Posicionamiento del 2° encuentro MARA 27 de abril 2019

– Denunciamos la ilegalidad original del proceso de extensión de la vida útil de la central Nuclear de Embalse, para lo cual se montó –en pleno reacondicionamiento- una Evaluación de Impacto Ambiental apresurada e incompleta y una Audiencia Pública montada para supuestamente blanquear la ilegalidad. Denunciamos además que la central ampliada y con mayor potencia es aún más peligrosa que su predecesora, y que también aumentará la peligrosidad del parque de silos donde se guarda el combustible agotado altamente radiactivo.
– Denunciamos asimismo que el responsable de la central nuclear de Embalse, NASA, hizo que se alcanzara la plena potencia del reactor cuando existen pérdidas que afectan sus circuitos y, eventualmente, la seguridad de la central.
– Afirmamos que el reactor nuclear de investigación RA-0 localizado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba no puede seguir funcionando en ese sitio, en plena ciudad y rodeado de asentamientos humanos de alta densidad. Que se trate de un reactor de investigación no implica que tenga menos riesgos.
– Requerimos que hasta tanto se cierre y remedie el sitio, y siga funcionando en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, se prepare a la comunidad para enfrentar su peor accidente posible (comunidad universitaria, vecinos del área, vecinos de la ciudad de Córdoba).
– Denunciamos el inaceptable e ilegal acuerdo suscrito entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió hasta el 20 de marzo de 2020 la actividad de Dioxitek, la fábrica de dióxido de uranio natural y uranio levemente enriquecido (ULE), cuando una norma vigente lo prohíbe. Es un pésimo ejemplo nacional que un Juez Federal habilite públicamente la violación de una norma.
– Exigimos la remediación in situ de las más de 57.000 toneladas de residuos uraníferos de baja actividad que se encuentran en el Complejo Operado por CNEA en barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, conocido popularmente como «el chichón», donde nunca se colocaron geomembranas ni dispositivos para contener la contaminación radiactiva. Debe asumirse además que ninguna remediación es completa ni neutraliza todos los impactos posibles.
– Exigimos que cese inmediatamente el acuerdo ilegal firmado entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió –pese a estar vigente una norma que lo prohíbe- las operaciones de la planta de Dioxitek SA, dedicada a la producción de uranio natural y uranio levemente enriquecido (ULE), y se la cierre en forma definitiva. Pedimos asimismo al Consejo de la Magistratura que investigue las posibles irregularidades e incluso posible comisión de delitos por parte del Juez Federal Hugo Vaca Narvaja.
– Rechazamos las negociaciones del gobierno de Argentina con el de China para el financiamiento y construcción en nuestro país de un reactor nuclear tipo Hualong One de uranio enriquecido. Denunciamos además que tales negociaciones y la firma de compromisos violan en forma flagrante la Ley General del Ambiente por cuanto se toman decisiones sin previo Estudio de Impacto Ambiental y sin Audiencia Pública. Rechazamos su instalación tanto en la zona de Atucha, en Lima (provincia de Buenos Aires), como en cualquier otro lugar de Argentina.
– Denunciamos la prima facie ilegalidad del reactor nuclear Carem-25 en construcción en la zona de Atucha, en Lima (provincia de Buenos Aires), pues solo existe un dudoso «estudio de Impacto Ambiental» incompleto e inconsulto, y nunca se produjo Audiencia Pública, ni se evaluó el riesgo de acumular reactores nucleares en un mismo espacio (el ocupado por Atucha I y Atucha II).
– Denunciamos que los vecinos de la zona donde se prevé la construcción del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10, en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), en la provincia de Buenos Aires nunca fueron informados de esta obra ni participaron de Audiencias Públicas. Se violó por lo tanto la Ley Nacional de Ambiente y otras normas aplicables. Tampoco se evaluó el riesgo de acumular actividades con materiales radiactivos en un mismo espacio, el CAE.
– Denunciamos que la construcción de la Nueva Planta de Uranio NPU en la provincia de Formosa (sustitutiva de la planta de Dioxitek que se halla funcionando ilegalmente en la ciudad de Córdoba), se encuentra en territorio indígena Qom, y viola la Convención 169 sobre Derechos Indígenas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Exigimos por lo tanto que se paralicen sus obras y se apliquen a rajatabla las normas y convenciones vigentes.
– Exigimos que la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael (Mendoza) sea remediada sin uso de lixiviación, y que una vez remediada «en seco» sea cerrada definitivamente. Condenamos que la Audiencia Pública convocada por el gobierno de Mendoza se hiciera en época de vacaciones, lo que obligó a la sociedad civil a hacer presentaciones judiciales para que dicha Audiencia se extendiera y realizara el 30 de Abril.
– Decimos no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Valcheta y en toda la provincia de Río Negro, al tiempo que denunciamos la impunidad con que trabajan numerosas empresas mineras en la provincia, entre ellas Blue Sky Uranium del Grosso Group Management. Repudiamos asimismo la actitud del gobierno que niega el accionar de la empresa beneficiada tras haberlee dado autorizaciones oficiales.
– Se prohíba por Ley en la provincia de Río Negro toda actividad de prospección, exploración y explotación de uranio.
– Rechazamos enfáticamente los acuerdos de prospección, exploración y explotación de uranio firmados entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Rusia, donde destaca –como caso emblemático- el de Ur America para prospección, exploración y explotación de uranio en la Meseta Central de Chubut (acuerdo rubricado por el Canciller Jorge Faurie en representación de Lino Barañao, Ministro de Ciencia; por Vasily Konstantinov de Uranium One Group, y por Omar Adra de UrAmérica Argentina SA).
– Denunciamos asimismo que Cerro Solo, uno de los yacimientos de uranio identificados en Argentina, es vecino al área de prospección de UrAmérica, que también controla el paleocanal de Los Adobes. Decimos no al acuerdo con Rusia, y no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Chubut.
– Se prohíba por Ley Provincial toda actividad de prospección exploración y explotación de uranio en Chubut.
– Hacemos recordar que si bien existen en la provincia de Chubut cuatro zonas uraníferas principales, Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central, también ha existido un fuerte antecedente gubernamental de rechazo a la explotación de uranio e incluso contra el reactor nuclear chino Hualong One que pretendía instalarse en Sierra Grande (provincia de Río Negro). Lamentablemente, en la actualidad la prospección ha avanzado sin reparos por parte del gobierno.
– Rechazamos enfáticamente los acuerdos para la prospección, exploración y explotación de uranio suscritos por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, donde destacamos –como ejemplo emblemático- el caso de Laguna Sirven y Sophia Energy, que controla concesiones.
– Decimos no a la prospección, exploración y explotación de uranio en Santa Cruz y requerimos que por Ley Provincial se prohíba toda actividad de prospección, exploración y explotación de uranio.
– Exigimos que se remedie in situ la mina de uranio de Los Gigantes en la cuenca alta del río San Antonio, que se presente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental –que excluya uso de lixiviación- y se lo someta a Audiencia Pública.
– Solicitamos enfáticamente que todas las provincias del país adopten un Plan Ciudadano para Enfrentar Eventos y Accidentes Nucleares, siguiendo el modelo oportunamente propuesto y fundamentado por FUNAM, Fundación para la defensa del ambiente.
– Exigimos que tanto Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) como la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) abandonen la realización de simulacros para evento ante accidente nuclear menor, en un radio de 10 kilómetros alrededor de las centrales nucleares de potencia, y asuman que en el caso de peor evento o accidente posible (Nivel VII en la Escala del INES del Organismo Internacional de Energía Atómica) los efectos desastrosos pueden afectar un radio de entre 500 y 700 kilómetros.
– Denunciamos que los sistemas hospitalarios y su personal de salud en Argentina, en especial aquellos hospitales localizados dentro de las potenciales zonas de mayor impacto de las centrales nucleares potencia, no están preparados para tratar las víctimas que pudiera provocar el máximo evento o accidente posible, Nivel VII en la Escala INES del Organismo Internacional de Energía Atómica.
– Requerimos que el gobierno nacional, con veedores no gubernamentales, financie auditorias independientes a ser realizadas por centros internacionales altamente reconocidos –como CRII-RAD de Francia u otros, no gubernamentales- para evaluar el impacto radiológico y radiológico-ambiental provocados por la central nuclear de Embalse, la central nuclear Atucha I, la central nuclear Atucha II, la mina de uranio de Sierra Pintada en Mendoza, la mina de uranio de Los Gigantes en Córdoba y el depósito de residuos radiactivos de baja actividad que mantiene CNEA/Dioxitek SA en barrio Alta Córdoba.
– Exigimos que las Evaluaciones de Impacto Ambiental y sus respectivas herramientas, Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas en el caso del complejo nuclear de Lima, en la provincia de Buenos Aires, consideren el mayor riesgo derivado de la concentración en el mismo lugar de muchos reactores nucleares y depósitos de combustible nuclear agotado altamente radiactivo.
– Exigimos que se realicen estudios epidemiológicos de caso-control en todas las instalaciones nucleares relevantes de Argentina, con veedores independientes y no gubernamentales.
– Exigimos que se revisen con veedores externos nacionales e internacionales todos los sistemas de monitoreo radiológico que realizan NASA, CNEA y ARN, y que se ponga en marcha un sistema nuevo, completo y de alta calidad que mida todas las variables bióticas y no bióticas de las instalaciones nucleares relevantes, y que sus resultados estén disponibles por Internet en tiempo real y sin demoras.
– Exigimos que las autoridades nacionales establezcan un Programa de Seguimiento Sanitario de todas las personas, cualquiera haya sido su tarea y cargo, que hayan trabajado o estén trabajando en instalaciones nucleares relevantes. Dicho relevamiento debe incluir no solamente morbilidad y mortalidad debidamente establecidas, sino también medición cuali-cuantitativa de radioisótopos en muestras biológicas.
-Denunciamos que vecinas y vecinos de La Rioja son intimidados y/o amenazados con ser desalojados de sus hogares ubicados donde la CNEA hace 5 años pretende retomar un proyecto de minería de uranio que tuvo que suspender los trabajos de exploraciones a causa de la resistencia ejercida mediante marchas y corte de ruta y acampe por varios meses. Exigimos el cese de estas acciones.
-Exigimos la remediación y cierre definitivo de la mina Los Colorados en Patquía – La Rioja y la revocación de todo permiso concedido por la Secretaria de Minería a la CNEA u otra empresa privada para la prospección, explicación y explotación de uranio por la falta de licencia social de la actividad minera en esa Provincia.
-Exigimos la constitución de un fondo para el peor evento o accidente nuclear que supere y se ajuste a los costos reales, reemplazando lo dispuesto por la Ley Nacional 24804 que prevee 80 millones de dólares.

Además se denuncian todas las minas de uranio fuera de las mencionadas que siguen sin remediación, incluida la incorrectamente remediada mina de uranio de Malargüe en la provincia de Mendoza; así como varias fuentes de contaminación radiactiva en el Centro Atómico Ezeiza y en el Centro Atómico Constituyentes; Atucha I; Atucha II; reactores nucleares de investigación, etc.

 

Movimiento Antinuclear de la República Argentina