De las 26 mil fumigaciones anuales que se realizan en Tandil, Fiscalización Vegetal de Buenos Aires informó que —en promedio— se presentaron solo 850 recetas agronómicas. Ninguna de las órdenes autoriza aspersiones en los campos linderos con las 15 escuelas rurales contempladas en la investigación de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires (Unicen) que, en 2020, confirmó la presencia de 16 agroquímicos en suelo y agua de los terrenos cercanos a los establecimientos escolares.
Según la normativa vigente en Tandil, la condición para poder realizar pulverizaciones o fumigaciones en los campos se centra en la presentación de las correspondientes recetas agronómicas, en las que debe intervenir un ingeniero agrónomo, con participación del Municipio. El presidente de la Sociedad Rural de esa localidad, Matías Meli, defendió en su momento el modelo basado en “cuatro patas que son cuatro responsabilidades: está el productor, el aplicador, el Ingeniero Agrónomo y la Municipalidad”.
De las 26 mil a 30 mil aplicaciones anuales de “fitosanitarios” que las organizaciones de productores declararon que se aplican en el partido, la Dirección de Fiscalización Vegetal de Buenos Aires develó, a partir de un pedido de acceso a la información pública que realizaron vecinos de Tandil, que desde 2016 hasta el 30 de marzo de 2022 solamente se confeccionaron 5313 recetas. El dato implica un promedio de 850 recetas agronómicas por año.
Por otro lado, la información propiciada por Fiscalización Vegetal bonaerense indicó que tampoco hay registros de recetas agronómicas que hayan sido debidamente presentadas para los predios productivos que rodean las 15 escuelas rurales investigadas por la Unicen.

 

Fumigaciones en Tandil: una ordenanza sin licencia social
En junio del 2020 se dio a conocer el trabajo de investigación que realizaron docentes, estudiantes y graduados de la Unicen, en el cual develaron la presencia de restos de 16 agroquímicos en el agua y suelo de 15 escuelas rurales del partido de Tandil. En el mismo documento advirtieron sobre los daños para la salud que implica la existencia de estos plaguicidas. Entre los agrotóxicos hallados, se encuentran: metsulfurón metil, atrazina, diclosulam, imazetapir, metolaclor, mazaquin.
En la época en que se presentó el informe, preocupaba la ordenanza -vigente desde 2011- que permitía la utilización de herbicidas en espacios verdes públicos y privados, con distancias muy escasas en los predios productivos. El malestar de la comunidad educativa tenía asidero en las pulverizaciones porque, señalaron, “han ido en aumento” y se realizaban en las inmediaciones de las escuelas.
El estudio de la Universidad fue el puntapié para la presentación de una iniciativa legislativa a nivel municipal, impulsado por profesionales de Unicen, la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y el respaldo de 46.000 firmas de vecinos y vecinas. El proyecto de ordenanza buscaba prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos y fijar una distancia mínima (para las aspersiones terrestres) de 2000 metros de lugares habitados y cursos de agua. También proponía que en las zonas de resguardo ambiental se practique la agroecología.
El propósito del proyecto fue promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en el ámbito de esos 15 establecimientos educativos, como alternativas sostenibles de producción de alimentos, es decir amigables con el ambiente y beneficiosas para la salud.
En octubre de 2020, ante la denuncias en campos linderos con escuelas y poblados rurales, el juez Francisco Blanc —del Juzgado Provincial en lo Civil y Comercial 2 de Azul— dictó una medida cautelar que restringe las fumigaciones aéreas a 2000 metros y las terrestres a 500 metros de casas, escuelas, poblados, pozos y cursos de agua.
La resolución causó malestar en el sector agropecuario, que manifestó que muchas hectáreas quedarían improductivas. Asimismo, resaltaron que en Tandil se realizan “más de 30 mil aplicaciones por año” y lamentaron que porque “cuatro hayan estado mal hechas”, se libre una cautelar.
Tras la demanda social, la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante de Tandil trabajó en la confección de un nuevo proyecto de ordenanza de aplicaciones de agroquímicos. En diciembre pasado, a puertas cerradas y sin dar lugar al pedido de Audiencia Pública, ese documento fue aprobado. Pese al estudio de la Universidad, al reclamo de la población y a la medida cautelar, el Concejo Deliberante de Tandil votó una ordenanza que reduce la protección establecida por el fallo de Blanc: permite el uso de agrotóxicos a solo 60 metros de las viviendas y a 150 de las escuelas.
Aunque los ediles plantearon su concepto de “proyecto superador”, la sociedad y organizaciones sociales discreparon con y avanzaron en la búsqueda de información que demuestre que las aplicaciones no se realizan responsablemente, ni son controladas. La respuesta del organismo provincial fue que en seis años y tres meses solamente se confeccionaron 5313 recetas para Tandil, a la vez que no se conocen denuncias ni sanciones a los productores, a los aplicadores ni a los vendedores de los formulados de los agroquímicos, ni por parte del Municipio, ni por parte de la Dirección de Fiscalización Vegetal de Buenos Aires.

Fuente: Agencia Tierra Viva