Contaminación en el Puerto: anulan el sobreseimiento de acusados de arrojar residuos peligrosos

 

La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. «Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento», agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.

Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.

El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.

Fuente: 0223.com.ar
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Los vecinos de La Porteña tenían razón: el expediente confirmó las fumigaciones a cero metros de la escuela

 

Las inspecciones hechas en el establecimiento educativo 33 constataron la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre el potrero y la escuela. En un primer momento, el resultado había sido negativo y los denunciantes insistieron, pero no recibieron más respuestas. Finalmente, se enteraron de la resolución al pedir el expediente bajo la ordenanza de acceso a la información pública.
Todo comenzó el pasado 4 de octubre, cuando un grupo de habitantes del paraje La Porteña presentó una nota al Municipio denunciando el incumplimiento de la ordenanza 12316, asunto 219/11, artículo 7, donde se establece la prohibición de la aplicación de agroquímicos a menos de 150 metros de establecimientos educativos. Los vecinos percibieron que en la Escuela 33 “Guillermo Enrique Hudson”, a la que asisten sus hijos, las fumigaciones se estaban dando, incluso, sobre el alambrado lindante a la institución, sin respetar la norma.
Desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, la Dirección de Medioambiente, a cargo de Héctor Creparula, accedió al pedido de inspección, convocando también a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria, Analía Alonso, y al responsable de Asuntos Agrarios del Municipio, Igancio Diribarne. Según informaron los denunciantes, la primera recorrida que oficiaron los funcionarios arrojó una respuesta negativa a su reclamo, considerando que las condiciones del terreno y los cultivos no se corresponderían con espacios fumigados. Incluso, sostuvieron que se habrían dejado más de 200 metros libres de agroquímicos, o sea que mucho más de lo establecido por la ley.
Pero los padres, preocupados por la salud de sus hijos, de la comunidad educativa y de la zona en general, no se dieron por vencidos en su convicción y volvieron a insistir, presentando una nueva nota a la dependencia municipal.

Las pruebas lo confirman

El tiempo pasó y lejos de obtener respuestas, decidieron a fines de diciembre, hacer uso del derecho al acceso a la información pública, poniendo en sus manos la totalidad del expediente. A raíz de ello, pudieron constatar que a principios de ese mes se labró un acta con tres puntos elementales, donde básicamente los funcionarios les dan la razón a los vecinos.
“Siempre sembraron hasta el borde del alambrado y al fin admiten que fue así, a cero metros”, dijo conforme Silvia Gómez, en representación del grupo, quién además acercó la documentación a este Diario.
En el documento constituido por Silvia Pedernera de la Inspección General y Habilitaciones, conjuntamente con el director de Medioambiente de la Municipalidad de Tandil, Héctor Creparula, y el titular de Asuntos Agropecuarios de la Municipalidad de Tandil, Carlos Ignacio Diribarne, sostienen que ante el reclamo efectuado por vecinos del paraje La Porteña, quienes denuncian la aplicación de agroquímicos en violación a la normativa vigente, tanto la municipal como la normativa provincial, “se comprueba a prima facie, que la aplicación efectuada con fecha 27 de octubre de 2019 (posterior a la primera denuncia de los lugareños) obrante en acta número 27616 de esta dirección, se ha realizado acorde a la normativa vigente”.
Sin embargo, dejan constancia que “el arrendatario y/o el titular dominial ha aplicado agroquímicos con anterioridad a la fecha del 27 de octubre de 2019, sin receta agronómica”. Asimismo, cercioran que “no se ha respetado la distancia en la aplicación de los agroquímicos respecto a la Escuela Primaria 33 del paraje La Porteña del partido de Tandil. Constatando la aplicación de agroquímicos hasta el límite entre potrero y escuela (0 metros, se referencia en imagen): hechos que configuran infracción a los artículos 6 y 7 de la Ordenanza Municipal 12316 y para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 12 del citado texto normativo y a la Ley Provincial 10699, artículo 8”.

Que la salud esté primero

“De aquí en adelante esperamos, al menos, que se respete la ley vigente, pero pedimos que se trate una nueva reglamentación, porque sabemos que la ordenanza de 150 metros es muy pobre”, dijo avalando la presentación del anteproyecto presentado por Graciela Canziani ante Banca XXI.
En caso de que no den lugar a dicho bosquejo, aseguró que acudirán a las autoridades provinciales para que se dictamine una norma que no avale las fumigaciones cercanas a instituciones educativas en toda la región.
En el camino que recorrieron desde su primera denuncia, vecinos de otras localidades de la zona se han acercado con la misma problemática, uniéndose en el reclamo. De hecho, el asunto ha repercutido también en otras provincias, haciéndose eco de esta lucha.
“Nos enteramos de que en Tandil todas las escuelas rurales son fumigadas”, lamentó. Admitió entonces, que una vez que se logre una normativa más eficiente, el beneficio será para todos, poniendo el esfuerzo colectivo como bastión para alcanzarlo.
“Hubo denuncias anteriores. Yo misma lo hice hace nueve años, cuando mi hijo ingresó a esta escuela, como otros padres, pero no hubo grandes cambios desde el Municipio”, contó.
Finalmente, Silvia Gómez, poniendo su voz para decir lo que todo su grupo piensa, manifestó la expectativa porque finalmente se vuelva normal el hecho de respetar estas leyes. “Que sea normal que la salud esté antes que la producción con agroquímicos”, aseveró, advirtiendo que hay otras formas de cultivar los alimentos como la orgánica y agroecológica, que en la ciudad están teniendo buenos resultados y repercusiones.

Fuente: El Eco de Tandil
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BIOS en los Medios. Plan nuclear argentino

 

Plan nuclear argentino: el rechazo es social, económico y principalmente ético

 

Los accidentes e incidentes produjeron que las comunidades no otorguen la licencia social a estos emprendimientos.
La energía nuclear es la hermana bastarda del armamento nuclear, necesario para la misilística que sigue hasta hoy la línea de Alamogordo, Hiroshima y Nagasaki, bautizada irónicamente como “Átomos para la paz”. En cada etapa del ciclo nuclear son posibles las derivaciones a la producción o tecnología de armas nucleares.
En todos sus años de existencia no se ha conseguido dar solución al problema de los riesgos que comportan los materiales radiactivos en los accidentes, mala manipulación, atentados directos o robos, vertidos y fugas a lo largo de todo el ciclo nuclear y de la descomunal cantidad de residuos que genera.
Las justificaciones han caído en el descrédito, vistas como intentos desesperados de defender esta tecnología no renovable, de alto riesgo y la más cara de la historia para producir electricidad. Se señala el tema de las emisiones de CO2, omitiendo que la mineración del uranio, el transporte y estructuras asociadas, tienen enormes emisiones que, engañosamente, no son incluidas en los cálculos.
Las últimas décadas muestran una la disminución de construcción de centrales en todo el mundo. Los inocultables accidentes e incidentes produjeron que las comunidades no otorguen la licencia social a estos emprendimientos. Italia cerró sus centrales en 1987; Austria reconvirtió su central nuclear a gas. Dinamarca prohibió por ley el uso de energía nuclear. Suecia decidió también el cierre de sus centrales. Alemania hizo lo propio poco después de Fukushima Daichi.
El relato de la seguridad es ya indefendible. El argumento económico es falaz ya que el cálculo para su evaluación deja afuera adrede, los costos de remediación, transporte, seguros, puesta en marcha, prospección y mineración, cierre de minas, la multimillonaria desactivación de las usinas al fin de sus ciclos, y fundamentalmente, los costos inimaginables de vigilancia, protección y control por miles de años de los desechos. Los cálculos honestos hacen de la energía nuclear la más cara que jamás haya existido.
Reabrir el Plan Nuclear Argentino iniciado por la Junta Militar es apostar a pérdida, con un riesgo altísimo y avasallando además los derechos de la ciudadanía que no acepta este tipo de energía. La CNEA no es fiable en este terreno. Dejó sin remediar pasivos ambientales durante décadas, es autárquica, no tiene transparencia habiéndose descubierto ocultamientos como la víctima fatal del accidente nuclear en el Centro Atómico Constituyentes en 1983.
Se trata ya no de un tema de seguridad, pues no hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados, garantizar la prevención de accidentes, ni gestionar con seguridad los residuos y las plantas radiactivas al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y las que se proponen construir. En cada etapa del ciclo nuclear se producen desechos que serán letales por miles y miles de años, dejando un legado radioactivo a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos, como especie, dejar ese legado a los que vendrán después de nosotros? ¿Qué derecho nos arrogamos para semejante cosa? Se trata claramente de un tema ético.

 

Por Silvana Buján
Lic. en Ciencias de la Comunicación Social
Periodista científico-ambiental

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Fallo a favor de Paren de Fumigar Mar del Plata

Agroquímicos: Un fallo a favor de ambientalistas marplatenses podría sentar precedente

La Suprema Corte Bonaerense ratificó en las últimas semanas una cautelar que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros en General Pueyrredon (Mar del Plata), y desde los grupos ambientalistas advierten que el fallo podría servir como testigo para situaciones similares que puedan darse en otros distritos de la provincia.
El conflicto por fumigaciones en Mar del Plata viene de larga data y el pasado julio tuvo un nuevo capítulo, cuando el máximo órgano judicial a nivel provincial falló a favor de la organización Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata y le devolvió la vigencia a una ordenanza sancionada en 2008.
«Es jurisprudencia de la que se pueden valer otros ciudadanos y otros vecinos para fijar esa distancia, pero es uno más de tantos que se han resuelto a favor de la salud y la vida», le dijo a DIB el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea, Lucas Landivar.
La norma municipal de hace más de 11 años (la Nº 18.740), ahora ratificada, prohibió en ese entonces la fumigación con agroquímicos a menos de 1.000 metros de «núcleos poblacionales», pero su reglamentación y aplicación quedó relegada por decisión política hasta el año 2011 cuando un grupo de vecinos presentó una acción de amparo.
Sin embargo, el tironeo no terminó ahí. Tras las primeras sanciones contra los infractores, sectores agropecuarios se abroquelaron e hicieron una presentación ante el Municipio que derivó primero en audiencias públicas y después en una nueva ordenanza más permisiva sancionada en 2013 (la 21.296). Ésta bajó los límites de prohibición de 1.000 a 100 metros.
Finalmente, luego una nueva presentación de sectores ambientalistas, la Corte bonaerense ratificó las distancias que determinó la ordenanza de 2008.

 

 

Fuente: diario4v.com

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El plan nuclear argentino fuera de control

Posicionamiento del 2° encuentro MARA 27 de abril 2019

– Denunciamos la ilegalidad original del proceso de extensión de la vida útil de la central Nuclear de Embalse, para lo cual se montó –en pleno reacondicionamiento- una Evaluación de Impacto Ambiental apresurada e incompleta y una Audiencia Pública montada para supuestamente blanquear la ilegalidad. Denunciamos además que la central ampliada y con mayor potencia es aún más peligrosa que su predecesora, y que también aumentará la peligrosidad del parque de silos donde se guarda el combustible agotado altamente radiactivo.
– Denunciamos asimismo que el responsable de la central nuclear de Embalse, NASA, hizo que se alcanzara la plena potencia del reactor cuando existen pérdidas que afectan sus circuitos y, eventualmente, la seguridad de la central.
– Afirmamos que el reactor nuclear de investigación RA-0 localizado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba no puede seguir funcionando en ese sitio, en plena ciudad y rodeado de asentamientos humanos de alta densidad. Que se trate de un reactor de investigación no implica que tenga menos riesgos.
– Requerimos que hasta tanto se cierre y remedie el sitio, y siga funcionando en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, se prepare a la comunidad para enfrentar su peor accidente posible (comunidad universitaria, vecinos del área, vecinos de la ciudad de Córdoba).
– Denunciamos el inaceptable e ilegal acuerdo suscrito entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió hasta el 20 de marzo de 2020 la actividad de Dioxitek, la fábrica de dióxido de uranio natural y uranio levemente enriquecido (ULE), cuando una norma vigente lo prohíbe. Es un pésimo ejemplo nacional que un Juez Federal habilite públicamente la violación de una norma.
– Exigimos la remediación in situ de las más de 57.000 toneladas de residuos uraníferos de baja actividad que se encuentran en el Complejo Operado por CNEA en barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, conocido popularmente como «el chichón», donde nunca se colocaron geomembranas ni dispositivos para contener la contaminación radiactiva. Debe asumirse además que ninguna remediación es completa ni neutraliza todos los impactos posibles.
– Exigimos que cese inmediatamente el acuerdo ilegal firmado entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió –pese a estar vigente una norma que lo prohíbe- las operaciones de la planta de Dioxitek SA, dedicada a la producción de uranio natural y uranio levemente enriquecido (ULE), y se la cierre en forma definitiva. Pedimos asimismo al Consejo de la Magistratura que investigue las posibles irregularidades e incluso posible comisión de delitos por parte del Juez Federal Hugo Vaca Narvaja.
– Rechazamos las negociaciones del gobierno de Argentina con el de China para el financiamiento y construcción en nuestro país de un reactor nuclear tipo Hualong One de uranio enriquecido. Denunciamos además que tales negociaciones y la firma de compromisos violan en forma flagrante la Ley General del Ambiente por cuanto se toman decisiones sin previo Estudio de Impacto Ambiental y sin Audiencia Pública. Rechazamos su instalación tanto en la zona de Atucha, en Lima (provincia de Buenos Aires), como en cualquier otro lugar de Argentina.
– Denunciamos la prima facie ilegalidad del reactor nuclear Carem-25 en construcción en la zona de Atucha, en Lima (provincia de Buenos Aires), pues solo existe un dudoso «estudio de Impacto Ambiental» incompleto e inconsulto, y nunca se produjo Audiencia Pública, ni se evaluó el riesgo de acumular reactores nucleares en un mismo espacio (el ocupado por Atucha I y Atucha II).
– Denunciamos que los vecinos de la zona donde se prevé la construcción del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10, en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), en la provincia de Buenos Aires nunca fueron informados de esta obra ni participaron de Audiencias Públicas. Se violó por lo tanto la Ley Nacional de Ambiente y otras normas aplicables. Tampoco se evaluó el riesgo de acumular actividades con materiales radiactivos en un mismo espacio, el CAE.
– Denunciamos que la construcción de la Nueva Planta de Uranio NPU en la provincia de Formosa (sustitutiva de la planta de Dioxitek que se halla funcionando ilegalmente en la ciudad de Córdoba), se encuentra en territorio indígena Qom, y viola la Convención 169 sobre Derechos Indígenas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Exigimos por lo tanto que se paralicen sus obras y se apliquen a rajatabla las normas y convenciones vigentes.
– Exigimos que la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael (Mendoza) sea remediada sin uso de lixiviación, y que una vez remediada «en seco» sea cerrada definitivamente. Condenamos que la Audiencia Pública convocada por el gobierno de Mendoza se hiciera en época de vacaciones, lo que obligó a la sociedad civil a hacer presentaciones judiciales para que dicha Audiencia se extendiera y realizara el 30 de Abril.
– Decimos no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Valcheta y en toda la provincia de Río Negro, al tiempo que denunciamos la impunidad con que trabajan numerosas empresas mineras en la provincia, entre ellas Blue Sky Uranium del Grosso Group Management. Repudiamos asimismo la actitud del gobierno que niega el accionar de la empresa beneficiada tras haberlee dado autorizaciones oficiales.
– Se prohíba por Ley en la provincia de Río Negro toda actividad de prospección, exploración y explotación de uranio.
– Rechazamos enfáticamente los acuerdos de prospección, exploración y explotación de uranio firmados entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Rusia, donde destaca –como caso emblemático- el de Ur America para prospección, exploración y explotación de uranio en la Meseta Central de Chubut (acuerdo rubricado por el Canciller Jorge Faurie en representación de Lino Barañao, Ministro de Ciencia; por Vasily Konstantinov de Uranium One Group, y por Omar Adra de UrAmérica Argentina SA).
– Denunciamos asimismo que Cerro Solo, uno de los yacimientos de uranio identificados en Argentina, es vecino al área de prospección de UrAmérica, que también controla el paleocanal de Los Adobes. Decimos no al acuerdo con Rusia, y no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Chubut.
– Se prohíba por Ley Provincial toda actividad de prospección exploración y explotación de uranio en Chubut.
– Hacemos recordar que si bien existen en la provincia de Chubut cuatro zonas uraníferas principales, Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central, también ha existido un fuerte antecedente gubernamental de rechazo a la explotación de uranio e incluso contra el reactor nuclear chino Hualong One que pretendía instalarse en Sierra Grande (provincia de Río Negro). Lamentablemente, en la actualidad la prospección ha avanzado sin reparos por parte del gobierno.
– Rechazamos enfáticamente los acuerdos para la prospección, exploración y explotación de uranio suscritos por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, donde destacamos –como ejemplo emblemático- el caso de Laguna Sirven y Sophia Energy, que controla concesiones.
– Decimos no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Santa Cruz y requerimos que por Ley Provincial se prohíba toda actividad de prospección, exploración y explotación de uranio.
– Exigimos que se remedie in situ la mina de uranio de Los Gigantes en la cuenca alta del río San Antonio, que se presente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental –que excluya uso de lixiviación- y se lo someta a Audiencia Pública.
– Solicitamos enfáticamente que todas las provincias del país adopten un Plan Ciudadano para Enfrentar Eventos y Accidentes Nucleares, siguiendo el modelo oportunamente propuesto y fundamentado por FUNAM, Fundación para la defensa del ambiente.
– Exigimos que tanto Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) como la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) abandonen la realización de simulacros para evento ante accidente nuclear menor, en un radio de 10 kilómetros alrededor de las centrales nucleares de potencia, y asuman que en el caso de peor evento o accidente posible (Nivel VII en la Escala del INES del Organismo Internacional de Energía Atómica) los efectos desastrosos pueden afectar un radio de entre 500 y 700 kilómetros.
– Denunciamos que los sistemas hospitalarios y su personal de salud en Argentina, en especial aquellos hospitales localizados dentro de las potenciales zonas de mayor impacto de las centrales nucleares potencia, no están preparados para tratar las víctimas que pudiera provocar el máximo evento o accidente posible, Nivel VII en la Escala INES del Organismo Internacional de Energía Atómica.
– Requerimos que el gobierno nacional, con veedores no gubernamentales, financie auditorias independientes a ser realizadas por centros internacionales altamente reconocidos –como CRII-RAD de Francia u otros, no gubernamentales- para evaluar el impacto radiológico y radiológico-ambiental provocados por la central nuclear de Embalse, la central nuclear Atucha I, la central nuclear Atucha II, la mina de uranio de Sierra Pintada en Mendoza, la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba y el depósito de residuos radiactivos de baja actividad que mantiene CNEA/Dioxitek SA en barrio Alta Córdoba.
– Exigimos que las Evaluaciones de Impacto Ambiental y sus respectivas herramientas, Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas en el caso del complejo nuclear de Lima, en la provincia de Buenos Aires, consideren el mayor riesgo derivado de la concentración en el mismo lugar de muchos reactores nucleares y depósitos de combustible nuclear agotado altamente radiactivo.
– Exigimos que se realicen estudios epidemiológicos de caso-control en todas las instalaciones nucleares relevantes de Argentina, con veedores independientes y no gubernamentales.
– Exigimos que se revisen con veedores externos nacionales e internacionales todos los sistemas de monitoreo radiológico que realizan NASA, CNEA y ARN, y que se ponga en marcha un sistema nuevo, completo y de alta calidad que mida todas las variables bióticas y no bióticas de las instalaciones nucleares relevantes, y que sus resultados estén disponibles por Internet en tiempo real y sin demoras.
– Exigimos que las autoridades nacionales establezcan un Programa de Seguimiento Sanitario de todas las personas, cualquiera haya sido su tarea y cargo, que hayan trabajado o estén trabajando en instalaciones nucleares relevantes. Dicho relevamiento debe incluir no solamente morbilidad y mortalidad debidamente establecidas, sino también medición cuali-cuantitativa de radioisótopos en muestras biológicas.
-Denunciamos que vecinas y vecinos de La Rioja son intimidados y/o amenazados con ser desalojados de sus hogares ubicados donde la CNEA hace 5 años pretende retomar un proyecto de minería de uranio que tuvo que suspender los trabajos de exploraciones a causa de la resistencia ejercida mediante marchas y corte de ruta y acampe por varios meses. Exigimos el cese de estas acciones.
-Exigimos la remediación y cierre definitivo de la mina Los Colorados en Patquía – La Rioja y la revocación de todo permiso concedido por la Secretaria de Minería a la CNEA u otra empresa privada para la prospección, explicación y explotación de uranio por la falta de licencia social de la actividad minera en esa Provincia.
-Exigimos la constitución de un fondo para el peor evento o accidente nuclear que supere y se ajuste a los costos reales, reemplazando lo dispuesto por la Ley Nacional 24804 que prevee 80 millones de dólares.

Además se denuncian todas las minas de uranio fuera de las mencionadas que siguen sin remediación, incluida la incorrectamente remediada mina de uranio de Malargüe en la provincia de Mendoza; así como varias fuentes de contaminación radiactiva en el Centro Atómico Ezeiza y en el Centro Atómico Constituyentes; Atucha I; Atucha II; reactores nucleares de investigación, etc.

 

Movimiento Antinuclear de la República Argentina

 

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Presentación del libro “Soberanía energética”

 

Presentación del libro “Soberanía energética”. Panel debate y documentales

Miercoles 8 de mayo – 18:30 hs. 

Sede del Sindicato Luz y Fuerza (25 de Mayo 4115) 

¿Por qué es importante discutir la energía hoy?; ¿De qué manera se cruzan los tarifazos y los cortes de luz con el fracking y las hidroeléctricas?; ¿Hay una crisis en el sistema energético?; ¿Por qué?. ¿Existe una propuesta genuina y propia desde los movimientos populares ante este modelo impuesto?; ¿Hay alternativas?

Estas preguntas funcionan como un puntapié inicial para el discurso polifónico que surge desde las distintas voces que se ponen en común, debaten y dialogan a lo largo del libro. La publicación reúne 10 artículos de investigadorxs, trabajadorxs y personas que son parte del debate energético en el país.

La actividad -a realizarse el miércoles 8 de mayo a las 18:30 en la Sede del Sindicato Luz y Fuerza (25 de Mayo 4115), contará con la presencia de tres de los autores: Felipe Gutiérrez (Observatorio Petrolero Sur), Silvana Bujan (ONG Bios y programa radial ECOS) y Gabriel Martínez (Fetera). Participará como moderador José Rigane (CTA Autónoma)

Durante el encuentro también se presentará la serie documental «E: transición y soberanía», serie web coproducida por el OPSur y VacaBonsai Colectivo Audiovisual, que recorre experiencias de generación alternativa de energía, que confrontan al actual sistema y trazan un camino de alternativas que pueden proyectarse como un nuevo modelo energético.

Uno de los principales objetivos del libro es hacer un análisis crítico profundo y fundamentado del sistema energético actual y poner en consideración alternativas que superen la actual crisis. Se divide en dos capítulos: el primero discute los nudos problemáticos del actual modelo energético y el segundo desarrolla propuestas y alternativas de superación de esta crisis.

SOBRE LXS PANELISTAS

Gabriel Martínez es Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera) afiliada a la CTA Autónoma.

Felipe Gutiérrez Ríos es miembro e investigador del Observatorio Petrolero Sur. Periodista por la Universidad de Chile y maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires.

Silvana Buján es directora de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista y la Coalición Ciudadana Antiincineración. Lic. en Ciencias de la Comunicación Social y periodista científico y ambiental.

Presenta: José Rigane Secretario adjunto de la CTA Autónoma y Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata

+ Info: Evento en facebook

Contactos:

Felipe Gutiérrez Ríos (Opsur): +5491139032495

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Libro «Energía Nuclear: Una historia de engaños, ocultamiento y abandono» – 2º Edición

 

La energía nuclear nace en el desarrollo mismo de las armas nucleares.
A lo largo de los años se ha constituido en la forma de generar energía más costosa, más insegura, y nada renovable. Sólo es posible avanzar en ella con ocultamiento y engaños.
Este libro evidencia que no se trata de hacer buena gestión de la tecnología nuclear para la obtención de energía eléctrica. No hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados posibles, garantizar la prevención de los accidentes como los ya ocurridos, ni gestionar con seguridad las plantas y los residuos radiactivos al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y en las que se proponen construir.
Este libro busca relatar brevemente la historia de este tipo de energía, exponer cuál es el verdadero costo del Kw.hora de origen nuclear, desnudar algunos de los pasivos ambientales nucleares en la Argentina y reflexionar desde la ética generacional.
El ecologismo pugna por instalar un discurso crítico que interpele el crecimiento capitalista y sus procesos insustentables que han llevado a la civilización a la crisis, y que a la vez, pueda dar cuenta desde la ética, de las prácticas de desarrollo que aseguren la permanencia de la especie en el planeta, y de todas las demás especies, pues la pérdida de una sola de ellas, nos empobrece como humanidad.
Se agradece y promueve la difusión y el reenvío.

Investigación y redacción: Lic. Silvana Buján
Corrección: Bca. Rocío Damiano.
Revisión final: Arq. Guillermo Bengoa, Ing. Claudio Lowy, Ing. Edgardo Musumeci.

PRODUCCION INTEGRAL: BIOS Argentina
IGJ 16106
www.bios.org.ar

Copy left. Descarga libre y gratuita de: aquí

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Agroquímicos: carta documento a Vidal desde Mar del Plata

 

Desde la ONG Bios se sumaron a las críticas de la resolución del ministerio de Agroindustria. Afirman que sugiere a los municipios “que reduzcan sus normas protectivas y expongan a riesgos sanitarios a la población”.
Luego de que numerosas organizaciones de la sociedad civil y universidades repudiaran una resolución del Ministerio de Agroindustria de la Provincia bajo la advertencia de que se trata de una decisión “regresiva que busca reabrir el debate en torno a las limitaciones a los agroquímicos” y “habilitar la modificación de normas municipales para hacerlas más permisivas”, desde la Asociación Civil para la Defensa del Ambiente Bios le enviaron una carta documento a la gobernadora María Eugenia Vidal y a algunos de sus funcionarios en la que hacen referencia a “su responsabilidad sobre el riesgo actual e inminente y atentado a la salud pública”.
Según informaron desde BIOS, concretamente enviaron una carta documento dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal; al ministro de Salud, Andrés Scarsi; y al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, en la que hacen foco en “su responsabilidad sobre el riesgo actual e inminente y atentado a la salud pública, especialmente para personas por nacer, niños y niñas, derivado de la aplicación de la Resolución 246 del Ministerio de Agroindustria publicada el 17 de diciembre 2018″.
“Esta resolución viola el principio de progresividad ambiental al sugerir a los municipios bonaerenses que han asumido algún grado de cuidado de la salud y el ambiente, que reduzcan sus normas protectivas y expongan a riesgos sanitarios a la población, así como desconoce la inocultable y pública evidencia sobre estas sustancias y sus impactos”, remarcaron desde la ONG.
En este sentido, BIOS se sumó a una catarata de declaraciones que condenan esta resolución y señalaron esperar “un gesto a la altura de la evidencia científica por parte del Ministerio de Agroindustria” y “señales positivas de la gestión educativa y política hacia la reconversión agroecológica, única y posible solución a estas discusiones”.
Desde BIOS destacaron que llevan 28 años ininterrumpido analizando el modelo agroindustrial. “Hemos demostrado a cabalidad sin márgenes de error técnico o científico alguno, que por más buenas prácticas que se planifiquen, por más etiquetado se se aplique o por más ocultamiento de los daños el uso de sustancias biocidas en la agricultura llega inevitablemente a los alimentos, la orina y la sangre de todos los habitantes”.
Días atrás, más de 50 entidades y organizaciones firmaron un documento que da cuenta que el Ministerio de Agroindustria dictó la resolución 246 que entró en vigencia este 1º de enero y advirtieron que la norma autoriza la fumigación “sin especificar ningún tipo de distancia mínima” a zonas residenciales y plantea que “el único límite es el horario escolar”: “Si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45, la resolución autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44″.
En este marco, las organizaciones hicieron referencia a distintas medidas que han tomado diversos municipios con el paso de los años “a fin de proteger el derecho a la salud y al medio ambiente” y citaron el caso de Mar del Plata donde actualmente está en vigencia a instancia de la Suprema Corte -aunque con muchos reclamos por su falta de cumplimiento- una medida cautelar que prohíbe la aplicación de agroquímicos a menos de mil metros de núcleos poblacionales.

 

Fuente: quedigital.com.ar

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