos, precisa que al menos 200.000 personas mueren al año por intoxicación aguda y el 99 por ciento suceden en países en vías de desarrollo.
El trabajo confirma los efectos de los agrotóxicos en la salud, hecho negado sistemáticamente por las empresas y periodistas del agro. “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas. Estudios han constatado la presencia de diversos plaguicidas en el cordón umbilical, probando la existencia de una exposición prenatal”, afirma el trabajo y específica que la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, autismo y problemas respiratorios.
Otros efectos en la salud que confirma: cáncer, alzheimer, parkinson, trastornos hormonales, problemas de desarrollo, neurológicos y esterilidad.
Los especialistas de Naciones Unidas no tienen dudas de que los agroquímicos “implican un costo considerable para los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, afectando a los derechos humanos”. Y remarca: “Las investigaciones científicas confirman los efectos adversos de los plaguicidas”. Al mismo tiempo, apunta al rol de las grandes empresas productoras: “Existe una negación sistemática, alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas, de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia”.
Toma como referencia la situación del glifosato, utilizado en la producción de soja transgénica, maíz y algodón, entre otros. “Ha sido presentado como menos tóxico que los herbicidas tradicionales pero existe una considerable división de opiniones acerca de su efecto. Estudios han señalado efectos negativos en la diversidad biológica, la flora y fauna, y el contenido en nutrientes del suelo. En 2015, la OMS anunció que el glifosato era un probable cancerígeno”. Y recuerda que los estudios de toxicidad de las empresas “no analizan los múltiples efectos crónicos relacionados con la salud (solo abordan los efectos agudos, de corto plazo)”.
El Relator de Derecho a la Alimentación es uno de los pocos espacios de Naciones Unidas que no es dominado por el lobby de las empresas transgénicas. El informe precisa que tres empresas (Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina) dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas. “Las transnacionales ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”, advierte.

 

Fuente: Página/12
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Organizaciones ambientalistas protestan contra la nueva Ley de Bosques en Córdoba

Organizaciones ambientalistas protestan contra la nueva Ley de Bosques en Córdoba

 

Las agrupaciones reafirman la defensa del bosque nativo y cuestionan el proyecto de ley del oficialismo que, según afirman, fue elaborada y promovida “sin la participación ciudadana”
Más de ochenta organizaciones que integran la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba realizarán este miércoles una movilización en la capital local, para protestar contra el proyecto para el nuevo Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo provincial que promueve el gobernador Juan Schiaretti.
La marcha se realizará a las 18 desde la intersección de Colón y Cañada hasta la plaza San Martín, en el centro de la capital cordobesa, donde se realizará un cierre con festival artístico y musical, según indicó la agencia Télam.
Con la consigna “¡Sí a la vida. No a la ley de desmonte!”, las organizaciones nucleadas en la Coordinadora reafirman la “defensa del bosque nativo cordobés” y cuestionan el proyecto de ley del oficialismo que, según sostienen, fue elaborada y promovida “sin la participación ciudadana”, en contraposición con lo que establecen legislaciones nacionales como el caso de la ley General del
Ambiente 25.675 y la ley 26331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
El proyecto tenía agenda para tratamiento en la Legislatura para fines de diciembre del año pasado pero ante las protestas sociales y de sectores ambientalistas, el gobernador Schiaretti resolvió posponer la discusión en el recinto parlamentario.
Los ambientalistas sostienen que el nuevo marco legislativo, que se promueve por intermedio del bloque del oficialismo de Unión por Córdoba (UPC), implica ampliar las zona de deforestación para la explotación agraria, además de extender el rolado selectivo (aplastamiento y corte de vegetación).
Además, denuncian que que la nueva legislación que se pretende aprobar agrava el riesgo de inundaciones, el deterioro ambiental de las zonas rurales y urbanas, el avance de la soja por sobre los cultivos de los alimentos de primera necesidad y la escasez y deterioro en la calidad del agua, entre otros problemas.

Fuente: Info Campo
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