Biocidas en alimentos

Biocidas en alimentos

 

Ante la aparición en los medios masivos de comunicación de resultados alarmantes que venimos hallando y denunciando desde hace muchos años, en vegetales de consumo humano, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) emitió un comunicado en el cual afirma que los agroquímicos biocidas que contienen las frutas y las hortalizas que se comercializan en argentina no representan riesgos para los consumidores.
Ello es, por lo menos, temerario, en las dos acepciones del término:

– Imprudente, que se expone o expone a otras personas a riesgos innecesarios.
– Que se dice, hace o piensa sin fundamento: juicio temerario.

1 – El SENASA no controla todas las frutas y hortalizas que se venden en mercados y se consumen en Argentina.
2 – Los Límites máximos de residuos (LMR) en los que se basa la reglamentación del SENASA y de los escasos y excepcionales controles, es la concentración máxima de un residuo de agroquímico biocida, que se permite legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o comida para animales.
Esa concentración no evalúa la presencia de los diferentes tóxicos en diferentes alimentos, que son o pueden ser consumidos por una persona a lo largo del día. T
Tampoco evalúa las diferentes susceptibilidades por edad, otras enfermedades, sexo, embarazo, presencia de otros tóxicos en su ambiente.
3 –  Los LMR están vinculados a la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad regulada de un determinado pesticida que una persona puede consumir sin que le cause daños toxicológicos. Esa IDA es un valor cuya forma de determinación es desconocida en la mayoría de los casos, y que no evalúa múltiples enfermedades posibles.
4 – Por ello no hay manera de que el SENASA pueda demostrar que el consumo de bajas dosis de múltiples pesticidas a lo largo de la vida de una persona no desencadene en enfermedades como cáncer, problemas reproductivos, efectos neurotóxicos y disrupción endócrina alterando al sistema inmunológico, entre otros. Por lo que el SENASA en particular y el Estado en general debería aplicar, mínimamente, el principio precautorio establecido en nuestra legislación vigente.
5 –  La explícita intencionalidad del SENASA de “llevar tranquilidad a la población” comunicando que las frutas y hortalizas que se comercializan en la Argentina no representan un riesgo para la salud del consumidor, inducen a la población a no tomar precauciones como lavar los alimentos o pelarlos, y oculta que hay vegetales que contienen los químicos en su misma pulpa interior.

La temeridad del comunicado del SENASA se hace aún más explícita con la imagen del cultivo en invernadero de lechuga, ya que diversos informes muestran que es una de las hortalizas donde se detectaron la mayor cantidad de muestras con pesticidas.
Ref/ http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/el-senasa-controla-la-inocuidad-de-las-frutas-y-hortalizas
Recordamos las reflexiones que publicamos en este sentido, para el Día de la Tierra:
Cuál es el límite máximo permitido diario de pan?
Cuál es el límite máximo permitido diario de mate?
Ultimamente, y debido a la visibilidad que ha tomado el problema sanitario de los residuos de biocidas en los alimentos y en el ambiente, hemos recibido numerosas consultas. Como BIOS Argentina ONG estamos leyendo las inquietudes que debieran dirigirse a las autoridades de salud del país o de cada una de las provincias. Estas inquietudes van desde cómo conseguir alimentos libres de tóxicos, hasta los efectos en la salud que estas sustancias producen.
No es fácil escuchar a una madre preguntándonos qué significa que le haya aparecido glifosato en la orina, o dimetoato en la sangre de su hijo.
Conocer este tema, claramente puede generar que las personas nos paralicemos al enfrentar un problema tan grande que nos parece que se halla fuera de nuestro alcance poder modificar.  Y eso no es cierto.
Hay varios aspectos que solemos remarcar cuando nos consultan:

Los límites máximos permitidos en cada alimento, especialmente los vegetales.
Es éste un agujero negro. Nadie sabe quiénes han resuelto ese “número mágico” que dice que puedo consumir 0,05 mg/k de determinado tóxico en mi comida. ¿Por día? ¿por hora? ¿por semana? ¿si peso 50 kilos? ¿si peso cinco kilos y soy un bebé que come puré? ¿si soy un anciano? ¿si soy un adolescente en desarrollo hormonal? ¿si estoy inmunodeprimido?
Además, ese número mágico no contempla que nos alimentamos a diario de una variedad de alimentos, que portan varias, muchas, diversas sustancias, por lo cual no comemos UN SOLO límite admisible de una sola sustancia, sino muchas sustancias juntas, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Ese cóctel, nunca nadie lo ha estudiado.
Resulta virtualmente imposible responderle a esa madre o determinar qué nos va a pasar si comemos varias cantidades de diferentes sustancias, ya que las verduras no vienen con un cartel que indica qué tóxicos trae adentro, y por otro lado, cada uno, usted, yo, su pequeño hijo, tenemos diferentes masas corporales, somos lábiles o alérgicos o reactivos a diferentes sustancias, fumamos o no fumamos, tenemos alguna enfermedad o no, por lo cual, esos Límites Máximos Permitidos caen en un abstracto pavoroso que nos instala frente al abismo de la incertidumbre.

La dudosa ciencia
Estallan en todo el planeta las evidencias de que científicos mercenarios han sido pagados por quitar importancia a los efectos sobre la salud y los ecosistemas de cientos de sustancias tóxicas (tal como sucedió con el tabaco) y que las empresas fabricantes de estas sustancias han financiado campañas electorales en varios países. ¿Qué confianza depositar sobre las evaluaciones que las agencias sanitarias de esos países hacen sobre la toxicidad de las sustancias que fabrican sus amigos?. Además, nunerosos otros científicos, los que investigan por el afán de saber, están a gritos diciendo todo lo contrario de lo que dicen esos señores que preguntaron a quienes los contrataban hace años, ¿”qué número quieren que ponga en mi publicación”?

Las evidencias en nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros amigos.
En todo el mundo se visibilizan al fin las víctimas de los agrotóxicos en la forma de índices disparados de diabetes, cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, infertilidad, celiaquía. ¿Qué esperanza podemos poner en los mecanismos de control que vemos que no han controlado nada?.

Y el modelo insiste
Vemos que se promueve a las buenas prácticas agrícolas como la solución al problema. Resulta una canallada ocultar que éstas no toman en cuenta la contaminación crónica, el etiquetado fraudulento, la evaporación de los tóxicos luego de las aplicaciones, la cadena de externalidades contaminantes que van desde los envases hasta los accidentes fortuitos, la imposibilidad del control certero (alguien ha visto alguna vez un inspector analizando qué tiene realmente el tanque del aplicador que está saliendo a fumigar? Qué mezcla ha hecho y si acaso conincide en algo con lo que dicen los papeles? Además, ninguna institución sanitaria ha investigado nunca qué sucede en el cuerpo humano con las mezclas, los cócteles, los surfactantes, los coadyuvantes, que se aplican.

El hambre en el mundo
Llevamos más de medio siglo escuchando que esta agricultura tóxica resolverá el hambre en el mundo. Más allá de que un porcentaje gigantesco de esta agricultura industrial es para forraje y oleos, y no para comer, el hambre en el planeta cada día se extiende más.
También se desnuda que fueron los fabricantes de estas sustancias las que instalaron la idea de que sólo así podemos comer, a través de poderosas campañas de prensa a lo largo de las décadas, cooptando o comprando universidades, funcionarios e investigadores.  Miles de ejemplos de agricultura orgánica en el mundo entero y especialmente en Argentina y Europa muestran que nos han mentido.

Nuestra certeza
Nada de ésto estaríamos diciendo si la producción de alimentos fuese agroecológica, porque dejaríamos de tener que preocuparnos por todas estas cosas, y produciríamos alimentos sanos, manteniendo, a la vez, los ecosistemas en funcionamiento y nuestros cuerpos saludables.
Vemos el cuadro de situación con claridad meridiana, y nos preguntamos si la vida del ambiente y de todos nosotros puede seguir en riesgo por un grupo de comerciantes de veneno que mantiene de rehén a la Vida en todas sus manifestaciones.

Fuente: Renace

 

 

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Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados

Conflictos socioambientales en Córdoba Bien plantados

Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a “defender la vida” que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.

Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común “el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental”. Y ejemplifica: “A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto”. Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.

La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: “Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable”. Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
“Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar”, insiste Kopta.

La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. “Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales”, señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. “Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas”, planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como “la pelea contra el basural de Mestre” o “contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos”–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.

Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia

Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de “un grupo de fanáticos”. Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el “acampe” de Malvinas por “marginal, trosko y minoritario”, el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?

Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia

Gentrificación, “No en mi patio”, urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. “Not In My Back Yard” (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy  View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como “elitización” de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.

Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales

Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las “Madres de Ituzaingó” y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.

Fuente: La Voz del Interior
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El impacto de los agrotóxicos

El impacto de los agrotóxicos

 

Un informe de la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, responsabiliza a los agrotóxicos por la muerte de 200 mil personas al año y cuestiona la idea de que sin ellos no es posible alimentar.
“Hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”, afirmó el mayor organismo de Naciones Unidas (ONU) referido al derecho a la alimentación. En un duro informe, desmintió que los agrotóxicos sean necesarios para producir alimentos, los responsabilizó por la muerte de al menos 200 mil personas al año, denunció el lobby empresario y confirmó el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el ámbito especializado de la ONU para abordar la situación del acceso a los alimentos, nutrición, modelos productivos y necesidades, desde una perspectiva de derechos humanos y multidisciplinario. Al frente está la especialista turca Hilal Elver, que presentó su último documento ante el Consejo de DD.HH.de la ONU.
“La producción agrícola se ha incrementado. Ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente, y al mismo tiempo el aumento de la producción no ha logrado eliminar el hambre en el mundo. La dependencia de plaguicidas es una solución a corto plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras”, afirma el escrito de Naciones Unidas, y al mismo tiempo, desmiente que sean necesarios químicos y transgénicos para acabar con el hambre (como suelen publicitar las empresas): “Sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”.
El documento (“Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación”) contó con la redacción del Relator Especial de Sustancias y Desechos Peligrosos, precisa que al menos 200.000 personas mueren al año por intoxicación aguda y el 99 por ciento suceden en países en vías de desarrollo.
El trabajo confirma los efectos de los agrotóxicos en la salud, hecho negado sistemáticamente por las empresas y periodistas del agro. “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas. Estudios han constatado la presencia de diversos plaguicidas en el cordón umbilical, probando la existencia de una exposición prenatal”, afirma el trabajo y específica que la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, autismo y problemas respiratorios.
Otros efectos en la salud que confirma: cáncer, alzheimer, parkinson, trastornos hormonales, problemas de desarrollo, neurológicos y esterilidad.
Los especialistas de Naciones Unidas no tienen dudas de que los agroquímicos “implican un costo considerable para los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, afectando a los derechos humanos”. Y remarca: “Las investigaciones científicas confirman los efectos adversos de los plaguicidas”. Al mismo tiempo, apunta al rol de las grandes empresas productoras: “Existe una negación sistemática, alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas, de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia”.
Toma como referencia la situación del glifosato, utilizado en la producción de soja transgénica, maíz y algodón, entre otros. “Ha sido presentado como menos tóxico que los herbicidas tradicionales pero existe una considerable división de opiniones acerca de su efecto. Estudios han señalado efectos negativos en la diversidad biológica, la flora y fauna, y el contenido en nutrientes del suelo. En 2015, la OMS anunció que el glifosato era un probable cancerígeno”. Y recuerda que los estudios de toxicidad de las empresas “no analizan los múltiples efectos crónicos relacionados con la salud (solo abordan los efectos agudos, de corto plazo)”.
El Relator de Derecho a la Alimentación es uno de los pocos espacios de Naciones Unidas que no es dominado por el lobby de las empresas transgénicas. El informe precisa que tres empresas (Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina) dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas. “Las transnacionales ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”, advierte.

 

Fuente: Página/12
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Organizaciones ambientalistas protestan contra la nueva Ley de Bosques en Córdoba

Organizaciones ambientalistas protestan contra la nueva Ley de Bosques en Córdoba

 

Las agrupaciones reafirman la defensa del bosque nativo y cuestionan el proyecto de ley del oficialismo que, según afirman, fue elaborada y promovida “sin la participación ciudadana”
Más de ochenta organizaciones que integran la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba realizarán este miércoles una movilización en la capital local, para protestar contra el proyecto para el nuevo Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo provincial que promueve el gobernador Juan Schiaretti.
La marcha se realizará a las 18 desde la intersección de Colón y Cañada hasta la plaza San Martín, en el centro de la capital cordobesa, donde se realizará un cierre con festival artístico y musical, según indicó la agencia Télam.
Con la consigna “¡Sí a la vida. No a la ley de desmonte!”, las organizaciones nucleadas en la Coordinadora reafirman la “defensa del bosque nativo cordobés” y cuestionan el proyecto de ley del oficialismo que, según sostienen, fue elaborada y promovida “sin la participación ciudadana”, en contraposición con lo que establecen legislaciones nacionales como el caso de la ley General del
Ambiente 25.675 y la ley 26331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
El proyecto tenía agenda para tratamiento en la Legislatura para fines de diciembre del año pasado pero ante las protestas sociales y de sectores ambientalistas, el gobernador Schiaretti resolvió posponer la discusión en el recinto parlamentario.
Los ambientalistas sostienen que el nuevo marco legislativo, que se promueve por intermedio del bloque del oficialismo de Unión por Córdoba (UPC), implica ampliar las zona de deforestación para la explotación agraria, además de extender el rolado selectivo (aplastamiento y corte de vegetación).
Además, denuncian que que la nueva legislación que se pretende aprobar agrava el riesgo de inundaciones, el deterioro ambiental de las zonas rurales y urbanas, el avance de la soja por sobre los cultivos de los alimentos de primera necesidad y la escasez y deterioro en la calidad del agua, entre otros problemas.

Fuente: Info Campo
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Los plásticos sin bisfenol A también pueden causar problemas en la salud

Los plásticos sin bisfenol A también pueden causar problemas en la salud

 

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el bisfenol A (BPA) y mucha polémica se ha generado al respecto de si este compuesto utilizado en la fabricación de plásticos tiene o no consecuencias adversas para la salud. Tanto es así que el año pasado tras la publicación de un informe que apuntaba a la preocupación sobre los efectos del BPA en el sistema inmunológico de los fetos y los niños pequeños, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos formó un grupo de expertos internacionales para revisar y evaluar nuevas pruebas científicas sobre dichas repercusiones.
Diversas investigaciones a lo largo de los últimos años han encontrado que la exposición de del BPA tiene consecuencias negativas en la salud.
“Estudios en animales han demostrado que el bisfenol A (BPA) es un disruptor endocrino que puede tener efectos nocivos en la salud”, afirma a EL MUNDO Maribel Casas, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). En ISGlobal estudian los efectos potenciales que puede tener la exposición a BPA durante la época prenatal ya que es el periodo de mayor susceptibilidad a las exposiciones ambientales. Estos estudios se han desarrollado dentro del proyecto nacional INMA (Infancia y Medio Ambiente) que reclutó a 657 embarazadas de la ciudad de Sabadell entre 2004 y 2006. Los investigadores determinaron las concentraciones de BPA en muestras de orina de las madres durante el embarazo y vieron que la exposición prenatal a BPA podía aumentar el riesgo de padecer obesidad y asma en la edad infantil. “Los efectos en el neurodesarrollo también se han estudiado pero los resultados no son tan concluyentes”, especifica Casas.
Ahora un nuevo estudio experimental, realizado únicamente en ratones, ha querido ir más allá. La investigación publicada en la revista ‘Nature Communication’ -elaborada por investigadores de la Universidad de Pekín y de la Universidad de Shenzhen (ambas en China); y por la Universidad Farmacéutica de Gifu y la Universidad de Ciencias Médicas de Suzuka (ambas en Japón)- ha evaluado el fluorine-9-bisfenol (BHPF), un compuesto utilizado como sustituto del BPA. Este estudio realizado en animales demuestra que el BHPF puede tener actividad anti-estrogénica. “Este trabajo estudia si el compuesto BHPF, encargado de sustituir al BPA y presente en los envases llamados “libres de BPA” por ejemplo, es un compuesto inocuo o puede tener actividad estrogénica”, explica Casas.
Según apunta Ricardo J. Bosch, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, el estudio ha demostrado que las botellas de plástico libres de BFA analizadas liberaban BHPF y que este tenía actividad antiestrogénica.
“El efecto antiestrogénico ha sido demostrado tanto en células como en animales de experimentación. El útero de estos animales presentaba bajo peso, atrofia del endometrio y efectos adversos en el embarazo aún a dosis menores de las que se relacionaron con riesgo en el caso del BPA. Por otra parte, los autores encontraron también la presencia de BHPF en el plasma del 7% de individuos que bebían regularmente de botellas de plástico”.
Sin embargo y pese a estos resultados, los autores son cautos a la hora de presentar sus datos y concluyen que es necesario estudiar la actividad anti-estrogénica de los compuestos libres de BPA, así como realizar futuros estudios toxicológicos sobre los efectos del BHPF en humanos.
Para el profesor Bosch, esta investigación aporta datos muy importantes que enumera en cuatro puntos: “En primer lugar es que el significado de desarrollar plásticos libres de BPA, a pesar de su bajo costo de producción, está claramente relacionado a los numerosos efectos adversos hallados. En segundo lugar que el nuevo plástico estudiado, el BHPF, lamentablemente, también es un disruptor endocrino en este caso en sentido opuesto al del BPA; posee efecto antiestrogénico -es decir antagoniza el efecto de los estrógenos; precisamente por ello -y en tercer lugar- perturba el embarazo donde los estrógenos son especialmente importantes. Y por último, aunque el BPA no ha sido aún prohibido, la búsqueda de un plástico inerte y carente por tanto de efectos adversos parece que no hecho más que comenzar”.
Por todos estos motivos, Bosch señala a la población que “al igual que en nuestra cultura actual se intenta cuidar el medio ambiente y prevenir el cambio climático, así como promover el mantenimiento de la salud por medio del ejercicio físico reglado y una dieta saludable, sería cuanto menos deseable mantener nuestro organismo libre de químicos industriales como el BPA”. Del mismo modo, concluye este profesor que es relevante “la no conveniencia de reutilizar envases plásticos y muy especialmente no calentarlos ni poner líquidos caliente dado que esta bien demostrado que aumenta la liberación de bisfenoles del plástico”.

 

 

Fuente: El Mundo (España)

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La industria petrolera está secando el lago Musters en Chubut

La industria petrolera está secando el lago Musters en Chubut

El lago Musters está a orillas de colonia sarmiento (Chubut) y en los últimos tiempos su caudal bajó en forma crítica. Un yacimiento petrolero toma agua del lago por medio de un acueducto. Los vecinos de la localidad se movilizaron a favor del agua.
La industria petrolera y la actividad ganadera serían las causas de la crítica disminución del nivel del agua del lago Musters, que abastece de agua potable a Comodoro Rivadavia, Colonia Sarmiento, Rada Tilly y Caleta Olivia. Vecinos de Colonia Sarmiento se manifestaron para pedir que las autoridades protejan este espejo de agua que es fundamental para el desarrollo de la vida.
Alrededor de medio millar de vecinos de Colonia Sarmiento, poblado que tiene toda su actividad alrededor del lago cada vez más seco hicieron un abrazo al muelle. No quieren que ocurra lo mismo que pasó con el vecino Lago Colhué Huapí, que se halla en vías de desaparición, tanto este último como el Musters no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades chubutenses.
Desde el año pasado la comunidad de Sarmiento se halla movilizada, Erica Margarita Llanos, licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia, quien trabaja para el INTA aseguró que desde hace años se nota una importante degradación de tierras y crecimiento de la erosión en Sarmiento. “Desde la década del 2000 venimos comparando imágenes satelitales, analizando la erosión eólica e hídrica. El trabajo nos permitió ver cómo ha ido disminuyendo el cuerpo de agua en el lago. Empezamos a ver que el descenso no estaba asociado a las precipitaciones, entonces pensamos ¿qué otro factor está generando la disminución? Los médanos en el lago Colhué Huapi van avanzando tres o cuatro kilómetros por año, eso significa que esa masa de arena en movimiento tapa casas, rutas y lo que está en su camino, porque el lago se seca, quedan los elementos finos expuestos y se comienzan a volar con el viento”, explica Llanos.
“La gente tiene pena y tristeza por ver al lago así como está“, comentó al diario El Patagónico Guillermo Gettig,uno de los vecinos que convocaron al abrazo. La sequía del Musters afecta el ánimo de la población, que ve como el lago va bajando su caudal del agua, abriendo el paso a los médanos, que ganan lugar y avanzan sobre la población, tapando casas y caminos.
Los vecinos apuntan a la industria petrolera, cuyos pozos cercanos usan agua del lago, también a las grandes estancias que succionan agua del lecho que siempre fue el lugar donde sarmientenses realizaron actividades deportivas y de esparcimiento. En un territorio donde el desierto todo lo domina, el lago Musters fue un oasis en medio de la arena y la estepa.
“Había gente que llevaba en su auto a algún vecino que andaba a pata. A uno lo pone contento esas cosas porque somos un pueblo solidario más allá de algunas situaciones”, relató Gettig. De la marcha participaron todos los colores políticos, incluso el Intendente actual y el anterior. Los jefes comunales tienen algo en común, en ambas gestiones no consiguieron hacer nada para ayudar a retener el agua del lago. Es urgente que la industria petrolera deje de sacar agua del Musters.
La sequía del Musters ya ocasiona consecuencias: en todas las ciudades en donde suminstra agua, deben producirse cortes en el servicio para equilibrar que el poco volumen de agua alcance para los miles de habitantes que dependen de este lago que sufre el descontrol de la industria extractivista, en una provincia en donde la mega minería está prohibida pero en donde el petroleo domina la economía. Uno de los yacimientos cercanos al Musters toma agua del lago por medio de un acueducto.

Fuente: Revista El Federal
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Más de 10 mil personas marcharon por el agua en El Bolsón – Río Negro

Más de 10 mil personas marcharon por el agua en El Bolsón - Río Negro

 

Al grito de “El agua no se vende, el agua es de todos”, marcharon el sábado por la tarde cerca de 10.000 personas en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, en protesta por la habilitación municipal de un loteo de 850 hectáreas en la zona de Pampa de Ludden, una región protegida como reserva natural, que se asentaría sobre una reserva de agua de la que depende la vida productiva de la región.
A caballo, en tractores y a pie, los habitantes de la comarca andina y vecinos de pueblos cercanos recorrieron las calles al ritmo de cánticos, panderetas, batucadas y bailes. “Es la movilización más importante en la historia de la ciudad”, decían por los parlantes los locutores de la radio local que transmitían en directo desde el lugar.
Gente llegada desde distintos rincones de la provincia, chicos con carteles, gauchos a caballo y miembros de los pueblos aborígenes con sus vestimentas tradicionales se mostraron unidos por una misma consigna: “No al loteo”. Con las banderas argentina y mapuche.
Desde 2011 los vecinos reclaman por la ilegalidad del proyecto que incumpliría varias normas ambientales y de procedimiento en la adjudicación.

Fuente: EcoPortal

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No al glifosato

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El fiscal federal Fabián Canda solicitó el dictado de una medida cautelar para suspender el uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que conllevan semillas transgénicas y los formulados comerciales del agrotóxico glifosato.
El Fiscal Federal Fabián Canda pidió que se dicte una medida cautelar para que se prohíba el uso del Glifosato para fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5 kilómetros para las fumigaciones terrestres, en relación a los centros poblados, escuelas, pueblos, casas rurales, ríos, lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.
Canda expresó que corresponde aplicar el principio precautorio y considerar las conclusiones de “estudios científicos, informes técnicos realizados en el plano local e internacionales, incluso informes producidos por órganos de control con jerarquía constitucional tales como la Auditoria General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación”.
En ese sentido, el Fiscal resaltó que “esos informes y antecedentes dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato”  e ignorarlos “es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene enfáticamente que el principio de precaución produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer su efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten”.
“El administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios”, ahondó el fiscal.
El pedido fue presentado el 1 de diciembre y deberá resolver la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires. Las novedades se conocerán durante el primer cuatrimestre de 2017.

Fuente: Diario Judicial

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Para prevenir contaminación alientan producir alimentos agroecológicos

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La provincia y el municipio hicieron la presentación de un plan que fomenta una horticultura libre de contaminantes
Con el objetivo de cuidar el medio ambiente y potenciar el desarrollo de producciones alternativas, el municipio de Firmat promoverá la práctica de agricultura ecológica en un sector periurbano en el marco de un programa de la provincia.
En términos de urbanismo los especialistas definen como periurbano a los espacios que se sitúan en los alrededores de una ciudad y que, aunque no se emplean para el desarrollo urbano, tampoco se usan para actividades rurales.
En el caso de Firmat, la ciudad creó su junta periurbana en 2014 con el fin de determinar límites del área periurbana, teniendo en cuenta el límite cero y el agronómico; concientizar y capacitar en cuanto a la correcta aplicación de fitosanitarios en cumplimiento de las normas vigentes; fomentar desde su seno modelos alternativos de producción y desarrollo tecnológico aplicables al área periurbana de la ciudad y reducir la utilización de fitosanitarios en la zona periurbana, protegiendo la salud de la población, el medio ambiente y propendiendo al desarrollo productivo sustentable.
“Desde la Secretaría de Producción del gobierno local venimos trabajamos intensamente en la promoción de producciones sustentables de alimentos en el periurbano de la ciudad”, destacó el intendente firmatense Leonel Maximino durante la presentación del plan cumplida en el hotel Posta de Juárez de esa ciudad y que encabezó junto al secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social del gobierno santafesino, Mauro Casella.
El mandatario especificó que el objetivo trazado es “fomentar y jerarquizar la horticultura libre de contaminantes”, para luego rescatar que con esta acción también se busca “mejorar la calidad de vida de los productores en el marco de una estrategia de fortalecimiento del sector”.
La provincia ya destinó al gobierno firmatense un aporte de 350 mil pesos para la puesta en marcha del programa y para la entrega de insumos a productores.
Asimismo, el mandatario local anunció en este contexto la instrumentación del proyecto denominado Día Verde, que tiene como finalidad la creación de un espacio para que pequeños productores y propietarios de huertas familiares comercialicen el excedente de su producción en los distintos barrios de la localidad, además de proveer a comercios gastronómicos locales.

Segunda de la provincia
“Firmat es la segunda ciudad de la provincia, luego de Rosario, en sumarse al programa”, precisó Casella, al tiempo que indicó que la meta fijada es “sumar 50 localidades que estén trabajando con mecanismos similares”.
“Queremos —aclaró el funcionario provincial— que esto sea una oportunidad de producir de un modo diferente”, apuntando a la promoción de políticas para la “producción sustentable de alimentos”.
A su turno, el diputado provincial y vecino de Firmat, el demoprogresista Gabriel Real, valoró y felicitó al municipio por ser “señero en este tipo de proyectos que seguramente, en unos años, será una política común en todas las ciudades a partir de una firme decisión del gobierno provincial”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Centro Económico local, Miguel Garrofé, manifestó su satisfacción por el hecho de que la institución haya suscripto con el municipio y la provincia un convenio de colaboración para formar parte de “este camino que comienza a trazarse dentro la amplia gama que implica la producción periurbana”, dijo.
De la ceremonia también participaron la secretaria de Producción, Silvina Arcangioli; funcionarios municipales, concejales y productores de la ciudad que se sumaron a la iniciativa además del encargado del Control de Aplicaciones de los Productos Fitosanitarios de la Municipalidad de Firmat, Joaquín Serrano, quien hizo referencia a las experiencias de producción de este tipo que ya se vienen desarrollando en la ciudad.
Para finalizar la actividad Maximino y Casella hicieron entrega de materiales para los productores del periurbano en transición a lo agroecológico.

Aportes económicos
Por otra parte, el gobierno provincial entregó aportes económicos para dos emprendimientos agroindustriales de Firmat en un acto realizado en la sede Rosario de la Gobernación. durante un acto que estuvo presidido por el ministro de la Producción, Luis Contigiani.
Los fondos, que fueron desembolsados después de las gestiones encaradas por el municipio casildense, contribuirán al agregado de valor y a la seguridad alimentaria en el marco del Programa de Agroindustria Familiar del gobierno de Santa Fe.

Fuente: Diario La Capital

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Por darle energía a Capital Federal se secaron los ríos de Neuquén

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“Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses” comenta uno de los legisladores neuquinos que propusieron la declaratoria de Emergencia Hídrica en la región. El caso desnuda una completa falta de estrategia energética nacional.
Para abastecer las estufas y los splits que calefaccionaron a los habitantes de Capital Fedetal y el Conurbano se tuvieron que exprimir los recursos hídricos de la provincia de Neuquén para generar energía, esto sumado al cambio climático dio como resultado que la provincia viva una de las peores sequías de su historia. El gobernador Omar Gutierrez declaró la emergencia hídrica, ambiental y agropecuaria en toda la provincia.
El Decreto 1689/16 que establece la emergencia expresa en unos de sus párrafos que la sequía “afecta no sólo a la población por la falta de agua para su consumo, sino también para el riego y el uso animal” El susecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho inentó justificar la situación culpando al clima “es una problemática que se viene dando hace años por cuestiones naturales y no por ausencia de obras”. La Emergencia será por un año y habilita a trabajar con la Nación y a pedir fondos y exenciones impositivas.
La bajante de los ríos Limay y Neuquén es muy preocupante, los legisladores Francisco Baggio y Fernando Schpoliansky fueron los impulsores de la declaratoria de Emergencia que confirmó la semana pasada el gobernador Gutierrez. Estos legisladores además quieren crear un comité para monitorear los cauces de los ríos para realizar exámenes bactereológicos, también buscan remediar el daño que se le ha hecho a estas corrientes de agua que hoy sufren las consecuencias de un desmanejo producto de la generación excesiva de energía en las represas hidroeléctricas.
En declaraciones al Diario Río Negro, Baggio explicó que “los vecinos de Neuquén vamos a tener una gran consecuencia negativa”. Durante la emergencia no se autorizará a construir nuevos edificios que constituyen nuevas bocas de suministro de agua que no se puede garantizar.
“Estamos en una situación alarmante. Las obras de drenaje deben realizarse con celeridad, hay que garantizarle a los vecinos el acceso a una fuente vital como el agua. De no hacerlo no sólo no habrá agua en los ríos para bañarse, no tendremos agua para riego y tampoco agua segura para tomar. No es fácil adivinar que en los barrios más alejados directamente no saldrá agua de las canillas”, dijo Baggio.
Los legisladores entienden que hay una culpable en esto: la empresa reguladora del mercado energético: Cammesa.
“El manejo discrecional de la cuenca que ha realizado la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), privilegiando la generación de energía eléctrica por sobre el recurso neuquino del agua, provocó la sequía de los embalses y ahora no tenemos agua, Cammesa priorizó la generación de energía hidroeléctrica para abastecer a Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, sin tener en cuenta el cauce del río y la situación de sequía de la región, y esto provocó la baja en los embalses”.
Para estos legisladores, sino se toman medidas urgentes la situación será catastrófica para los vecinos de Neuquén. El caso desnuda una completa falta de planificación energética en un país en donde las prestadores están más enfocados en pedir aumento de tarifas que en desarrollar métodos sustentables para obtener energía.

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Fuente: Revista El Federal

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